A fin de fortalecer la estructura Orgánica de la Ley de Defensoría Pública para el Estado, se aprobaron reformas a varios artículos con motivo de la Reforma Constitucional en materia de Justicia.

Con el objeto de estar en concordancia con las reformas realizadas a la Carta Magna, el pasado 31 de marzo se publicaron las reformas aprobadas a la Constitución local, que tiene por objeto la dignificación de la carrera de defensor público y una mejor protección de las garantías del inculpado.

De frente hacia el nuevo sistema de reinserción social que tiene previsto un nuevo órgano jurisdiccional, la modificación, propuesta por el Ejecutivo del Estado, expresa la necesidad de incorporar una Dirección que enfrente los retos de la defensa penal en la ejecución de sanciones.

Además, considera reforzar los mecanismos que permitan la capacitación y actualización permanente, la evaluación y el seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de los Defensores Públicos.

El diputado Tomás Montoya Díaz, puntualizó que por la naturaleza de sus funciones, el ente de gobierno encargado de la defensoría pública debe de ser actualizado, mejorando su estructura y términos jurídicos en razón de los nuevos retos que tiene frente a las nuevas reglas de la oralidad a fin de mejorar la eficacia de sus atribuciones.

Con la reforma al artículo 6, se fijan los principios rectores del Instituto, como es la solución de conflictos, la confidencialidad y la obligatoriedad.

Además, establece como autoridad máxima del Instituto a la Junta de Gobierno, la cual estará integrada por un presidente honorario, en este caso, el Titular del Ejecutivo, así como por cinco vocales, incluyendo al presidente del Consejo Consultivo.