Aunque Nuevo León no tiene grupos indígenas originarios, a partir de hoy, el Estado se ha convertido en la primera entidad en contar con una Ley que protege sus derechos y cultura.

 

Esta Ley de Derechos Indígenas, aprobada por el Congreso del Estado, busca garantizar la protección de los diversos grupos indígenas que habitan en la entidad, misma que fue realizada por un Comité Inter institucional, a través de un proceso de consulta, en la que se privilegió el diálogo, el debate y el consenso de ideas y propuestas por todos los participantes, en donde expusieron  sus  necesidades, comentarios,  recomendaciones  y propuestas en torno  a  las  I6  temáticas  que  engloban de  manera  general  los derechos de los pueblos indígenas en la constitución federal.

 

Esta Consulta fue aplicada a un total de 331 indígenas de diferentes orígenes étnicos como nahuas, mazahuas,  mixtecos, huastecos, otomíes,  huicholes,  zapotecos,  mazatecos  y totonacos, residentes en diferentes colonias del área metropolitana de Monterrey.

 

Presentada por los diputados José Ángel Alvarado Hernández y Jorge Santiago Alanís Almaguer, este proyecto de Ley, es reglamentario a la reforma al artículo 2 de la Constitución Local, aprobadas por el Congreso el pasado 21 de enero, con la que se elevaron a rango constitucional los derechos indígenas, logrando que Nuevo León sea la primera entidad que, sin tener población indígena originaria, les otorga mayor certeza jurídica.

 

Con ello, la sociedad nuevoleonesa y las instituciones gubernamentales reconocen los derechos y garantías de los 40 mil 528 indígenas, de 47 lenguas distintas que radican en el Estado, de acuerdo al censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

 

Entre las principales aportaciones de esta Ley, se encuentra el apoyo del Estado a través de las dependencias correspondientes para la protección de su patrimonio, el reconocimiento de sus sistemas normativos internos en sus relaciones familiares, sociales y los que utilicen para la prevención, progreso y solución de conflictos.

 

Establece que el Estado, garantizará una educación bilingüe e intercultural, así como ofrecerá programas de capacitación laboral entre los indígenas, además de su obligación de tomar en cuenta su opinión al momento de elaborar el Plan Estatal y Municipal  de Desarrollo.  

 

El dictamen fue presentado en Tribuna por la diputada María de Jesús Huerta Rea, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, mismo que fue aprobado por unanimidad por los 42 legisladores.