Peritaje del Casino Royale

El peritaje del Casino Royale se retardo premeditadamente mas de 100 días, tiempo necesario para darle una salida política a la parte para legal culposa de esa deplorable tragedia que enluto al Estado y a la nación, poderosos intereses se impusieron a la aplicación del orden jurídico, dejando en claro que en Nuevo León existe una ruptura del estado de derecho y una perversión y degradación institucional sin precedentes, que debemos combatir para detener el caos y las condiciones sociales de  impunidad y corrupción en las que para infortunio de los ciudadanos nos encontramos inmersos.

De conformidad con los puntos medulares de ese dictamen dados a conocer públicamente por el Estado y la Federación, se trata de un documento falaz y contradictorio desprovisto ampliamente de los elementos técnico-científicos que debe contener una prueba de esa naturaleza, para auxiliar con eficiencia e imparcialidad a los órganos responsables de impartir justicia.

 Es decir esa atribución de la procuraduría de justicia del Estado injustificadamente diferida por acuerdos políticos con el gobierno federal para encubrir y evadir negligencias y responsabilidades penales de los funcionarios públicos de los distintos ordenes de gobierno, en lugar de generar un ambiente de confianza y sensación de justicia para los deudos de las victimas y la ciudadanía ha despertado un clima de indignación colectiva justificada, que no podía ser de otra manera, porque nadie acepta el cinismo y mendacidad del poder publico, que para favorecer o proteger a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno responsables en el otorgamiento de permisos y autorizaciones legales y al mismo propietario del casino cuando modifican dolosamente la realidad original del suceso, abriendo ocho puertas de emergencia que nunca vieron o encontraron las personas que perdieron la vida en ese doloroso evento. Tampoco los organismos de auxilio que participaron en el rescate de las personas atrapadas como el heroico cuerpo de bomberos de Monterrey y los propios asistentes al casino que lograron salir ilesos.

Esa falsa y cuestionada experticia dada a conocer por las procuradurías no ha dejado satisfecho a nadie, por el contrario ha provocado una inconformidad social generalizada de cuya situación se desprende que los poderes públicos involucrados continúan anclados en las viejas practicas de la falta de ética, honestidad, imparcialidad y transparencia en el ejercicio de la función publica sin el menor pudor y respeto a las garantías sociales fundamentales de los ciudadanos y ha sus derechos y valores humanos universales, dejando entrever que efectivamente vivimos en un estado de barbarie donde la aplicación de la ley es letra muerta, así lo han comprobado ahora los ciudadanos y los deudos de las victimas del Casino Royale porque de la noche a la mañana se abrieron ocho puertas para exonerar a los responsables penalmente culposos de la tragedia, con la insana fatalidad de abonar desde el poder publico el reprobable escenario de criminalidad, impunidad y violencia con el que para desgracia nuestra nos hemos visto obligados a coexistir, tenemos la plena seguridad que los ciudadanos han entendido el mensaje político que engendra esa infame experticia.                

Monterrey, Nuevo León, a 07 de diciembre del 2011. 

Dip. María de los Ángeles Herrera García.

Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.