Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Itzel Castillo Almanza.

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones: no aceptan que están siendo maltratados o bien tienen temor a las represalias pues quien lo ejerce es con frecuencia el único familiar con el que cuentan; creen que es temporal; no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel; desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su condición física o cognitiva no le permiten realizar una denuncia.

El maltrato tiene un gran impacto en las personas adultas mayores, a nivel físico altera el control de sus enfermedades crónicas; en ocasiones provoca daños irreversibles en más de un órgano, lo que lo lleva al ingreso frecuente al sistema hospitalario, o a una demanda constante de atención médica, o a el incremento en la ingesta de medicamento y/o procesos de convalecencia prolongados.

Los daños psicológicos favorecen la aparición de síntomas depresivos, aislamiento, sentimientos de impotencia, baja autoestima, culpa, vergüenza, temor, ansiedad, negación, mayor pérdida de autonomía y estrés, lo cual puede aumentar el riesgo de muerte.

A nivel social la familia se fractura, las instituciones pierden credibilidad y se generan gastos secundarios por la atención.

Según el Censo de Población y Vivienda del Inegi 2010, en México suman 10.1 millones de adultos mayores, de las cuales 53.4 por ciento son mujeres y 46.6 por ciento son varones.

La dependencia económica de las personas adultas mayores, se observa en más de la mitad de esa población. A seis de cada diez personas adultas mayores las sostiene un familiar u otra persona. Sólo 2.7 personas de cada diez reciben pensión por su trabajo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 arrojó los siguientes datos:

La población de mujeres adultas mayores que viven sin pareja es mayor que la de los hombres. El 75.6 por ciento de las mujeres adultas mayores depende económicamente de algún familiar u otra persona.

Seis de cada cien hombres y mujeres adultas mayores, tienen una limitación para moverse, caminar o lo hacen con ayuda de alguien.

En nuestro país, 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos, 37.3 por ciento la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 por ciento los laborales.

La violencia psicológica, comunitaria y sobre todo doméstica que se ejerce contra los adultos mayores, se incrementa día a día, y pareciera un fenómeno generalizado imposible de detener.

No hace muchos años los adultos mayores en México se consideraban como las personas más conocedoras, y por ende se les tenía un profundo respeto. Se acudía a ellos para consultarles sobre sus famosos "remedios caseros" y buenos consejos.

Si bien es cierto, en México se ha presentado un adelanto en políticas públicas y legislación en torno al tema, consideramos que dichas políticas públicas y la legislación creada, no han sido suficientes para su correcto cuidado, ya que, son medidas preventivas, y no erradican el problema ni tampoco sancionan a los que maltratan a los adultos mayores.

Este sector de la población tiene derecho a la integridad, dignidad y preferencia, a acceder a una vida plena, con calidad, libre de violencia y sin discriminación. Además debe gozar de respeto a su integridad física y psico-emocional y sexual y ser protegido contra cualquier forma de explotación.

Es por ello que promovemos un proyecto de reforma por adición del Título Décimo Quinto Bis I con sus respectivos artículos al Código Penal del Estado de Nuevo León.

La reforma propuesta busca sancionar penalmente a quienes dañen física, psicológica, mediante abuso sexual, patrimonial, financiera o estructuralmente a las personas adultas mayores, e incluso se considera más grave dicha sanción si el activo del delito es familiar del pasivo.