Para que se castigue con uno a seis años de prisión a quien se declare en estado de insolvencia para evadir el pago de las pensiones alimenticias u obligaciones alimentarias, el diputado Sergio Arellano propuso iniciativa de reforma del Código Penal del Estado de Nuevo León.

Al presentar la iniciativa, el legislador Sergio Arellano expresó que el objetivo de la presente iniciativa es otorgar certeza y seguridad jurídica tanto a las autoridades administrativas como jurisdiccionales en materia de obligaciones alimentarias así como a los acreedores alimentarios.

"Consideramos necesario por una parte precisar quienes se pueden colocar en estado de insolvencia así como establecer además de la parte agraviada los ascendentes y descendientes quienes pueden representar a quienes deban cumplir con los deberes y las obligaciones para resguardar los derechos del infante o de quien se trate".

"Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y este sea el único medio para tener ingresos, o por cualquier otro medio se coloque de manera voluntaria en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y multa de 180 a 370 cuotas. El juez resolverá la aplicación de los ingresos que reciba el deudor alimentario a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de este", propuso el diputado Sergio Arellano.

"Se perseguirá a petición de la parte agraviada de sus ascendientes o descendientes, o de cualquier persona física o jurídica que de hecho tenga a su cuidado al ofendido".

A la iniciativa por modificación de los artículos 280 bis y 282 del Código Penal se suscribió la diputada Marlene Benvenutti.