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ALCALDESA DE MONTERREY DEBE DESTITUIR A DIRECTOR JURÍDICO

10 de Junio 2014

JUAN-MANUEL-CAVAZOS-BALDERAS-glpri

Autor: Grupo Legislativo PRI

Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez

Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Nuevo León

 

Presente.-

 

En uso de las atribuciones conferidas en los diversos 102, 103, 104 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo:

 

Vemos con pena que cada vez que se habla de la ciudad de Monterrey, no se hable de desarrollo turístico o económico y de logros obtenidos por esta administración, sino que sea un foco a nivel nacional de corrupción, de malos manejos y ahora, una vez más, de procesos judiciales mal llevados que dejan entrever posibles acuerdos en los oscurito de cantidades millonarias pagadas con el dinero de la ciudadanía.

 

Estas situaciones ponen en evidencia la enorme irresponsabilidad que se tiene al llevar los procesos jurídicos al pie de la letra, al dejarse ganar y estar obligados a pagar a un particular 35 millones de pesos aproximadamente, situación que ha sido recurrente, pues en el pasado mes de enero se obligó la indemnización al mismo particular por 62.1 millones de pesos que suman en total de los dos procesos casi los 100 millones de pesos en lo que va del año, siendo un total despilfarro y una irresponsabilidad de proteger los recursos públicos, que bien pueden ser ejercidos en obras y servicios públicos que permitan el desarrollo de la ciudad de Monterrey.

 

Hay que reiterar, que nos llama la atención no sólo el hecho que se condene al municipio a pagar esta cantidad estratosférica, sino por la coincidencia con las que ha sucedido esta recurrente situación, siendo al mismo particular, mismo abogado el que perdió los litigios, y el mismo juez quien otorga el recurso.

 

Ante esto, una de las atribuciones que tiene este Congreso consiste en proteger y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos que maneja la Hacienda Pública Municipal, para que este sea a favor siempre de la ciudadanía, solucionando sus necesidades y demandas más apremiantes.

 

Por eso, debemos dejar en claro que los cargos de la administración pública se ejercen bajo los principios rectores de honestidad, trasparencia y sobre todo ética. En este caso, observamos la falta de moral que se asoma y esto parece oler a corrupción desde el Palacio de Cristal, no podemos permitir que se utilicen argucias legales para el beneficio propio y no de la ciudadanía que es quien elige a sus representantes populares.

 

El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, ha denunciado en diversas ocasiones, incluso formalmente ante la procuraduría de Justicia, estos actos dolosos, que suponen la posible comisión de hechos delictivos, que sin duda están afectando gravemente los bolsillos de los ciudadanos, que son quienes merecen servicios públicos de primer nivel y no este castigo que otra vez se les esta recetando por "pifias" de la autoridad.

 

Esto no es exclusivo del municipio de Monterrey. Hay que señalar otro antecedente similar que sucedió en el Municipio panista de Santa Catarina, encabezado por el Alcalde Víctor Pérez, que tuvo que desembolsar del erario público 25 millones de pesos para evitar su destitución al cargo, por la falta de responsabilidad de su antecesor Gabriel Navarro, el cual omitió cumplir una resolución dictada por la Suprema Corte de la Nación a favor de un particular por la invasión de cerca de 24 mil metros cuadrados de un terreno ubicado en la colonia Hacienda los Portales, en el cual se construyó una Unidad Deportiva.

 

Podríamos decir que estos derroches de recursos públicos son herencia de los malos gobiernos panistas que han violentado la ley y que han gobernado estos Municipios. 

 

Estos no son hechos aislados, ya que han existido un sinfín de irregularidades que se han cometido por parte de estas administraciones tales como:

 

·        LA COMPRA DE PATRULLAS CON PRECIOS ELEVADOS.

 

·        EL GASTO DESMEDIDO EN IMAGEN PÚBLICA SÓLO PARA LA ALCALDESA.

 

·        LA FALTA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA QUE NUESTROS JÓVENES PUEDAN TENER ACCESO A BIBLIOTECAS DIGNAS.

 

·        LA COMPRA DE CAMIONES Y AUTOS PARA FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL.

 

·        LA NULA CERTIFICACIÓN DE SUS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

 

·        LA FALTA DE ALUMBRADO

 

·        SUBCONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.

 

Estos puntos sólo evidencian las tantas irregularidades dentro de la administración de Monterrey, que tiene una enorme falta de voluntad de querer gobernar de frente con la gente, con hechos y no con sólo palabras. Prueba de ello, es que existe una larga lista de compromisos que no han sido cumplidos, y que a casi dos años de su gestión los resultados son los siguientes: cero obras públicas, calles oscuras y llenas de baches, más inseguridad; que lejos de hacer del municipio de Monterrey un lugar digno para los regiomontanos, solo es un lugar deteriorado por el paso de estas administraciones panistas.

 

Ahora, una vez más se da este caso de las indemnizaciones millonarias en Monterrey, como resultado de la falta de capacidad y competencia para atender correctamente los procedimientos judiciales, por lo que consideramos totalmente necesario que la Alcaldesa de Monterrey proceda a destituir a su Director Jurídico y ponga manos a la obra para detener de inmediato las omisiones y vicios legales que comete su administración, para que ya no se dejen perder en los asuntos judiciales que enfrentan.

 

Expuesto lo anterior y con fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, así como los diversos 102, 103, 104 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos, para votarse en este momento de conformidad al artículo 109 del mismo ordenamiento interno, el siguiente Punto de:

 

Acuerdo

 

Primero.- La  Diputación Permanente de la LXXIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, exhorta a la Presidenta del Municipio de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, para que instruya la destitución de su Director Jurídico y detenga inmediatamente las omisiones y vicios legales que intencionalmente realiza el personal jurídico a su cargo en la atención de las resoluciones judiciales que están haciendo que el municipio se obligue a pagar cantidades estratosféricas de indemnizaciones con el dinero de los regiomontanos.

 

Segundo.-. La Diputación Permanente de la LXXIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, solicita a la Auditoría Superior del Estado que en la revisión de la Cuenta Pública del municipio de Monterrey correspondiente al ejercicio fiscal 2014 ponga especial atención en la responsabilidad que tuvieron cada uno de los servidores públicos involucrados en los pagos realizados por la administración al particular y revise que se hayan realizado apegados a derecho, para en caso de existir alguna responsabilidad proceda contra ellos.

 

A t e n t a m e n t e

 

Monterrey, Nuevo León, a junio de 2014

 

 

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