El Diputado Luis Armando Torres propuso modificar la Ley Para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León, con el fin de plasmar en el texto de la misma sanciones a quienes dañen el arbolado de las plazas públicas y las áreas verdes, y establecer la obligación de cualquier autoridad estatal o municipal, de contar con una valoración que justifique derribar o podar árboles, misma que debe ser expedida por un dictaminador técnico avalado por universidades o asociaciones civiles especializadas en la materia.

"En la zona metropolitana del Estado se sufre un déficit de áreas verdes. Revertir los aspectos negativos que esto genera en un contexto de crecimiento conurbado desordenado es un asunto complejo y profundo, cuyo análisis deja en evidencia la inexistencia de una política pública que tenga como fin el revertir en modo progresivo, la carencia de áreas verdes suficientes y que presenten condiciones adecuadas en su integridad. A esto se añade la ocurrencia de cambios de uso de suelo, en zonas forestales y urbanas, que consolidan el déficit en este aspecto" comentó el Diputado Luis Armando Torres en su exposición.

Considerando un parámetro determinado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2013, por cada habitante de la zona metropolitana debe existir 15 metros cuadrados de área verde. En ese sentido, la extensión tendría que ser superior a los 63 millones de metros cuadrados.

"Comparado ese valor con el vigente, nos daremos cuenta de los valores astronómicos en la carencia de este concepto. Casi 50 millones de metros cuadrados de área verde se requieren desarrollar, para poder revertir el déficit de áreas verdes que se tiene en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana", expresó el Diputado Torres

El legislador mencionó también que ha recibido quejas de vecinos de diversos municipios metropolitanos, e inclusive, de municipios rurales, de que las autoridades municipales han derribado árboles maduros para remodelar las plazas públicas.

Los artículos de la Ley Para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León que propone adicionar, son el 8 Bis y 24 Bis, quedando como sigue:

"Artículo 8 Bis.- Cuando se presenten daños al arbolado urbano de plazas públicas o áreas verdes, y en el desarrollo de estos trabajos se suponga responsabilidad de los Ayuntamientos, será la Secretaria de Desarrollo Sustentable, representada por la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, quienes realicen los trabajos de inspección, vigilancia, o sanción de los hechos, siendo esta excepción la única en la cual la competencia de los Ayuntamientos en relación al cuidado o sanción de los daños al arbolado urbano no será ejercida".

"Artículo 24 bis.- Cualquier Autoridad Municipal en él Estado de Nuevo León que realice trabajos para la construcción o remodelación de plazas públicas, áreas verdes u otros espacios municipales de condición equivalente como camellones, calzadas, glorietas, hospitales, edificios públicos, en los que se requiera el derribo de árboles urbanos, deberá contar con un dictamen realizado por un dictaminador técnico externo al Ayuntamiento, vinculado con universidades o asociaciones civiles relacionadas con este tema, en el cual se realicen las valoraciones científicas necesarias que justifiquen el derribo, trabajos de poda, o la conservación en su condición vigente, por no ser necesaria su eliminación".

La iniciativa de reforma se turnó a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y análisis.