El Diputado Asael Sepúlveda Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental, al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado, con el fin de otorgar tratamiento ambulatorio o domiciliario a los alumnos y alumnas inscritos en el sistema educativo estatal, como parte de la atención médica plena en materia de salud mental, a pesar de exista negativa de quien ejerza su patria potestad tutela o guarda y custodia, para evitar hechos violentos que atenten contra su integridad o la de la comunidad educativa.

"Los niños y adolescentes que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela, sus comunidades y en cualquier otra parte en que se encuentren. Sin embargo, en Nuevo León más de 4 millones 600 mil personas mayores de siete años han tenido algún sentimiento de depresión, preocupación o nerviosismo, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2017", mencionó el legislador.

"De conformidad a los estudios realizados por la OMS en diversos países en vía de desarrollo y desarrollados, se asocian con el suicidio y en personalidades antisociales que generalmente desencadenan agresiones premeditadas, como lamentablemente ocurrió aquí, el pasado 18 de febrero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste, y más recientemente en el Colegio Cervantes, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 10 de enero de 2020;" comentó.

La iniciativa presentada, contempla los siguientes aspectos:

● Establecer en las instituciones educativas, públicas y privadas, la aplicación de evaluaciones y diagnostico psicológico, por lo menos una vez bimestralmente después de iniciado el ciclo escolar correspondiente.
● Ampliar las facultades de la Autoridad Educativa para que desde los planteles que imparten la educación básica se informe a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, derivado de los resultados de las evaluaciones y diagnostico psicológico, cuando se advirtiera la necesidad de atención a la salud mental de alguno de los alumnos.
● Establecer como derecho de las niñas, niños y adolescentes que requieran de atención a su salud mental, el ser acompañado por quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia desde el inicio del tratamiento hasta la rehabilitación.
● Ampliar las atribuciones de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para que vele de forma supletoria y ante la negativa de quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia, por los intereses de los menores cuando derivado de los resultados de las evaluaciones y diagnostico psicológico, se advirtiera la necesidad de atención su salud mental, bajo la modalidad de tratamiento ambulatorio o internamiento. Asimismo, para que no sólo pueda solicitar el internamiento de una persona a una unidad de salud mental, sino también, el tratamiento ambulatorio o domiciliario a los centros comunitarios. Además, de la obligatoriedad de dar vista al Ministerio Público, cuando se advierta que, durante el proceso de atención a la salud mental del menor, el usuario está siendo o ha sido víctima de negligencia, abandono, violencia o maltrato de carácter físico, psicológico, sexual, emocional o económico por parte de quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia o de cualquier persona.
● Ampliar la tipificación del delito de abandono de menores para incluir el supuesto de la salud psicológica.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública y la de Atención a Grupos Vulnerables.