Con el propósito de proteger los derechos de las mujeres privadas de su libertad y sus infantes, el Congreso del Estado de Nuevo León, exhortó al Titular del Ejecutivo del Estado, Jaime Rodríguez, para que instruya a los encargados de la administración de los Centros de reclusión en el Estado a que cumplan con lo que se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En el Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Héctor García también se solicita que apliquen de manera puntual los recursos destinados para esa área, o en su caso redireccionarlos para cumplir con lo antes establecido.

"Las mujeres que se encuentran recluidas en los llamados Centros de Readaptación Social (CERESO) del sistema de impartición de justicia nacional mexicano, son mujeres a las que se les considera como delincuentes o criminales, pues se les presume responsables de una o más faltas, ya sea por acción u omisión, a las normas dictadas por nuestro sistema legislativo. Dicho sistema no solo describe las transgresiones posibles sino también las penas que deben imputarse a quienes incurren en ellas", expresó el diputado.

"De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en México existen 420 centros de reclusión, de los cuales 15 pertenecen al Gobierno Federal, 11 al Gobierno del Distrito Federal, 303 a los Gobiernos Estatales y 91 a los Gobiernos Municipales".

Es importante señalar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que, en los derechos de las reclusas destacan que podrán recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario, recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario.

En términos de la legislación aplicable y acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.

Se pronunciaron a favor los diputados José Luis Santos, Karina Barrón, Sergio Arellano, Marco Martínez y Patricia Salazar.