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Autor: Grupo Legislativo PMC
La Bancada del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, sabe que el servicio público es una profesión en la cual se deben de tomar a diario decisiones importantes para la gente, aunque muchas de ellas sean difíciles e incluso incómodas o impopulares.
Hoy, durante la sesión de trabajo de la Comisión de Presupuesto, y posteriormente en el Pleno, se adoptaron varias medidas que serán gravemente recibidas por nuestra sociedad, puesto que el panorama financiero en Nuevo León ha sido difícil los últimos meses.
En atención a medios, el Coordinador de la Bancada Naranja, Diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que es necesario llamar las cosas por su nombre, dado que el Estado de Nuevo León se encuentra en crisis por o que brindó el siguiente mensaje a las ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León:
Empecemos, pues, por llamar las cosas por su nombre: El Estado de Nuevo León se encuentra en crisis. Una crisis que se deriva de muchos factores que históricamente nos han dejado previas administraciones y generaciones y que hoy nosotros debemos asumir su costo. Hoy estamos pagando esas consecuencias, mientras que, al mismo tiempo, estamos haciendo lo posible por no repetir los mismos errores de mala administración que en muchas ocasiones caracterizaron a nuestros predecesores. Uno de los grandes retos que tenemos como legislatura es el de velar porque los programas que apuesten en el desarrollo de la sociedad, su salud y bienestar, sean la prioridad de nuestro gobierno, pero esto ante un panorama económico precario y escueto.
Los malos manejos de las distintas dependencias hacen que su ejercicio de gasto sea cuestionado hoy más que nunca por la ciudadanía, pero ésta al mismo tiempo no deja de exigirnos la cobertura de sectores y servicios claves para su bienestar.
De cada peso que Nuevo León le aporta a la federación, ésta nos regresa tan solo 22 centavos. Hoy, ante la falta de apoyo de parte de la federación para tener suficiencia presupuestal, aunado a la falta de buena administración financiera de nuestras instituciones, hace que seamos los neoleoneses quienes debamos de pagar ese costo y sacar la casta por nuestro Estado.
Los aumentos en los derechos aprobados el día de hoy son el reflejo de esa falta de reciprocidad que hoy sufre Nuevo León por parte del Gobierno Federal y la precaria situación financiera en la que se encuentra nuestro estado. Sin embargo, lo que hoy se aprueba refleja también la prioridad de este Congreso en cuanto al destino de los recursos que ingresarán a las arcas de nuestra Tesorería, cosa que se puede apreciar en el artículo séptimo transitorio de la ley de egresos del estado de Nuevo León para el 2019, empezando por la asignación de recursos a programas sociales, seguridad y procuración de justicia, salud, educación, desarrollo económico y humano, protección a la mujer y un muy necesitado programa para el mejoramiento en la calidad del aire.
Lamentablemente nunca hay presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de todos y la labor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado es estirarlo lo más posible, para que lo más que se pueda quede cubierto. Nuestra labor como Congreso es hacerle ver a la Tesorería que las prioridades ciudadanas reflejan otra realidad y una resignación presupuestaria es necesaria para cubrirlas.
Ahora bien, como ciudadanos a todos nos corresponde ser corresponsables en la solución de los problemas que padece nuestro estado, especialmente aquellos de los que somos partícipes día con día. Se entiende que la gente no es culpable del modelo urbano que las autoridades y las fuerzas económicas impusieron durante años, equívocamente y en exceso, pero tenemos que reconocer que las actividades que generen los costos, como urbanos y ambientales, se tienen que compensar. Estamos igualmente preocupados por estos aumentos que hoy se dan y habremos de incentivar una forma de vida con menores costos en desplazamientos en el futuro cercano, enfocándonos en la cercanía y en autos y demás medios de transporte que no contaminen al utilizar energías limpias.
Sin embargo, debemos reconocer de frente que tres cuartas partes del costo social de mayor impacto se genera en las vías públicas, las cuales, por la participación excesiva que tienen los vehículos, se han convertido de hecho en el problema de salud pública más grave debido a las enfermedades respiratorias ocasionadas por la contaminació‑n del aire, así como los accidentes y muertes relacionadas con el tránsito vial.
Según el Observatorio de la Calidad del Aire de Monterrey, el 40 por ciento de la contaminación viene de los automóviles, lo cual hace imposible que un legislador pueda evitar el cobro de derechos al auto y sus derivados si al mismo tiempo pretendemos mejorar nuestro medio ambiente y movilidad urbana. Poniendo todos los elementos en la balanza, tuvimos que tomar la difícil pero muy clara decisión de priorizar la salud y la vida de la gente, además de la sostenibilidad a largo plazo de un desarrollo humano y metropolitano.
Procuraremos analizar incentivos por el uso racional del auto para que esos casos tengan apoyos próximamente ya que no es lo mismo compartir el auto que usarlo individualmente, así como analizar incentivos por no usar el automóvil en horas de mayor demanda.
Solicitamos al Gobierno del Estado se aprovecharan estos recursos adicionales en proteger a los usuarios del transporte público contra un alza de tarifas, puesto que ahí es donde realmente se afectaría a la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos que no cuentan con un vehículo privado y que son el principal sostén de nuestras economías, pero nuevamente encontramos la negativa ante esta propuesta. Lo que sí logramos fue etiquetar gran parte de estos recursos para que se dieran verificaciones de emisiones contaminantes de manera gratuita a la ciudadanía en pro del mejoramiento a la calidad del aire, además de incrementar el apoyo a hospitales para que más gente pueda acceder a servicios de salud.
Como Grupo Legislativo apoyamos las reasignaciones presupuestales impulsadas por las demás bancadas, mismas que se incluyeron en el paquete fiscal 2019 y que etiquetamos de manera detallada en el transitorio séptimo antes referido. Adicionalmente, de manera particular, la Bancada Ciudadana directamente gestionó la reasignación presupuestal para aumentar (y en algunos casos incluir, puesto que no se contemplaban en lo absoluto) partidas en apoyo a los siguientes rubros:
Todas estas áreas son necesidades que la gente directamente nos ha encomendado desde campaña y durante nuestras funciones como legisladores hasta la fecha y es en este momento en el que podemos etiquetar presupuesto directamente para su atención. La amarga decisión de concederle al ejecutivo estatal el alza en los derechos que propuso en el paquete fiscal 2019 es una respuesta directa a la falta de apoyo por parte del gobierno federal, pero también va emparejada con la asignación directa de recursos para la cobertura de necesidades urgentes que la ciudadanía nos reclama. El paquete fiscal que se aprueba el día de hoy ahora va también con una exigencia al gobierno del estado en una buena administración del recurso aprobado y de una rendición de cuentas con transparencia y respeto a las demandas ciudadanas. El Congreso, y en particular la Bancada Ciudadana, vigilaremos en todo momento su cumplimiento.
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