La Comisión de Justicia y Seguridad Pública organizó una mesa de trabajo para analizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado a fin de armonizarla con el nuevo Sistema de Justicia Acusatorio recién implementado en la entidad.

Presidida por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Páez, la mesa de trabajo permitió escuchar las observaciones de autoridades, organizaciones civiles e instituciones de educación superior.

"Vamos analizar tres expedientes que competen al Poder Judicial y por ello contamos con la participación de representantes de Instituto Renace, el Colegio de Abogados de Nuevo León, el Centro de Estudios Legislativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Defensoría Pública y la Secretaría de Seguridad Púbica", explicó Rodríguez Páez.

"Nosotros vamos a incorporar sus comentarios y observaciones a estas iniciativas para enriquecer los expedientes y poder dictaminarlos en la comisión para que la Ley esté acorde a la implementación del nuevo sistema".

Algunas de las observaciones comprendieron la necesidad de la especialización y capacitación constante de los defensores, las atribuciones de los jueces de control, la creación de instancias como el Comité de Jueces, la Unidad de Administración y la Coordinación Editorial.

De igual forma se trataron reformas a la carrera policial, la organización de los juzgados y la gestión judicial, la ampliación del número de magistrados y el tiempo de duración del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Asistieron, los legisladores que integran la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Lorena Cano López, Gustavo Caballero Camargo, Melva Sidya Orozco Castillo, Fernando Elizondo Ortiz y Luis David Ortiz Salinas.

Participaron en la mesa de trabajo con sus aportaciones Antonio Perales Elizondo, director jurídico del Tribunal Superior de Justicia; Xaveira Garza Camarena, representante de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal; María del Rosario Garza Alejandro, Juez Segunda de Juicio Oral Penal y José Luis Pecina Alcalá, Juez Segundo de Control del Poder Judicial.

Así como Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director del Instituto Renace A.B.P.; Mario Alberto Hernández Ramírez, director de Ejecución y Sanción del Instituto de Defensoría Pública y Juan Francisco Rivera Bedoya, en representación del Colegio de Abogados de Nuevo León.

También asistieron Jesús Demetrio Cadena Montoya, director del Instituto de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia; José Humberto García Salazar, Coordinador Jurídico de la Subsecretaría de Prevención Social de Seguridad Pública y Nina Ruiz Zambrano, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.  

Por parte del Centro Estudiantil de Estudios Legislativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León se tuvo la colaboración de Aimé Hernández Salazar, Zinthia Karina Ramos Lamas y Dominga Balderas Martínez.