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FORMACIÓN EDUCATIVA PARA MUJERES INTERNAS

16 de Enero 2019

ADIRAN-DE-LA-GARZA-75

Autor: Grupo Legislativo PRI



A través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2017 practicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se arrojó que en el Centro de Reinserción Social Topo Chico, que es en el que se encuentra la población penitenciaria femenil, en el rubro IV relativo a la "REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO", se desprende que existe una "Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas".

No se pasa por alto que, según el "Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de la Libertad en Nuevo León", practicado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, existen apoyos proporcionados por la escuela primaria Benito Juárez, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y CONARTE, sin embargo, ello no es suficiente, puesto que uno de los principios rectores del sistema penitenciario lo constituye la reinserción social.

Tal aspecto, merma definitivamente sobre el desenvolvimiento que tendrán las internas una vez que egresen del centro penitenciario, incumpliéndose con la dogma constitucional dispuesto en el precepto 3º, sobre la obligatoriedad de la educación al menos hasta el nivel medio superior, como lo es el bachillerato o preparatoria, no siendo exclusivo dicho derecho respecto de menores de edad.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

"...En el ámbito educativo, México se encuentra en proceso de crecimiento en materia de igualdad de oportunidades para que tanto mujeres y hombres obtengan acceso a niveles de educación que les permita sumarse de igual manera a los beneficios del desarrollo.

En este sentido, datos de la Encuesta Intercensal 2015, muestran que México ha sumado importantes avances hacia la alfabetización universal de su población de 15 y más años, 93.6% de la población mexicana sabe leer y escribir un recado, 92.5% mujeres y 94.7% hombres."

En ese mismo orden de ideas, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Federal, se aprecia que el sistema penal mexicano se finca en el ideal de que los sentenciados por la comisión de algún delito sean reinsertados socialmente sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y educación.

Y conforme al artículo 86 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, la prevención social del delito tiene como propósito reducir los factores criminógenos mediante actividades multidisciplinarias e interinstitucionales relacionadas con el fortalecimiento de la familia, la educación, la salud y el desarrollo social, urbano y económico.

A su vez, acorde al precepto 172 del mencionado ordenamiento, el Sistema Penitenciario, tiene por objeto procurar la reinserción social del delincuente, correspondiéndole a la Secretaría, regular el funcionamiento de este sistema al observar que su organización se sustente sobre la base de la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, el deporte y la terapia psicológica.

Y en ese mismo sentido, el artículo 180 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León:

"Toda persona privada de la libertad tendrá el derecho a gozar del sistema educativo público gratuito. La Secretaría de Seguridad

Pública y las autoridades de Educación deberán trabajar coordinadamente para que los internos tengan acceso a un sistema educativo con validez oficial que ponga énfasis en la asimilación de las normas y valores de convivencia social."

El tener acceso a la educación media superior, las internas lograrán contar con una herramienta fundamental para lograr la reinserción social, pues la educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Teniendo el Estado, la obligación de diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como impedir la interferencia injustificada de otras personas en su consecución."

Lo anterior, impactará positivamente en las familias neoleonesas, pues una vez cumplida la pena, al regresar a la cotidianeidad de la vida social, las mujeres al obtener su libertad podrán desarrollar un empleo digno, y por lo tanto, generar ingresos para subsistir y evitar que reincidan en la comisión de delitos.

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