La Diputada Itzel Soledad Castillo Almanza presentó ante el Pleno una reforma a la Ley Estatal de Salud, para establecer la obligación de las autoridades de salud en la entidad de implementar programas permanentes para la prevención del embarazo en menores de edad.

Ante las consecuencias en un embarazo en adolescentes, no solo en el aspecto de salud, sino también en el desarrollo personal, apuntó la importancia de contar con programas y estrategias para prevenir.

"El embarazo en menores de edad, no sólo tiene repercusiones en la salud de éstas y de sus hijos, sino en sus opciones para continuar con su educación académica, en el abanico de opciones para su proyecto de vida, en sus relaciones sociales y culturales, en sus posibilidades de desarrollo, en las condiciones en que se inserte en la vida laboral, entre otros aspectos. Ser madre o padre adolescente suele iniciar y/o reforzar una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, características propias del desarrollo en esa etapa y a la adopción de roles de género tradicionales, así como a la pérdida de vivencias y adquisición de conocimientos propios de la adolescencia.

"Cuando una niña queda embarazada su vida cambia radicalmente, pues asume responsabilidades que no son aptas para su edad. Con todo esto es posible que termine abandonado la escuela y disminuyan sus oportunidades laborales. Dejándola en un estado de vulnerabilidad e indefensión frente a un nuevo panorama socio-económico, al carecer de las herramientas necesarias para afrontar la responsabilidad de la maternidad, lo que puede llegar a afectar su salud física, emocional y mental", indicó la Legisladora al exponer la iniciativa de reforma.

La Diputada subrayó que la educación es el mejor anticonceptivo y este tema debe abordarse a edad temprana, donde se incluyan programas sólidos basados en evidencia sobre educación sexual en las primarias y secundarias, además del sector salud.

Aseguró que actualmente se tiene la necesidad de diseñar políticas que permitan a las jóvenes obtener mayor información y uso correcto de los métodos anticonceptivos, informar a los prestadores de servicios de salud sobre el derecho que tienen las jóvenes a ser informadas, y recibir atención al igual que los demás grupos poblacionales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.