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Autor: Grupo Legislativo PT
En junio de 2012, el Expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).
Bajo este esquema, el gobierno acuerda "diferir" cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación, a personas que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.
Así, se congelan procesos de deportación y se facilitan permisos de trabajo y licencias de conducir para los beneficiarios.
Se calcula que más de 750.000 inmigrantes indocumentados están adscritos al programa.
Para acogerse al mismo, debían:
· Haber entrado en el país antes de cumplir los 16 años.
· Haber tenido menos de 31 años el 15 de junio de 2012.
· No haber tenido estatus legal migratorio en EE.UU. antes del 15 de junio de 2012.
· Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 y hasta la actualidad.
· Estar escolarizados o licenciados del ejército.
· No haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional.
Cabe señalar, que este plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone ningún pasó para obtener la ciudadanía estadounidense.
En ese sentido, el pasado 5 de septiembre, el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció el fin de DACA, política pública que protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como "dreamers".
Situación que deja a dichos jóvenes en un estado de indefensión y de incertidumbre legal, pues muchos de ellos, han llevado a cabo sus estudios académicos en distintas instituciones educativas de los Estados Unidos. Por lo que es notorio que ante las prácticas "anti-inmigrantes" del gobierno de Donald Trump, existe un ambiente de preocupación y dubitación en aquellos que han intentado salir adelante a través de la educación en aquel país.
Motivo principal de la presente reforma, misma que pretende crear un vínculo con la Secretaría de Educación para emitir un marco nacional de cualificaciones, dirigido a facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo; así como a autorizar a las instituciones particulares, con reconocimiento de validez oficial, y públicas a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudio de educación media superior y superior.
Además de facultar a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional o situación migratoria, entre otras.
Lo anterior, en concordancia a la Legislación Federal en materia de revalidación de estudios en el extranjero.
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