Gobierno del Estado de Nuevo León
Foto: H. Congreso del Estado de Nuevo León
CONCLUYE NL REFORMAS PARA INTEGRARSE AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
24 de Noviembre 2014

CONCLUYE NL REFORMAS PARA INTEGRARSE AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Monterrey, 24 de Noviembre 2014
Al aprobar el Pleno del Congreso la creación de la Ley de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados y la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, se terminó el proceso de adecuación de su normatividad para que en Nuevo León entre en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en abril del 2015.

Ambas leyes, propuestas por el Ejecutivo Estatal, se presentaron y aprobaron por los diputados que integran la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y más tarde, fueron avaladas por el Pleno de manera mayoritaria.

Los legisladores Daniel Torres Cantú y Gerardo García Elizondo dieron lectura al dictamen que contiene los detalles de La Ley de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados en el Estado de Nuevo León y precisaron los objetivos y alcances de la misma.

A favor del proyecto se pronunciaron los legisladores Francisco Cienfuegos Martínez, Luis David Ortiz Salinas y Guadalupe Rodríguez Martínez.

"Con estos cambios de fondo, al día de hoy se completa el proceso de aplicación e implementación del paquete de reformas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio", señaló Cienfuegos Martínez.

En esta Ley se establece la creación de la Comisión para la Supervisión de la Administración de Bienes Asegurados y se integrará por el Procurador de Justicia, quien será el encargado del manejo de los bienes, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario de Finanzas y Tesorería, el Secretario de Salud y el titular de la Unidad de Bienes Asegurados, órgano que tendrá a su cargo la administración de los bienes.

Se establece que los recursos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados se destinarán a un Fondo de Seguridad Pública Estatal, que se creará a partir de la ley.

En el caso de que el bien asegurado, decomisado o abandonado sea una obra de arte, arqueológica o histórica, mientras se realiza el proceso legal será depositado preferentemente en museos, centros u otras instituciones culturales públicas.

La normativa también establece el destino y uso de los bienes inmuebles y de las empresas, negociaciones y establecimientos que sean decomisados o abandonados.

En la misma sesión se aprobó por mayoría posteriormente la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. El dictamen correspondiente fue leído por los diputados Gustavo Caballero Camargo y Gerardo García Elizondo, mientras que Luis David Ortiz Salinas habló a favor y pidió su aprobación al Pleno.

Parte de lo que establece la normativa en mención es otorgar garantías de seguridad para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta en el proceso penal.

Las personas protegidas podrán ser: las víctimas, los ofendidos, los testigos y en general quienes intervengan en el procedimiento; así como otros sujetos que, con motivo del mismo, se encuentren en situación de riesgo.

Se detalla un catálogo de medidas de resguardo entre las que destacan la custodia personal o del domicilio, mediante la vigilancia directa o a través de otros medios; el alojamiento temporal en lugares reservados o en centros de protección y el traslado con custodia a las dependencias donde se deba practicar alguna diligencia.

En caso de que la persona protegida se encuentre recluida en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, se podrá realizar su separación de la población general, asignándole un área especial dentro del establecimiento penitenciario, entre otras medidas.

La nueva normativa establece tanto los derechos como las obligaciones de la persona protegida, así como las condiciones y suspensión de las medidas de resguardo.

El 18 de junio del 2008 se reformó la Constitución Política Mexicana para establecer un nuevo Sistema de Justicia Penal, que busca una forma de impartir justicia rápida y apegada a los derechos humanos.

Con ello, se acelera la resolución de los procedimientos penales ampliando los derechos de las víctimas y de los presuntos implicados, para lo cual se implementan juicios orales y métodos alternos para resolver los casos.

Para cumplir este propósito en Nuevo León se han realizado reformas a la Constitución local, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica de la Procuraduría, a la Ley de la Defensoría de Pública, a la Ley de Seguridad Pública, al Código Penal y a la Ley de Justicia para Adolescentes.

Además se han creado la Ley de Atención a Víctimas del Delito y la Ley de Extinción de Dominio y sólo falta la Declaratoria de Entrada en Vigor del Código de Procedimientos Penales.

Así Nuevo León logra el primer lugar en el País en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, al adelantarse un año y tres meses.