Con el objetivo de conocer las estrategias que permitan disminuir la
sobrepoblación en los reclusorios del Estado, así como el proyecto de inversión
y trámites relativos a la construcción del penal de Mina, el Congreso del
Estado instó a la Secretaría de Seguridad Pública a rendir un informe de la
situación que guarda el sistema penitenciario.
El Legislador Sergio Arellano Balderas propuso ante el Pleno solicitar la
información, tras argumentar la importancia de conocer las estrategias
implementadas por el órgano de seguridad que permitan reducir el sobrecupo en
los centros penitenciarios.
"Es necesario saber cómo se va a resolver el problema de la
sobrepoblación de los penales, ya que el día de hoy nada indica que vaya a
disminuir; los reos de Nuevo León que son trasladados a otros estados para
purgar sus penas, generan prejuicios económicos a las familias, y esto no abona
a una buena rehabilitación social, asimismo es importante revisar la
información sobre el interior de los penales, la mayoría es relativa a
asesinatos, motines y linchamientos", expuso.
Ante ello, Arellano Balderas consideró que "cada reo debe purgar
una pena justa y apegada a derecho".
"Nuestro planteamiento es organizar mejor los penales, donde cada
uno de los reos pueda purgar su condena de manera justa y apegada a estricto derecho y con los
estándares nacionales e internacionales para lograr la reinserción
social", dijo el legislador.
En cuanto a la construcción del penal en Mina, Nuevo León, el Diputado
reconoció que por falta de recursos la obra se tuvo que suspender de manera
temporal.
"Cabe señalar que hace apenas un par de años se suspendió la
construcción del Centro de Readaptación Social de Máxima Seguridad en el
municipio de Mina, argumentándose que ya no había recursos suficientes para
continuarlo, por lo que estamos conscientes de que la falta de recursos
federales provocó suspender la construcción de la obra", detalló.
Según Arellano Balderas, los penales del Estado presentan una
sobrepoblación de reclusos superior al
40 por ciento de su capacidad.
Actualmente, en los tres centros de Reinserción Social
del Estado, ubicados en Apodaca, Monterrey y Cadereyta, están recluidos
aproximadamente 8 mil 120 reos, de los cuales alrededor de mil 600 están
retenidos por delitos federales, explicó el Diputado.
