Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Carolina Garza Guerra.

La buena educación desde hace siglos ha sido la base primordial del desarrollo de las naciones y eso lo ha entendido a la perfección nuestro Estado, dando siempre una importancia capital a dicho rubro.

El Congreso del Estado de Nuevo León encargado de elaborar las leyes o llevar a cabo modificaciones a éstas para adecuarlas a las necesidades actuales que la población tiene ve con suma preocupación los resultados arrojados por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 realizado por el INEGI y que fue publicado en abril de este año, pues pone en evidencia que en el Estado existen más de 7 mil personas que cobran sueldos de maestros pero que en ninguna escuela los conocen, o se encuentran comisionados en labores del sindicato, o son nombres de personas ya jubiladas o fallecidas y que aún se encuentran en la nómina.

Pero el mayor escándalo es que tal cantidad de personas representa un gasto equivalente a casi 850 millones de pesos al año, según lo informa la organización Mexicanos Primero.

Esto no es un problema de este año, ya en el último trimestre de 2011 nuestro Estado era el 3° en toda la República con más maestros comisionados, esto es, que cobraban por actividades ajenas a la enseñanza. En ese año registrábamos a 964 y desde entonces poco se ha hecho al respecto para solucionar ese problema o mínimo para explicar porque está sucediendo.

La Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, Juana Aurora Cavazos Cavazos había mencionado en octubre de 2013 que no existían los llamados maestros aviadores, al decir que "No había localizado a nadie". O ella miente o lo hace el INEGI.

 Se podrá decir que los maestros comisionados si trabajan, pero eso no explica la cantidad de docentes que nadie conoce ni quienes aún fallecidos o jubilados cobran como profesores. Tampoco muestra si los que se encuentran comisionados realizan actividades de la Secretaría de Educación o del Sindicato y si en verdad se tiene un control de ellos.

Esto no es nuevo, ya en abril del presente año mi compañero diputado Francisco Treviño Cabello había presentado un punto de acuerdo en el que se le exhortaba al Gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz para que instruyera  a la Secretaria de Educación para que compadezca ante el H. Congreso del Estado para explicar el caso de los más de 7 mil aviadores en la Educación. En el mismo Punto de Acuerdo solicitaba una explicación al Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Rodolfo Gómez Acosta  para que presentara un informe pormenorizado de los profesores que no laboran en el centro de trabajo al que están adscritos que contengan cuando menos información del nombre completo de la persona, lugar donde debería laborar, lugar al que fue asignado, sueldo mensual, medio de pago y jefe superior inmediato. Del mismo modo se pidió a la Contraloría del Estado de Nuevo León que iniciara una exhaustiva investigación para fincar las responsabilidades administrativas correspondientes a los servidores públicos responsables a la contratación de dichas plazas.

Es necesario e imperante que la Secretaría de Educación explique cómo fue que ocurrió este problema e indagar desde cuanto tiempo atrás se venía arrastrando con ello.

Es nuestro deber seguir firmes en este punto, pues los casi 850 millones de pesos que se pierden al año por aviadores no es para menos y muestran un gran desorden y una completa ineficiencia en nuestro sistema educativo estatal. Este desfalco, porque no hay otra manera en que se le pueda llamar, no es responsabilidad de los más de 7 mil aviadores, sino de los funcionarios de Finanzas y de Educación del Estado.

Ya lo decía el Gobernador en mayo, "Si Nuevo León es un estado líder, es en gran medida por los maestros". Y creo que la mejor manera de agradecerles es que sólo se les pague a quienes verdaderamente cumplen como maestros. El pagarle a otra persona que ni va a la escuela la misma cantidad de quién si lo hace, es una completa falta de respeto para los verdaderos maestros que han puesto su mejor empeño en la enseñanza de los más jóvenes y por el progreso del Estado.

Volvemos a exigir y seguiremos exigiendo una explicación verídica y sobre todo una solución a este gran problema, pues los casi 850 millones de pesos que perdemos al año no son un juego, no se puede responder con simples boletines de prensa.

¿Quién realmente se queda con esos 850 millones de pesos? ¿Por cuánto tiempo el Estado ha padecido de una fuga de dinero sin que hubiera salido a la luz? ¿Cuántos y quiénes están involucrados en este caso de corrupción?

El Sistema Educativo, para quienes se les haya olvidado, debe estar diseñado para beneficiar a los niños y jóvenes, no para enriquecer a personas corruptas que se han servido del compadrazgo para crear bastiones de opacidad donde pueden saquear a su gusto.

En ese mismo tenor, solicitamos que se investigue en específico si en las Regiones 1 y 4 de la Secretaría de Educación que le corresponden al maestro Eduardo Alvarado Sifuentes en Monterrey y al maestro Sergio Ricardo Cepeda Martínez en San Pedro Garza García respectivamente no es donde se concentran estos 7 mil aviadores, que volvemos a insistir, cuestan casi 850 millones de pesos al año.

 

Ahora bien, según datos del Banco Mundial en el 2010 sólo el 96% de los maestros en México habían recibido la capacitación formal mínima exigida para ejercer la docencia en el nivel primario. 

Y la pregunta que surge es ¿Cuántos de los más de 7 mil maestros que no dan clase pero que si cobran tienen los conocimientos mínimos para ser docentes? Si la corrupción ya es demasiada, ahora tomaría proporciones mayores.

Desde hace ya un par de décadas se estableció el grado de licenciatura como mínimo de escolaridad para ejercer la docencia en secundaria. En Nuevo León, según los últimos datos obtenidos sólo el 71.5% de los maestros para secundaria general cuentan con este grado de escolaridad.

¿Cuántos de esos más 7 mil aviadores no estarán en el 28.5% de los docentes que no cuentan con licenciatura para ejercer como maestros en secundaria?

Si la problemática ya de por si es mayúscula al evidenciarse más de 7 mil paracaidistas, se vuelve mucho más compleja al existir maestros que no cuentan realmente con la educación mínima requerida, pues el resultado sería una pésima preparación académica de las nuevas generaciones que no podrán enfrentar ni salir adelante ante los nuevos retos globales, consiguiendo con ello un atraso paulatino y constante del desarrollo del Estado.

Debemos recordar que Nuevo León ha sido cuna de varias de las más grandes empresas mexicanas, es símbolo nacional de desarrollo e innovación. No podemos permitir que perdamos tan prestigiosos honores por culpa de unos cuantos corruptos que ven en la educación sólo un medio para generar dinero, a expensas de ofrecer una verdadera enseñanza a nuestras generaciones más jóvenes. Desde siempre Nuevo León ha dependido de la educación para su desarrollo, muestra de ello es que contamos con varias de las mejores universidades del norte de la República, como son el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey, mismas que dependen en gran medida por la formación que hayan tenido sus alumnos durante su paso por la primaria y la secundaria.

Por lo anteriormente expuesto y en aras de refrendar nuestro compromiso con la Educación del Estado es que presentamos un Punto de Acuerdo en donde se exhorta a la Secretaria de Educación Estatal, Juana Aurora Cavazos Cavazos a que comparezca ante el Congreso del Estado de Nuevo León por los más de siete mil paracaidistas que existen en las escuelas, así como por los trabajadores que sin contar con la educación necesaria laboran como docentes.