A fin de evitar casos de corrupción en funcionarios públicos, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

El Legislador Fernando Elizondo Ortiz presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, que contiene las reformas a los artículos 14, 26, 27 y 77 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios, así como también a los artículos 14, 101 y una adición del 48 bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

Con las modificaciones a dichas leyes se impondrán sanciones a los funcionarios públicos que adjudiquen obras públicas y realicen un proceso de adquisición, arrendamiento o contrato sin que exista el presupuesto suficiente correspondiente.

"El servidor público que transgreda esta disposición será sancionado por la Contraloría con destitución o inhabilitación de uno a tres años para desempeñar un cargo, empleo o comisión públicos, independientemente de la responsabilidad civil o penal que corresponda, para lo cual, el procedimiento de sanción será conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León", cita la reforma en relación a la adquisición de una obra.

Para el caso del servidor público que autorice o realice un procedimiento de adquisición, arrendamiento o contratación de servicio, sin que exista la suficiencia presupuestal correspondiente "será sancionado con destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar un cargo, empleo o comisión público para lo cual, el procedimiento de sanción será conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León".

Las reformas fueron aprobadas por mayoría.