La Comisión de Legislación aprobó modificaciones a diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León.

En entrevista, el Presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Héctor García expresó que cualquier Sistema de Mejora Regulatoria tiene como fin mejorar y simplificar los procesos y trámites administrativos que se tuvieran en cualquier dependencia de gobierno haciéndolos menos burocráticos para la ciudadanía.

"Encontramos oportuno mejorar los alcances que tiene la ley actual, proponiendo el uso de las tecnologías de la información, permitiendo un desarrollo económico en el Estado, basando en las mejores prácticas de simplificación de actos administrativos, bajo los principios de máxima eficacia y transparencia gubernamental, por lo que se advierte pertinente establecer que el análisis que deberá hacerse tendrá por objeto verificar la relación del costo beneficio de las diversas regulaciones de los sujetos obligados".

"La presente Ley tiene como objetivo crear el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, así como establecer las disposiciones y los principios rectores de mejora regulatoria y simplificación administrativa a las que deben de sujetarse la Administración Pública Estatal, así como las bases generales concernientes a la Administración Pública Municipal, a través de la coordinación de acciones entre las autoridades y los sectores social y privado, procurando el uso de las tecnologías de la información, a fin de permitir el desarrollo económico del Estado, con base en principios de máxima eficacia y transparencia gubernamental", expresó el diputado Héctor García.

"Se exceptúa la aplicación de esta Ley a las materias fiscales, laboral, de responsabilidad de los servidores públicos, de justicia administrativa, de seguridad pública, el Sistema Estatal Anticorrupción, las Leyes establecidas en el artículo 152 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el cumplimiento a sentencias dictadas por autoridades judiciales, las obligaciones que deriven de leyes federales, y al Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones constitucionales; así como a los trámites, servicios y actos administrativos que deriven de Programas Federales, en cuyo caso, se deberá aplicar la normatividad correspondiente".