Autor: Grupo Legislativo PT
Hoy la clase política del país amaneció pendiente de la iniciativa presidencial sobre la reforma energética, que ayer se aplazó y hasta este momento se mantiene en suspenso.Es el tema central de las llamadas "reformas estructurales" que no pudieron sacar adelante los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Se trata del "El Botín del Siglo" que el gobierno federal a través del "Pacto por México", irónicamente, busca despojar al pueblo de México de su principal recurso estratégico: el petróleo, del cual depende nuestra economía.
Todos sabemos que el presupuesto federal y, particularmente, el gasto social destinado a la educación y a la salud dependen del petróleo en gran medida.
Sin embargo, la reforma energética ya está negociada y avalada en el Pacto por México. Así lo indica el anuncio que desde junio hizo Peña Nieto en su gira por Londres, en la reunión del G-20, al informar que es cuestión de dos o tres meses para que Pemex pueda abrirse a la inversión privada.
Ante los países poderosos, Peña Nieto fue a decir que su gobierno apuesta por una "reforma transformacional" para modernizar a Pemex y así explotar el petróleo en aguas profundas y atraer miles de millones de dólares.
Lo anterior reconfirma el compromiso que el gobierno hizo con grupos económicos para privatizar el petróleo.
La privatización de Pemex sigue adelante, como bien lo denunció el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, al aseverar que la reforma energética del 2008 sentó las bases para la entrada de inversionistas privados, para que a final de cuentas se le quite el control al Estado y al pueblo.
Qué se pretende con la "reforma transformacional"?
Está claro que busca profundizar la reforma petrolera anticonstitucional y entreguista del 2008; que Pemex deje de ser un organismo público descentralizado para convertirlo en una empresa sujeta al control privado, con la incorporación de "operadores" particulares en la conducción de actividades que la Constitución reserva al Estado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que sólo la Nación, por conducto del Estado y de los organismos públicos, puede explotar los hidrocarburos en beneficio de la propia Nación.
Por ello, todos los contratos que Pemex celebre para compartir la renta petrolera son anticonstitucionales, porque violan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y son contrarios al interés nacional. La Nación es propietaria de los recursos del subsuelo. Los ingresos y ganancias que se obtienen por la extracción del petróleo pertenecen al pueblo.
Hoy extraer un barril de petróleo, a pesar de la corrupción que impera en Pemex, cuesta 10 dólares, pero se vende en 100 dólares; es decir, hay una utilidad de 90 dólares por barril. Esta es la renta que ambicionan las petroleras inglesas y americanas que en 1938 fueron expulsadas de México.
Ahora de nuevo quieren ser socios en un negocio que por mandato constitucional y por justicia social está reservado para beneficio del pueblo.
De entrada, traman apoderarse del 60% de la renta petrolera, mediante contratos de "riesgo" y concesiones, tomado en cuenta que Pemex pagó 687 mil millones de dólares de contribuciones al Estado del 2000 al 2012, ingresos que constituyen hasta el 40% del presupuesto federal.
Es falso que con la participación de empresas privadas habrá crecimiento económico y se obtendrán mayores beneficios para la Nación. Por el contrario, las empresas privadas se apropiarán de la renta petrolera.
Por eso desde esta Diputación Permanente y en todas las Legislaturas Estatales, los diputados del Partido del Trabajo nos pronunciamos en contra de la privatización de Pemex.
Es falso afirmar que Pemex no se va privatizar.
Esa es la principal falacia de la estrategia del gobierno para privatizar Pemex, bajo el argumento de que el Estado tendrá el "máximo rendimiento" de la renta petrolera.
La verdad es que ya están privatizados buena parte de los procesos productivos de Pemex, pese a que el artículo 27 dispone que no se otorgarán concesiones, ni contratos.
Por ello, las consecuencias de privatizar el sector energético serían las siguientes:
1.- Pagaremos más impuestos para compensar el saqueo de la renta petrolera.
2.- Seguirán aumentando los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y la electricidad.
3.- Se reducirá la capacidad de inversión del Estado, cancelando el desarrollo nacional e impidiendo la inversión productiva, educativa y social para el desarrollo de México.
4.- Se alejará la posibilidad de tener una Política Energética de Estado, que incluya hidrocarburos, electricidad y energías renovables, más refinerías y tecnologías propias.
5.- Se cancelaría la oportunidad de aprovechar la industria petrolera nacional como palanca de desarrollo; es decir, el petróleo dejaría de ser la base para impulsar un proyecto alternativo de nación.
6.- Se sofocará el de por sí lento crecimiento económico, al no disponer el Banco de México de divisas para impulsar la reindustrialización de México.
7.- Se perderá la soberanía económica, política y militar de México, al ceder el control y usufructo del sector energético.
Esta amenaza para el pueblo mexicano nos obliga a estar bien informados y discutir el tema en los hogares, trabajos, colonias, escuelas y medios de comunicación, con el fin de exhibir a quienes simulan defender nuestro patrimonio, pero que en la realidad defienden sus propios intereses.
Nuestro país requiere de una política energética que sea elaborada con la participación de especialistas, académicos e intelectuales, que tenga como prioridad garantizar la soberanía nacional, el desarrollo sustentable de la industria petrolera y, sobre todo, el combate a la corrupción en Pemex.
Como Partido del Trabajo rechazamos la privatización de Pemex y convocamos a los ciudadanos y a las organizaciones sociales, sindicales y políticas a un Gran Foro de Discusión, que se llevará a cabo mañana viernes, así como a una Gran Movilización en Defensa de la Soberanía Nacional el siguiente viernes 16 de agosto en nuestra ciudad de Monterrey.
Compañeros los convocamos para que en su momento, cuando se remita la minuta de reforma constitucional en materia energética, nuestra Legislatura tenga la valentía de rechazar la pretensión de privatizar a Pemex e impedir que se le arrebate al país su recurso natural estratégico.
