La Diputada Consuelo Gálvez Contreras presentó un exhorto en el que se pide a las titulares de las Secretaría de las Mujeres, la Secretaría para la Igualdad e Inclusión y del Instituto Estatal de las Mujeres, que gestionen ante la Tesorería estatal que en el presupuesto de egresos 2022 se incluya una partida exclusiva para las organizaciones gubernamentales que brindan a las mujeres en situación de violencia y sus familias servicios de refugio, apoyo psicológico, asesoría legal y gestoría de servicios médicos.

Gálvez Contreras resaltó que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental en la protección de las mujeres, ya que ofrecen de manera gratuita diversos servicios, incluyendo el de refugios, que permiten romper el ciclo de violencia al que están sometidas muchas mujeres, pero que enfrentan constantemente dificultades económicas para seguir operando, por lo que es necesario una partida presupuestal para que ofrezcan su apoyo de manera periódica.

"Considero que estas asociaciones merecen un trato más justo en el presupuesto, toda vez que son las principales aliadas de la Administración Estatal para combatir el fenómeno de la violencia de género.

Por ello, es indispensable este exhorto para que estas nuevas secretarías estatales gestionen ante la tesorería del Estado, la inclusión en el presupuesto de egresos 2022, de un fondo económico exclusivo para las organizaciones que apoyan a las mujeres", dijo la Legisladora.

Señaló que el presupuesto estatal 2021 estableció 59 millones de pesos para el programa "Mujeres libres de violencia", así como el programa "Prevención de Violencia contra la mujer" por 20 millones de pesos, esto a la par del concepto de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, por un monto de 153 millones de pesos para transferencias a estas organizaciones.

No obstante, estos montos fueron establecidos de manera general, para que, por medio de convocatorias, todas las OSC´s registradas pudieran participar para la obtención de recursos, sin embargo, esto no es garantía de que organizaciones dedicadas al apoyo a mujeres en situación de violencia puedan acceder a recursos suficientes para continuar con sus programas.