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DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

18 de Enero 2018

ROSALVA-LLANES-RIVERA

Autor: Grupo Legislativo PRI

A pesar de que en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio de igualdad y derecho a la no discriminación, aún persisten actos que laceran a diversos sectores de la población desde ámbitos públicos o privados.

En nuestro país, las mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, minorías étnicas y religiosas, personas con discapacidad, migrantes y trabajadoras del hogar son los más vulnerables a ser discriminados, pues son víctimas de la discriminación por sus características físicas o forma de vida.

Vemos en redes sociales cuestiones discriminatorias que relacionan la preferencia sexual, la falta de buen gusto o de recursos económicos con la apariencia física; sin embargo, contrario a parar su reproducción y ver que producen consecuencias reales para la vida de las personas. Muchas veces la sociedad piensa que las expresiones de personalidades del ambiente público no causan daño y son consideradas como características del humor negro que prevalece en México.

Nuestro país ocupa el noveno lugar como el país que más conceptos de odio ha registrado en diferentes ciudades, de acuerdo con el Proyecto Centinela para la Prevención del Genocidio, el cual funciona con una base de datos de palabras de odio registradas por los usuarios en todo el mundo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México (ENADIS) más reciente, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 29.9% de los encuestados cree que en México se insulta mucho a las personas en la calle por su color de piel. En nuestro país, 6 de cada 10 consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad y 3 de cada 10 las etnias.

En los resultados de la ENADIS 2010 determinó que 9 de cada 10 mujeres, personas con discapacidad, indígenas, homosexuales, adultos mayores y minorías religiosas opinan que padecen discriminación por su condición; y 1 de cada 3 personas pertenecientes a dichos grupos dice haber sido segregada y han sido discriminadas en el ámbito laboral.

Un estudio asegura que el 47% de las jóvenes mexicanas entre los 12 y 16 años han sufrido algún tipo de agresión a través de redes sociales, principalmente en Facebook; México ocupa el lugar número 11 entre las naciones con mayores usuarios de internet en el mundo.

En general, de acuerdo con estimaciones del INEGI, 30% de los mexicanos sienten que sus derechos no han sido respetados debido a su nivel socioeconómico, grupo étnico, género, etc.

Como hemos dicho, las redes sociales generan grandes impactos en la mayoría de las personas en una sociedad, por lo que las campañas de difusión y discursos de odio que se dan en las redes son un problema que se tiene que atender, pero el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día es aceptar que en México existe este problema que en muchas ocasiones incitan a la violencia contra las personas o grupos por razones de género, raza, orientación sexual y otros.

Es importante informar a la ciudadanía al respecto para que puedan entender que existen consecuencias relevantes en la vida de las personas que son discriminadas y objeto de discursos de odio disfrazados de humor, con la justificación de que se ejerce la libertad de expresión.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se creó en México con la finalidad de promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y garantizar el derecho a la igualdad, por ello es que atendiendo el efecto de las nuevas tecnologías de comunicación, el Estado Mexicano implementó una campaña que busque evitar cualquier tipo de odio o xenofobia en los diversos medios electrónicos, sumándose a la Campaña Internacional del Movimiento contra el Discurso de Odio.

Por ello, impulsamos una iniciativa que busca, retirar y eliminar cualquier tipo de discurso de odio hacia las personas que por cualquiera de sus condiciones sufren discriminación, asimismo se establece la facultad para que en una coordinación conjunta los tres ámbitos de gobierno puedan ejercer una política pública sincronizada a la trazada en los programas federales que implemente la CONAPRED para que esta se permee hasta el ámbito estatal y Municipal.

Es oportuno que esta iniciativa sea sometida y estudiada por este Poder Legislativo en el entendido de poder incluir sin restricción a las personas que sufren algún tipo de discriminación y que las mismas sean incorporadas al desarrollo de la sociedad.

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