+ Exponen los principios y criterios que orientan la política nacional en la materia

+ Establece la obligación de la autoridad de reparar la violación de los derechos de los menores

La importancia de homologar las normativas locales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que sus principios rectores orienten la política gubernamental a la defensa de los derechos de la infancia, fueron algunos puntos tratados en la mesa de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso.

La charla fue dirigida por las consultoras Cecilia Rodríguez y Carmen Rubio, quienes acudieron en representación de Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México.

Algunos aspectos de la Ley fueron expuestos durante la mesa de trabajo como elementos técnicos mínimos, las implicaciones y cambio de perspectiva desde un enfoque de derechos que incluye la normativa.

De igual forma se trató lo referente a los mecanismos nacional y locales a establecer para fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que implican un programa de protección de derechos, un sistema de información, un presupuesto con enfoque  de derechos y los mecanismos de evaluación y diagnóstico.

"Los efectos de la adecuada implementación de esta ley impacta en 40 millones de niños, siempre y cuando se implemente adecuadamente", dijo Rodríguez.

"Para que todo esto pueda ser efectivo debe tener como base leyes locales que permitan darle efectividad a este sistema concurrente con medidas específicas, atribuciones y distribución de competencia entre Federación, estados y municipios".

Rodríguez comentó que UNICEF se ha dado a la tarea de ofrecer a los Congresos estatales lineamientos mínimos que deben tener las leyes locales para poder armonizar con la Ley General y, al mismo tiempo, con los tratados internacionales y la Constitución federal.

El diputado presidente de la Comisión, Luis David Ortiz Salinas, explicó que con esta ley el gran cambio es que en el caso de las víctimas o en cualquier violación a los derechos humanos el Estado tiene la obligación de entrar y reparar esa situación.

"Si por ejemplo, hay niños que no van a la escuela por las distancias y que abandonan la escuela, el Estado tiene la obligación de llevarlos, la diferencia es que antes era un derecho a la educación y ahora hay una obligación de tratar de repararlo", mencionó Ortiz Salinas.

La Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue promulgada el 4 de diciembre pasado, por el Presidente Enrique Peña Nieto; en la misma se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo de derechos, el fortalecimiento de las instituciones para reforzar este catálogo y establecer el sistema nacional de protección integral, así como implementar la colaboración de los distinto órdenes de gobierno que estarán obligados a considerar en sus presupuestos partidas para cumplir a esta nueva legislación.

Participaron también en la mesa de trabajo los diputados María Dolores Leal Cantú, Guadalupe Rodríguez Martínez, José Juan Guajardo Martínez, Gustavo Caballero Camargo y Melva Orozco del Castillo.

Así como los invitados Alejandro Morton, director de Protección al Menor y la Familia del DIF estatal; Luz María Ortiz Quintos, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia y Adriana Dávila, de la Asociación Estatal de Padres de Familia.