Las modificaciones a los artículos 209 y 210 del Código Penal del Estado también establece tres tipos de rango en las sanciones al mencionado delito, lo que le dará a los jueces mayor claridad al momento de tomar una decisión respecto a la presunta conducta delictiva.

El diputado Héctor Morales Rivera, como integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, fue quien leyó el dictamen en tribuna para ponerlo a consideración del Pleno.

La agravante se aplicará al servidor público que ejerciendo funciones de seguridad pública y obligado en razón de su empleo, cargo o comisión a salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de las personas, no atienda inmediata o idóneamente, o retarde indebidamente o niegue un requerimiento de ayuda o auxilio solicitado por cualquier persona.

Aclara el texto que se este supuesto será válido siempre que de los hechos denunciados se advierta riesgo de pérdida de la vida, libertad o daño a la integridad física de una o más personas.

La reforma al artículo 210 detalla los nuevos tipos de sanciones que deberán aplicarse por abuso de autoridad.

El caso de no prestar atención inmediata e idónea en situaciones de crisis se contempla imponer una sanción de cuatro a nueve años de prisión, multa de 600 a mil cuotas, destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.

La diputada Brenda Velázquez Valdez se pronunció a favor del dictamen, al tiempo que destacó que la propuesta original surgió del Tercer Parlamento de Jóvenes de Nuevo León que se realizó el año pasado.

Por su parte, el diputado César Garza Villarreal explicó que el espíritu de esta reforma busca que los elementos de seguridad u otros funcionarios soliciten refuerzos o recurran a instancias superiores para responder a las necesidades de la ciudadanía en momentos críticos.

A su vez, el diputado José Ángel Alvarado Hernández también avaló el sentido del decreto y apuntó que la reforma es más que oportuna en momentos en que el país se encuentra en una lucha contra la delincuencia organizada.

En su oportunidad, el diputado Juan Carlos Holguín Aguirre enfatizó que no debe haber pretexto para que los servidores públicos cumplan con su responsabilidad, por lo que deben haber sanciones ejemplares que castiguen el el abuso de autoridad y la corrupción.