Para garantizar el respeto a los derechos de los menores de edad y la participación de todos los niveles de gobierno para protegerlos, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

El Diputado Héctor García García presentó el dictamen, que previamente fue autorizado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

"Es uno de los temas de mayor relevancia que hemos atendido debido de la laceración que tiene el tejido social de nuestra comunidad, tema que tiene que ver con una nueva ley de niñas, niños y adolescentes que los reconoce como sujetos de derechos", dijo García García

"Esta legislación garantizará el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la intervención de la problemática que tendrán que atender las autoridades de los tres niveles de gobierno en una coordinación para ser efectivo estos derechos".

Los objetivos de la nueva normativa estatal es su homologación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ampliar la gama de sus derechos, así como garantizar el ejercicio pleno de los mismos.

Además se amplía el marco jurídico para la intervención de las autoridades municipales y establece como prioritario establecer los recursos requeridos para proyectos en el presupuesto de egresos.

"Incorpora un catálogo de 21 derechos mínimos acorde a los instrumentos internacionales en materia de protección de la niñez", agregó García García.

La misma también establece las obligaciones para los diversos niveles de gobierno para que desarrollen las políticas públicas enfocadas a proteger y garantizar sus derechos mediante la creación de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Entre algunas obligaciones para los municipios y el estado destaca el proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva en materia de salud y en su caso de ser necesario el apoyo de traductor e intérprete para asesoría jurídica y orientación social a quienes ejercen la patria potestad.

Mientras que a los municipios les establece la obligatoriedad de contar con programas de atención, ya que bajo la nueva ley funge como la primera autoridad de contacto con los menores, y servirá de enlace con otras autoridades estatales federales y estatales competentes.

García García detalló que otro rol de los municipios será el establecer los programas para atender de manera pacífica  de conflictos en el ámbito familiar, las estrategias de acompañamiento para la convivencia de los niños, niñas y adolescentes con sus familiares cercanos como producto de una resolución administrativa o judicial.

Se establece la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para sustituir la anteriormente denominada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que tendrá entre sus facultades está prestar asesoría y representación de menores involucrados en procedimientos judiciales o administrativos.

"Además de fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar y será la única autoridad facultada para capacitar, evaluar y certificar a las instituciones asistenciales y a los Sistemas DIF Municipales así como a los Sistemas DIF Municipales, así como al personal que en estas labore, para llevar a cabo acogimiento familiar y/o adopción", destacó el Diputado.

A favor del punto de acuerdo se pronunciaron Ludivina  Rodríguez de la Garza, Eva Patricia Salazar Marroquín, Eva Margarita Gómez Tamez, Cosme Julián Leal Cantú, Rubén González Cabrieles, Marco Antonio Martínez Díaz y Sergio Arellano Balderas.

La nueva normativa se compone de 172 Artículos, divididos en siete Título y ocho transitorios.

A nivel nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por el Congreso de la Unión, entró en vigor el 5 de diciembre de 2014 y prevé un plazo de 180 días para que las legislaturas locales realicen las modificaciones a sus leyes según lo establecido por el decreto.