El Congreso del Estado aprobó en primera vuelta las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y a la Constitución Local, para dar cumplimiento a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la sesión de este jueves, el Diputado José  Adrián González Navarro presentó ante la tribuna el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para incluir en la Ley Orgánica de la Administración Pública un capítulo denominado "De la Responsabilidad Patrimonial".

"Se establecen los lineamientos para que los particulares puedan ejercer su derecho de reparación del daño ocasionado por un hecho o acto realizado por la autoridad municipal que vulnere sus derechos cuando de los mismos recaiga una resolución de la autoridad", cita el dictamen.

En el caso de la reforma a la Constitución Local, el Legislador José Juan Guajardo Martínez precisó que en el mismo se establece la facultad de los Municipios de constituir su Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que fungirá como órgano descentralizado.

"En acatamiento de lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que procede es legislar en la materia", establece el dictamen.

Los Diputados José Adrián González Navarro, José Juan Guajardo Martínez y Guadalupe Rodríguez Martínez hablaron a favor del dictamen ante la tribuna, que contempla en su artículo transitorio un plazo de 180 días hábiles para que los Ayuntamientos puedan crear su propio Tribunal de Justicia Administrativa.

APRUEBAN LEY DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL FUERZA CIVIL Y REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante la sesión, los Legisladores aprobaron la creación de la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, que consta de 43 artículos permanentes y 2 transitorios.

Con la creación de dicha ley se regula la corporación Fuerza Civil, estableciéndose manuales y protocolos para sus elementos.

En las reformas a la Ley de Seguridad Pública destaca el apartado de escoltas, contemplado en los artículos 54, 55, 56 y 57, en los que se establece el período en el que los ex funcionarios pueden tener elementos para su seguridad cuando concluyan con su cargo, debido a que en la actualidad pueden ampliar el plazo de este servicio.

En el caso del Gobernador se establece un período de hasta seis años para que disponga de escoltas, mientras que para el Procurador de Justicia, Secretario General de Gobierno y los Alcaldes es hasta de tres años. En el caso de Magistrados será hasta por dos años.