Compañeras y compañeros:
Gracias al voto de todos ustedes, hace casi medio año -el pasado 28 de
octubre del 2015-, se aprobó Punto de Acuerdo promovido por el Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo.
El referido Punto de Acuerdo a la letra dice:
Único.- La Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, hace
un atento y respetuoso exhorto al Secretario de Seguridad Pública, Gral.
Cuauhtémoc Antúnez Pérez, a rendir informe a esta Soberanía sobre las
estrategias para disminuir la sobrepoblación en los penales y sobre el proyecto
de inversión y los trámites para concluir la construcción del Centro de
Readaptación Social de Máxima Seguridad en el municipio de Mina, Nuevo
León.
Quiero informar que el pasado 10 de febrero, un día antes de la matanza
en el Penal de Topo Chico, nuestra Legislatura recibió contestación.
Respecto a las estrategias para disminuir la sobrepoblación en los tres
penales del Estado, el General manifiesta que no le es posible allegar dicha
información por ser de carácter reservado, de acuerdo con el artículo 28,
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Respecto al Centro de Readaptación Social de Máxima Seguridad en Mina,
nos informa que desde que fue designado como Secretario de Seguridad Pública se
encuentra revisando todos los proyectos que la pasada administración dejó en
proceso o inconclusos, por lo que en cuanto cuente con la información sobre
este tema se hará del conocimiento del Poder Legislativo.
Nuestra intención al dar a conocer esta información, no es evidenciar a
nadie.
Lo único que pretendemos es que prevalezca el Estado de Derecho
quebrantado violentamente en el Centro de Readaptación Social Topo Chico.
Hoy, todos sabemos, que una de las causas que detonó la peor masacre en
la historia penitenciaria de México, es la sobrepoblación de reclusos superior
a su capacidad.
Sobrecupo reconocido por el propio Jaime Rodríguez Calderón, antes de
asumirse como Gobernador, tras dar conocer la sobrepoblación en los Centros de
Reinserción Social del Estado.
Precisamente, en el Punto de Acuerdo expusimos que debíamos tener claro:
- Que es necesario saber cómo se va a resolver el problema de la
sobrepoblación, ya que nada indica que vaya a disminuir.
- Que el traslado de reos de Nuevo León a otros Estados para purgar sus
penas, es en perjuicio económico de sus familiares y que esto en nada ayuda a
su rehabilitación social.
- Que el historial al interior de los penales es de asesinatos, motines,
linchamientos, fugas, riñas por auto-gobiernos carcerlarios.
- Que son necesarios más custodios para su debida vigilancia y control.
- Que las instalaciones carcelarias están desgastadas y les falta
mantenimiento.
- Que existe un grave déficit de inversión en tecnología de seguridad.
- Que existen riesgos permanentes de que los presos se amotinen ó se
fuguen.
La realidad hoy todos la estamos viviendo. Pero, los que la están
sufriendo en carne propia son las familias de los 49 reos muertos y doce
heridos, así como las familias de los ocho mil 120 reos hacinados en los tres
Ceresos estatales.
La lección de la tragedia nos obliga a vigilar que se cumpla la Ley y
que no vuelva a ocurrir ninguna masacre. Los reos deben recibir un servicio de
readaptación, rehabilitación y reinserción, así como garantías de seguridad y
de respeto a sus derechos humanos.
Nuestro planteamiento es el mismo que hicimos el 28 de octubre del año
pasado: profesionalizar y modernizar nuestro sistema penitenciario, donde cada
reo purgue su condena de manera justa y apegada a derecho, bajo el control del
Estado y no de autogobiernos carcelarios, con estándares nacionales e
internacionales para lograr la reinserción social.
Monterrey, NL, a 15
de Febrero del 2016
Dip. Sergio Arellano
Balderas
Coordinador
Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo
