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CONDONACIÓN DE PREDIAL Y REFRENDO

21 de Julio 2017

Por: Arturo Salinas Garza.

El brindar una seguridad pública efectiva es uno de los elementos fundamentales para que una población viva en armonía, bienestar y tranquilidad. La calidad en su impartición es un indicador de un sólido estado de derecho.

Desafortunadamente, hoy en día se vive una gran crisis de inseguridad, no solo en Nuevo León, si no en la mayoría de la República Mexicana donde mes tras mes los índices delictivos se encuentran a la alza, prueba de esto es el estudio anual realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) respecto a la incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016, en donde lamentablemente, lo que se pudo constatar es que sin lugar a dudas las condiciones de seguridad se han deteriorado significativamente desde 2015. Esto se logra apreciar a partir del análisis de la información estadística oficial generada en 2016 de las carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas que han sido publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) .

A pesar de que las autoridades Federales, Estatales y Municipales realizan un esfuerzo día a día en el fortalecimiento de la seguridad pública, y de que este Poder Legislativo creo el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Municipal, cuyo objetivo es apoyar en el gasto en seguridad a los municipios, el panorama es cada vez peor en el tema de seguridad en nuestra entidad.

Según datos revelados por la Procuraduría de Justicia, el primer trimestre del 2017 es el peor desde el 2013 en el delito de robo.

Es innegable que el Estado enfrenta una crisis de violencia si se analizan los datos oficiales pues entre 2015, 2016 y lo que va del 2017, aumentaron diversos delitos entre los cuales destaca el robo total con violencia y el robo de vehículo -delito que por años vio una disminución sostenida.

Aunado a esto tenemos que la percepción ciudadana es altamente negativa, respecto a la confianza que se tiene a nuestra Autoridades Judiciales encargadas de la investigación y persecución de delitos en el Estado, es por ello que el porcentaje de denuncias que se presentan por delito consumado es mínimo, resultando que la principal por no señalar que la única razón por la cual los ciudadanos presentan las denuncias ante la autoridad es simplemente para efectos de cumplir con los tramites antes las aseguradoras.

Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de asegurar las casas habitación o los vehículos contra robos, esto lo podemos sumar a que no es por falta de interés del ciudadano por asegurar sus bienes, sino que los costos son altos, los cuales no se pueden solventar debido a la gran carga de contribuciones que hoy en día tienen los ciudadanos ejemplo de ello lo son el predial, pago de impuesto por uso vehículos (refrendo, placas, licencia de manejo, etc.)

Si bien es cierto, los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, dentro de las obligaciones podemos señalar lo establecido por el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a contribuir al gasto público.

Por otro lado, podemos citar el párrafo nueve del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde señala "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución."

Además, en el artículo 115 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las funciones y servicios públicos que los Municipios deben brindar, de los cuales, uno de los más importantes es la Seguridad Pública.

El artículo 2 de la Ley General Nacional de Seguridad Pública mandata lo siguiente:

''La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.''

Ahora bien, es el caso, si los ciudadanos cumplen cabalmente con las obligaciones que se tienen hacia el Estado, y la Autoridades no cumplen con una de las obligaciones básicas que consiste en otorgar la seguridad pública; es obligación del Estado resarcir los daños ocasionados, es por lo que se propone que las autoridades municipales y estatales condonen impuestos como el predial y aquellos que se derivan del uso de vehículos a los contribuyentes que se encuentren al corriente de sus pagos en estos conceptos, los cuales hayan sido víctimas de robo a casa habitación, robo total o parcial de vehículos, que presenten la denuncia correspondiente en tiempo y forma ante el Ministerio Público correspondiente.