La Comisión de Justicia y Seguridad Pública celebró una mesa de trabajo para estudiar dos iniciativas de ley sobre declaratoria de ausencia de personas.

Las iniciativas, promovidas por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos Asociación Civil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscan facilitar los trámites legales a los familiares de personas ausentes o desaparecidas.

El presidente de la Comisión, Francisco Cienfuegos Martínez, explicó que se trata de crear un beneficio y que exista la figura legal de declaración de ausencia.

"Para que los familiares puedan recibir los beneficios de la persona desaparecida como si hubiera fallecido, tal que se le otorgue la herencia, algún testamento, que no se le quite la casa del Infonavit por falta de pago, pues generalmente la persona que desaparece es el sustento de la familia", dijo el legislador.

En la mesa de trabajo, agregó, se recibieron las inquietudes o propuestas para poder avanzar en una nueva ley que fijará las reglas de declaración de ausencia o desaparición forzada.     

"Con la declaración de ausencia, siempre y cuando existan los candados necesarios como una averiguación del Ministerio Público, testigos, una investigación de por medio, se puedan gozar de los beneficios como los de una persona que pierde la vida. Teniendo esas bases los familiares pueden hacer valer los seguros que las instituciones bancarias o gubernamentales les están dando en beneficio".

Además de Cienfuegos Martínez asistieron a la mesa de trabajo los diputados Lorena Cano López, Gustavo Caballero Camargo y Luis David Ortiz Salinas.

Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, comentó que este instrumento permitirá a las familias poder enfrentar las deudas mediante la suspensión de pagos hasta que la persona aparezca.

Participaron también Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Juan Francisco Rivera Bedoya, representante del Colegio de Abogados de Nuevo León.

Asímismo Antonio Perales Elizondo, director jurídico del Tribunal Superior de Justicia; Jesús Demetrio Cadena Montoya, director del Instituto de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y Juanita Sánchez Cruz, coordinadora en el Centro de Formación Profesional del Instituto de Defensoría Pública.

Otros participantes fueron Jesús Talamantes, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública; Ruy Guerra González y Enrique Irazola Palazuelos, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.