La Diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez propuso reformar la Constitución Política del Estado para establecer como obligación de todas las autoridades para que establezcan, en sus respectivos presupuestos de egresos, las asignaciones financieras relativas a la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos.

Señaló que no basta con modificar las leyes, porque es necesario también modificar las prácticas y la interpretación que es asociada con ellas.

"Lo anterior lo consideramos así, pues una simple reforma legislativa no alcanza para dar por cumplida esta obligación, sino que todas las autoridades del Estado deben hacer todo lo necesario para que la nueva norma tenga el efecto deseado en cuanto a la realización de los derechos", expresó.

Para ello, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo "propone adicionar al artículo 1º de la Constitución Política del Estado, para que todas las autoridades establezcan en sus presupuestos de egresos las asignaciones financieras para indemnizar a las víctimas y así reparar la violación a sus derechos humanos y no provocar un victimización secundaria o revictimización que derivan en un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida" finalizó la Legisladora.