El Congreso del Estado aprobó reformas por modificación a la Ley de Defensoría Pública del Estado para que no se cobre por los servicios periciales que se presten al Instituto en materia penal, civil, familiar, mercantil y justicia administrativa.

El Legislador Adrián de la Garza Tijerina presentó el dictamen 10093/LXXIV que indica que en todo el Estado, este organismo público se encuentra formado por 196 abogados para salvaguardar los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política, y para brindarle asesoría jurídica, la obligación de estos defensores es dar asesoría legal gratuita a quien no puede pagar un abogado.

"El servicio de la Defensoría Pública es excelente, el problema que nos ocupa es cuando en los procesos jurídicos, en que son requeridos dictámenes, peritajes, avalúos, certificados, etc., que tienen que efectuarse por peritos, médicos, etc, de manera privada ,que tienen un costo que no puede ser cubierto por los promoventes, por citar algunos procesos jurídicos: Juicio de Interdicción, donde se requieren 3 Dictámenes Médicos por Especialistas, que deben ser ratificados en el juzgado por los firmantes, este es un tipo de procedimiento apremiante ya que el enfermo por su incapacidad no pueden ya llevar actos jurídicos como el cobro de su pensión, la administración de un bien, que pueda ser utilizado para proveer al incapaz de lo necesario", comentó.

Los diputados Jorge Blanco, Ángel Barroso, Cosme Leal y Sergio Arellano Balderas y Rubén González Cabrieles se pronunciaron a favor del dictamen.