La Diputada Nancy Olguín Díaz presentó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se asegure la correcta aplicación de la Ley de Educación del Estado y se garantice el derecho de los alumnos del Centro de Alto Rendimiento Académico a recibir una educación apropiada a su nivel de sus capacidades intelectuales.

Asimismo, se exhortó a la Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervenga, e inicie los procedimientos correspondientes que señalen a los responsables de vulnerar los derechos de los alumnos del plantel educativo.

"En fecha 25 de febrero del presente año, la C. María de los Ángeles Errizuriz Alarcón, Secretaria de Educación de Nuevo León, rindió comparecencia ante esta soberanía; dentro de los asuntos cuestionados a la funcionaria, se le señaló y comunicó, que se tuvo la visita de padres que tienen actualmente a sus hijos recibiendo enseñanza en la escuela pública de nombre Centro de Alto Rendimiento Académico, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza Nuevo León. Los padres han manifestado una serie de inconformidades en el apoyo, trato y desarrollo académico y operativo que ha tenido la Secretaría de Educación que le ha dado a dicho plantel, pues señalaron que dicha dependencia realiza la inclusión de profesores sin la debida formación y capacitación para impartir clase en esa institución de Alto Rendimiento", indicó la Legisladora.

Señaló que la Secretaría de Educación ha utilizado ese plantel para tenerlo de forma discriminatoria en el olvido durante estos últimos ciclos escolares, para enviar a maestros sin la debida formación y capacitación de atención de esta educación especial o por algún compromiso particular y para desmantelamiento del plantel, quitando de su alcance mobiliario y tecnología que había sido donado por instituciones privadas a la escuela, lo cual ha causado una interrupción y menoscabo en la educación del alumnado.

"De lo antes expuesto se deriva la necesidad que tienen dichos alumnos de no ser más vulnerados en sus derechos por un trato discriminatorio, de tal forma que es necesario la intervención del órgano encargado de vigilar que se respeten sus derechos", concluyó Olguín Díaz.