Grupo Legislativo
Partido del Trabajo

Autor: Grupo Legislativo PT

Monterrey.- Históricamente el concepto de familia y sus funciones están en cambio permanente, adaptándose progresivamente a las transformaciones que las sociedades experimentan en el transcurso de los siglos, como han sido, son y serán los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. El gran valor en sí misma de la familia, es su función educadora. Mucho se habla de la paternidad y de la maternidad responsable cuando sabemos que la tarea de ser madre o padre es realmente compleja, continua y a la vez gratificante, pues en su evolución los hijos e hijas seguirán necesitando de la ayuda, el estímulo, la comprensión y el amor materno y paterno. Para desarrollar las funciones como los primeros agentes socializadores, padres y madres necesitamos información y formación previa. Como papás y mamás tenemos que estar involucrados en el proceso de formación de nuestros hijos e hijas permanentemente, más ahora cuando las familias enfrentamos problemas de carácter social, económico y de valores que determinan las formas de relacionarse entre niñas, niños y adolescentes y que generan desintegración familiar por la violencia, delincuencia, suicidios y adicciones. Así vista, la educación y la formación para madres y padres se convierte en necesaria y urgente, con el fin de que obtengan las herramientas para resolver conflictos, generar ambientes propicios para el desarrollo de sus hijas e hijos y formar líderes que transformen su entorno de manera positiva. Por tales motivos, la semana pasada presentamos la iniciativa de Ley de Escuela para Padres del Estado de Nuevo León, con el objetivo de establecer un programa interinstitucional, multidisciplinario y transversal para capacitar a madres y padres en la corresponsabilidad de cuidar, proveer, conocer, disciplinar e instruir de manera adecuada a sus hijos e hijas. La participación de madres y de padres en la educación también es un derecho y una obligación. Con la Ley buscamos que la sociedad retome conciencia sobre la importancia de las familias, profesores y alumnos para prevenir la violencia, la desintegración y motivar un ambiente que permita desarrollar el potencial y el sano crecimiento de la familia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aboga por la educación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que madres y padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños y, la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación en la primera infancia. Para llevar a cabo la Escuela para Padres no podemos perder de vista que vivimos en una sociedad donde es necesario que el padre y la madre trabajen para ofrecer a su familia condiciones de vida digna y donde los horarios laborales son, por lo general, muy extensos, además de sumar los tiempos de traslado del hogar a la escuela o del hogar al trabajo. En la iniciativa de Ley proponemos que la Secretaría de Economía y Trabajo implemente acciones para promover la flexibilidad de la jornada laboral, con el fin de facilitar la participación, al menos una vez al mes, de los padres en las actividades de educación y desarrollo de sus hijos. De acuerdo con el INEGI, ocho de cada diez hombres (82.4%) son económicamente activos, en comparación con cinco de cada diez mujeres (48.0%). Los jefes de hogar invirtieron 79.3 horas en promedio a la semana en actividades para el mercado y bienes de autoconsumo, mientras que las jefas de familia invirtieron en estas tareas 60.3 horas en promedio, siendo el reto dedicar las horas de ocio a cursos, talleres, conferencias y otras dinámicas. Es importante comprender que la tarea educativa es un esfuerzo de todos: gobierno, magisterio y familias desde luego. Nuestra propuesta de Ley de Escuela para Padres la hacemos en el marco de la nueva reforma educativa, cuya Ley General de Educación establece que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que la educación extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.