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Justicia Cívica

9 de Febrero 2021

ALVARO-IBARRA-HINOJOSA

Autor: Grupo Legislativo PRI

La consolidación de la Justicia Cívica es una tarea que nos compete a todos; tanto de las autoridades en sus diferentes ámbitos de gobierno, así como de la academia y la sociedad civil. Pero si cada quien hiciera propuestas por su cuenta, tendríamos avances mínimos, o tal vez nulos, porque el verdadero avance solo se logra si los esfuerzos se unen, mediante una buena organización y coordinación.

En este sentido, celebro la presentación de este "Reporte 2020 respecto de los hallazgos y avances del Sistema Municipal de Justicia Cívica" que se presenta hoy a través del Comité Evaluador, con el que conocemos el avance que los municipios han tenido en prevención del delito, en su fuerza policiaca y en la justicia cívica propiamente.

Sin duda todos estos avances sirven para continuar en una constante retroalimentación en el ámbito de la administración pública municipal, así como en nuestro poder legislativo para el diseño normativo de la legislación en materia de justicia cívica.

En el campo legislativo como saben, inició esta búsqueda por regular la justicia cívica, producto de un amplio diálogo nacional entre academia, autoridades de los distintos poderes de los tres ámbitos de gobierno, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil en los conocidos "diálogos por la justicia cotidiana", que tuvo por objeto identificar cuáles eran las exigencias de la sociedad de esa justicia no penal, que seguía pendiente en la agenda nacional.

De ese dialogo, es decir, de la propia sociedad, surgió la necesidad de sentar bases jurídicas para regular la denominada justicia cívica, primordial para la prevención de conductas de mayor impacto, que dañen el tejido social.

Por ello, el tema es relevante para regular de una manera eficiente, la convivencia del día a día de las personas, buscando prevenir, tratar y sancionar conductas administrativas previas a que se conviertan en delitos, privilegiando en todo momento el uso de métodos alternos para la solución de controversias.

Estoy convencido de que, si logramos una justicia cívica eficaz, lograremos reducir considerablemente el uso de nuestro Derecho Penal, asimismo disminuirá el número de juicios y consecuentemente se reducirá el hacinamiento en los centros penitenciarios, logrando prevenir únicamente en el ámbito administrativo sancionador y a través de medidas alternas los problemas diarios de los habitantes del Estado.

Ahora bien, como es de todos sabido, ya es un mandato constitucional la regulación a nivel nacional de la justicia cívica e itinerante, conforme al artículo 73 fracción 29-Z de la Constitución General de la República, en donde el Congreso de la Unión está obligado a expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante.

Sabemos que, si bien se hizo un gran esfuerzo en la legislatura pasada por avanzar en la Ley General en matería de justicia Cívica e Itinerante, aprobándose en la Cámara de Diputados, quedó pendiente en carácter de minuta en el Senado de la República.

Esto quiere decir que es necesaria su aprobación en el Senado para materializar y hacer efectivo el mandato constitucional. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados en un tema que sabemos, es exigencia de nuestra sociedad.

Una sociedad que necesita privilegiar la prevención de los delitos, la cultura de la paz, la solución alternativa de los conflictos, y atender esos problemas diarios que se generan en las comunidades.

Por ello, celebro nuevamente los trabajo que se realizan a través del Comité Evaluador, tanto el reporte que se nos presenta hoy, así como los esfuerzos de todos los Comités aquí presentes del Consejo Metropolitano de Justicia Cívica, que sin duda a todos nos será de gran utilidad lo que hoy se nos expone como hallazgos y avances en los municipios; y en particular reconozco el trabajo que venimos realizando todos los que integramos el Comité de Normatividad, ya que no podemos esperar a que en la Federación se resuelva un tema que la propia dinámica social exige soluciones y resultados en este momento.

Como ya lo he dicho en diversas ocasiones, por lo demás, no tengan duda de que un servidor es un aliado para la construcción de un sistema de justicia cívica que funcione bien.

Por último, quiero hacer mención que sin duda la implementación de sistemas de justicia cívica municipal, así como su desarrollo y fortalecimiento, abonan en dar un paso más en la dirección correcta, hacia la construcción de un Nuevo León más justo, democrático y desarrollado, porque si no hay justicia, no hay condiciones para el desarrollo económico, social y político del estado.

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