Grupo Legislativo
Partido Movimiento Ciudadano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado, POR UNANIMIDAD de sus miembros, inconstitucional la terminología excluyente en nuestro código civil, combatiendo con ello la discriminación y la violación de derechos humanos en los códigos y leyes de Nuevo León. Esto va mucho más allá de una mera figura jurídica. Resulta un preámbulo para la aplicación y observancia de los derechos humanos en nuestro Estado, pues nos manda respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación de las personas, así como los principios de igualdad y no discriminación.

Al día de hoy, continúan existiendo leyes que son excluyentes para diversos grupos sociales, tales como los migrantes, población indígena, personas con discapacidad, personas en situación de calle. Y qué decir de aquellas leyes prehistóricas que discriminan y son excluyentes entre hombres y mujeres como lo son las relativas a la seguridad social, mismas que no permiten que una trabajadora del Estado pueda incorporar a su esposo a la cobertura del seguro médico o para ser beneficiario de pensiones e indemnizaciones; o aquellas que hacen distinción entre padres y madres, otorgando a unos más tiempo de permiso para estar con los hijos recién nacidos (o recién adoptados) cuando la maternidad y paternidad debieran tener el mismo valor jurídico.

Si las mujeres tienen derecho preferente sobre los bienes que produzca su pareja;

sobre sus sueldos y por las cantidades para la alimentación de ella y sus hijos menores, el hombre también debe tener derecho preferente por lo que produzca su esposa. Si los esposos reciben derecho de seguro médico en su trabajo, también las mujeres deben tener derecho de seguro médico para sus esposos. En ese sentido, se debe legislar libre de estereotipos, de tal manera que se reflejen las mismas circunstancias para todos.

La Ley existe para hacer justicia y precisamente tenemos leyes para exigir la erradicación y combatir toda forma de discriminación. No podemos, pues, tener leyes que discriminen, que marginen o que asignen roles a la gente basándose en estereotipos sociales.

Este evento nos recuerda la lucha perenne que existe para lograr la igualdad y la no discriminación en México; lucha que incluso llega a los máximos tribunales quienes deben enmendar el incumplimiento a los derechos humanos en la creación y aprobación de leyes. Esta resolución es un ejemplo de los lejos que se encuentra

nuestro Estado del marco normativo internacional en materia de derechos humanos... pero también es una luz en el camino hacia una mejor práctica humanista del derecho y de la óptima convivencia social.

Las luchas para lograr la materialización jurídica de los principios de igualdad y no discriminación en los derechos no son nuevas. Históricamente diversos grupos han emprendido batallas por ganar el reconocimiento de derechos civiles y políticos, puesto que la ley emanada de las mayorías en muchas ocasiones deja a los más vulnerables sin una voz y representación. Estas luchas pueden resultar incómodas puesto que demandan cambios sociales; sin embargo, la ley no debe volverse una herramienta de opresión hacia los grupos más vulnerables, sino debe ser la herramienta que nos permita a todos vivir en condiciones de equidad, inclusión y tolerancia.

Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, y refrendamos nuestro compromiso para actuar de acuerdo a nuestras obligaciones y principios para hacer de éste un mundo de leyes para todos por igual.

Luis Donaldo Colosio Riojas, Diputado Coordinador de la Bancada Movimiento Ciudadano