La Diputación Permanente convocó por unanimidad al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXXIII Legislatura.

Durante la sesión de este martes, el presidente de la Diputación Permanente, Mario Cantú Gutiérrez, dio a conocer la convocatoria para iniciar dicho período el próximo 1 de Septiembre a las 17:00 horas.

Los Legisladores también aprobaron un punto de acuerdo presentado por el Diputado José Luz Garza Garza, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría sobre la recepción, administración y ejercicio de los recursos del Ramo 33 Fondos III y IV en el municipio de Juárez con respecto a los últimos cinco ejercicios fiscales.

El exhorto se aprobó con el voto de calidad del presidente de la Diputación Permanente, Mario Cantú Gutiérrez.

Además, los Diputados  solicitaron a la Vocalía Ejecutiva del Instituto Federal Electoral y a la Comisión Estatal Electoral, que vigilen y sancionen el uso indebido de los recursos públicos y programas de Comunicación social con fines de propaganda electoral y promoción personal, así como cualquier acto anticipado de campaña electoral que cometan particulares, funcionarios y partidos políticos en contravención a los tiempos de ley.

El Legislador Guadalupe Rodríguez Martínez hizo dicha propuesta, la cual se aprobó por unanimidad.

Durante la sesión, también los Legisladores exhortaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que investigue los posibles delitos de Lesa Humanidad cometidos por servidores públicos, tras la detención del ciudadano Eustacio Sorola Hernández, quien fue detenido el pasado 31 de julio por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe.

El Diputado José Luz Garza Garza presentó el punto de acuerdo, que también exhorta al Municipio de Guadalupe  para que coadyuve con las investigaciones de la detención de este ciudadano, quien posteriormente fue encontrado sin vida.

El exhorto, que se aprobó por unanimidad, solicita respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado que agilice las investigaciones, así como también al Gobierno del Estado y al Municipio de Guadalupe para que respondan solidariamente ante los deudos en los términos establecidos en el delito de desaparición forzada.