Grupo Legislativo
Partido del Trabajo

Autor: Grupo Legislativo PT

El Acuerdo de París de la ONU, celebrado en diciembre del 2015 y firmado en el 2016 por 195 países, entre ellos el nuestro, es el primer Acuerdo vinculante entre los gobiernos para luchar contra el cambio climático.

Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un Plan de Acción Mundial con el fin de mitigar y poner un límite al calentamiento global muy por debajo de 2 centígrados sobre los niveles preindustriales.

El objetivo a largo plazo que los gobiernos asumieron en el Acuerdo, el cual tiende un puente entre las políticas actuales y las luchas contra la contaminación de los grupos ambientalistas, es limitar el aumento de la temperatura a 1.5 centígrados para reducir el impacto del cambio climático y sus riesgos. Además, los gobiernos de los países en desarrollo acordaron que las acciones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, así como aplicar rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles.

Ante la necesidad de asumir los compromisos del Acuerdo de París y contribuir a la salud de la población nuevoleonesa y a la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, a iniciativa de varios legisladores el Congreso del Estado aprobó la Ley de Cambio Climático el pasado 14 de mayo, para regular la emisión de gases de efecto invernadero.

Una de las obligaciones de la Ley es destinar cada año el uno por ciento del presupuesto, con el fin de mitigar y controlar las emisiones de dióxido de carbono, metano y protóxido de nitrógeno que provocan el efecto invernadero, así como una serie de acciones para evaluar los resultados de la aplicación de la Ley, con base en los parámetros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de la histórica Cumbre del Clima de París.

Siendo Nuevo León predominantemente industrial y donde la queja generalizada es que cada año hace más y más calor, no podíamos estar al margen del compromiso mundial para reducir la huella de carbono y limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 centígrados.

Las acciones de la Ley estarán a cargo de una Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, órgano colegiado de carácter permanente, integrado por los titulares de todas las secretarías del gabinete estatal y por el Congreso del Estado, la cual contará con un Consejo Técnico conformado con doce miembros del sector académico y social, electos con carácter honorario mediante convocatoria pública abierta, pero con base en su trayectoria y experiencia profesional, con el fin de realizar labores de asesoría y desarrollar proyectos de investigación prioritaria en materia de cambio climático.

Al Consejo Técnico corresponderá además recibir y administrar los recursos del Fondo Estatal de Cambio Climático, el cual tendrá carácter de fideicomiso público, tal y como lo propuso el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo. Dicho Fideicomiso será creado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y podrá recibir donaciones de organismos nacionales e internacionales, incluso aportaciones de otros gobiernos.

La Ley obliga a realizar un Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, además de elaborar un Atlas de Riesgo de Cambio Climático, que incluya una evaluación actual y futura ante el cambio climático y atienda en forma prioritaria las zonas urbanas y rurales más vulnerables.

El Gobernador tendrá la obligación de promover el establecimiento y la aplicación de incentivos que estimulen el uso de energías limpias, como un mecanismo para reducir la emisión de contaminantes, todo ello con la debida coordinación y colaboración de los 51 municipios de Nuevo León.

Resultará crucial que gobierno estatal y municipal, sector empresarial y sociedad civil asumamos corresponsablemente las tareas y obligaciones para mitigar la contaminación, siendo necesario y urgente que a partir de la entrada en vigor de la Ley del Cambio Climático comparemos sus resultados en Nuevo León con los obtenidos en Ciudad de México, Jalisco o Puebla, en cuanto a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero.

Comparar resultados es la mejor forma de evaluar y medir la efectividad de la Ley en la protección de la salud de los habitantes y en su derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Lo crucial, empero, es que mediante el cumplimiento de la Ley nuestra zona metropolitana de Monterrey deje de ser la más contaminada de América Latina y evitar que sea considerada como la ciudad más calurosa.