Para continuar con el análisis de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, sostuvo su segunda reunión de trabajo en la que presentaron el proyecto de decreto, mediante el cual se busca tipificar como delito la desaparición forzada de personas por parte de servidores públicos.

César Garza Villarreal, presidente de la mencionada comisión, dijo que,  tipificar este delito, enfocado a las instituciones policiales tanto municipales como estatales, es una obligación constitucional, además de ser un exhorto que el Ejecutivo del Estado envió al Legislativo, en el que ha habido una participación muy activa por parte de todos los partidos políticos que componen la actual legislatura.

El proyecto de decreto, que fue circulado entre los asistentes, está basado en las iniciativas que han sido presentadas al Congreso del Estado por parte del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, CADHAC, y en base al manual de la mesa de trabajo para la tipificación del delito de la desaparición forzada de personas, que publicó la Organización de las Naciones Unidas.  

Garza Villarreal comentó que el proyecto que se tiene cubre los principales requerimientos, como es, establecer una sanción que va de los 30 a los 60 años de prisión.

A esta reforma se le han incorporado herramientas nuevas, que dan incentivos, como la reducción de hasta la mitad de la sanción, para los servidores públicos que aporten datos para fijar responsabilidades, así como  para a la ubicación física de la víctima o sus restos corpóreos, en caso de que haya perdido la vida.

El próximo jueves 20 de octubre habrá una nueva reunión con el director jurídico del alto comisionado de las Naciones Unidas, en la que se afinarán   los últimos detalles de redacción.

Garza Villarreal informó que, una vez que se cuente con el proyecto de decreto listo y con las observaciones realizadas, podrá ser presentado ante los miembros de la comisión, aproximadamente, los primeros días del mes de noviembre.