La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado realizó su tercera mesa de trabajo, en relación a la desaparición forzada de persona, en la que se presentó el proyecto de decreto de reforma al Código Penal, para hacer los cambios necesarios y tener una redacción final.

César Garza Villarreal, presidente de la mencionada comisión, dio lectura a la propuesta de Decreto en el cual se pretende tipificar el delito de la Desaparición Forzada de Persona en el Estado.

El diputado expresó que la propuesta que se pretende legislar, incorpora al Código Penal un capítulo denominado "Delitos contra la vida, la libertad y la integridad física", con un capítulo único denominado "Desaparición Forzada de Persona".

Es el artículo 432 el que contiene la definición del tipo de desaparición que se pretende legislar, además de incluirse en el artículo 16 del Catálogo de delitos considerados como graves dentro del Código Penal.

"Estamos muy cerca de tener la redacción de un nuevo capítulo del código penal que viene a responder a una conducta criminal que no estaba debidamente tipificada y sancionada en nuestro Código, que es la desaparición forzada de persona", señaló Garza Villarreal.

Los tres elementos fundamentales con los que se da la desaparición forzada, que se aplicaría contra servidores públicos estatales y municipales, se caracteriza por:

1.- Privación de la libertad

2.- Detención de la persona, lícita o ilícita,

3.- Ocultamiento de la persona con el propósito de evitarle la protección de la ley.

La sanción que se está previendo para este delito de 25 a 60 años, esto es una sanción similar a la que se le da al delito de secuestro, que es el delito con mayor sanción en el Código.

Este es un delito de naturaleza autónoma, es decir, si la persona que es víctima de la desaparición forzada, es además privada de la vida o es sometida a torturas, se acumulan a este delito el resto de conductas criminales que se realicen sobre la misma.

 

Esta es una herramienta legislativa que está sustentada en un marco legal, otorgándole al ciudadano certidumbre de saber cuál es la acción correcta que se debe de realizar al ser detenido.

El trabajo que se ha estado realizando, en cuanto a este delito, permitiría a Nuevo León ser uno de los estados de la República que contará con una regulación más completa en cuanto al mismo.

Con estas mesas de trabajo se pretende, que la redacción se ajuste a los requerimientos que se han pactado en las convenciones internacionales, en las que ha participado el país, a través de la ONU.

Por su parte, Alan García, director jurídico de la ONU en México, resaltó la apertura y disponibilidad del Congreso del Estado para recibir la asistencia y cooperación técnica de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Estamos viendo un proceso deliberativo, participativo, democrático, consultivo y abierto, que pretende recoger las principales y mejores prácticas detectadas a nivel internacional", señaló García.

Enfatizó que este proyecto está mu y cerca de alcanzar los mejores niveles de los estándares internacionales y, que en la medida en que se mantenga la voluntad política de apertura y disposición de escuchar a los organismos de la sociedad civil, se podría ir anticipando una legislación verdaderamente avanzada.

"Desde la Oficina de las Naciones Unidas pensamos que los principales elementos ya están contenidos en la propuesta que hoy tenemos y es necesario afinarla, fortalecerla y depurarla, en este proceso de filtración al que nos han convocado", puntualizó.

"El objetivo es que el próximo viernes tendremos ya un proyecto de decreto de lo que será la tipificación del delito, para ser presentado a los diputados y se pueda votar en comisión, para ser llevado al Pleno y se convierta en Ley en nuestro Estado", concluyó el diputado Garza Villarreal.

En esta mesa de trabajo, además de contar con la presencia del Director Jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, asistió el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, Alfonso Verde Cuenca, así como la Hermana Consuelo Morales, Directora de CADHAC.