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Mayor transparencia en programas sociales

18 de Julio 2014

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Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Fernando Elizondo Ortiz

 

Para alcanzar plenamente los propósitos de mayor desarrollo social, se requiere combatir la inequidad que existe en la sociedad.

La inequidad se expresa entre las personas por la diferencia de oportunidades y de ingreso, los desequilibrios que presenta la economía rural respecto a las actividades industriales y de servicios.

 Asimismo, la pobreza extrema constituye uno de los retos que reclama soluciones con urgencia, pues impide el ejercicio de las libertades y anula la igualdad de oportunidades.

Por estas razones, la política de desarrollo social debe asumir un carácter integral.

En Nuevo León contamos con una Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León desde Octubre de 2006, en donde se advierte dentro de sus objetivos el poder generar las condiciones para que las personas y la sociedad, en su conjunto, puedan satisfacer sus necesidades humanas y sociales para fortalecer el pleno goce de sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y culturales.

La Política de Desarrollo Social debe encaminarse a concentrar y orientar los recursos físicos, humanos y financieros de las instituciones públicas y sociales para evitar la transmisión generacional de las condiciones de pobreza entre las personas, grupos sociales y comunidades mediante líneas de acción y programas particularmente orientados a desarrollar y aprovechar sus capacidades.

Buscar ampliar el acceso a un patrimonio físico, a la atención y seguridad de las instituciones del Estado, al acceso a redes sociales y comunitarias, y particularmente a la creación de mayores oportunidades de empleo y financiamiento para actividades productivas.

No obstante es de las actitudes más ruines el pretender lucrar con la pobreza de la gente.

 En virtud de ello es menester revisar la actual legislación para garantizar a la ciudadanía y sobre todo a las clases más necesitadas, la justa e incondicionada distribución de los apoyos económicos por parte de los órganos de Gobierno.

La actual legislación ya establece las formas de participación de los distintos entes de Gobierno, sin embargo, encentramos un vacío respecto de la participación del Congreso en dicha actividad, siendo por esencia el orden de gobierno con mayor contacto con las necesidades de los ciudadanos y encontrándose facultado constitucionalmente para gestionar la solución de las mismas.

En ese sentido consideramos indispensable modificar la integración del actual Consejo de Desarrollo Social en dos aspectos: primero, establecerlo en ley ya que actualmente se encuentra establecido en reglamento; y segundo, incluir a un diputado nombrado por el pleno como representante del Congreso, en dicho consejo.

Adicionalmente, el artículo 24 de la ley en comento establece la obligación de transparentar la actuación de la Secretaría.

Sin embargo, estimamos oportuno incrementar dicha transparencia mediante las herramientas diariamente crecientes de la Internet.

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