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HONORABLE ASAMBLEA:

 

 

En fecha 13 de septiembre de 2010 a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente listado con el número 6479/LXXII, mismo que se encuentra conformado por un escrito signado por los CC. Diputados José Ángel Alvarado Hernández y Jorge Santiago Alanís, quienes conforman el Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Político Nacional perteneciente a esta LXXII Legislatura, quienes promueven iniciativa de reforma por modificación de los artículos 51 Bis fracción II y 143 fracción III; y por derogación del Capítulo II "Rapto" que contiene los artículos 359, 360, 361, 362, y 363; del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación precisamente a suprimir de nuestra ley positiva el tipo penal de rapto.

 

ANTECEDENTES

 

Manifiestan los promoventes de la iniciativa en estudio que hacer efectivos los derechos de la mujer, sobre todo los que se refieren a una vida libre de violencia, constituye una asignatura pendiente en Nuevo León. Esta situación persiste no obstante que existe el basamento constitucional y las leyes secundarias en el ámbito estatal, para revertirla.

 

Expresan que en el artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y su correlativo artículo 1º. de la Constitución Política Estadual, preceptúan que el varón y la mujer son iguales ante la Ley y que asimismo, con el propósito de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el gobierno de México ha suscrito diversos convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Senado de la República, por lo que adquirieron rango constitucional.

 

Destacan entre ellos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAU) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979; la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém Do Pará, aprobada en 1990 en la ciudad de Brasil del mismo nombre; la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing del año 1994 y el Protocolo para Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, celebrada en el año 2000.

 

Continúan manifestando que a nivel nacional, se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

 

De la misma manera, refieren que en el ámbito local existen la Ley de Prevención y Atención Integral a la Violencia Familiar, además de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, aprobada por la actual legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 2011.

 

Aducen que como se observa, no existe justificante alguna para que en nuestra entidad persistan disposiciones pasadas de moda, que conculcan los derechos humanos fundamentales de las mujeres; refiriéndose en lo particular, como ellos le llaman, a la práctica ancestral de "robarse a la novia", con fines sexuales o para contraer matrimonio, lo que configura el delito de rapto de acuerdo con el artículo 359 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que a la letra dice:

 

"Artículo 359.- Al que se apodere de una mujer por medio de la violencia física o moral, de la seducción o del engaño, para satisfacer algún deseo erótico-sexual, o para casarse, se le aplicará una pena de seis meses a seis años de prisión y multa de tres a diez cuotas".

 

Por su parte, el artículo 362, del ordenamiento antes citado, dispone lo siguiente:

 

"Artículo 362.- Cuando el raptor se case con la mujer ofendida, no se podrá proceder criminalmente contra él ni contra sus cómplices, por rapto, salvo que se declare nulo el matrimonio".

 

Puntualizan que como se observa, con esta disposición absurda que en estos tiempos bajo ningún concepto se justifica, es suficiente que el agresor contraiga nupcias con la mujer raptada, para eludir cualquier sanción penal; beneficio que también se hace extensivo para quienes intervinieron en esta felonía, que destruye de por vida la autoestima de la mujer.

 

Sostienen que a las mujeres raptadas con fines sexuales, no les queda "otra salida" que aceptar el matrimonio forzado. En caso contrario, el dedo flamígero de la sociedad la señala como culpables, por supuestamente haber provocado los hechos que condujeron a su deshonra.

 

Expresan que no pasa desapercibido para nuestro grupo legislativo, que pudieran existir casos en los que de común acuerdo, el pretendiente y la pretensa, se pongan de acuerdo, para simular el rapto y sobre" hechos consumados", contraer nupcias, sobre cuando existe oposición de los padres de familia de alguno de los consortes. Frente a ello, nada se puede hacer.

 

Sin embargo, consideran necesario proteger la integridad y el honor de las mujeres que son obligadas a casarse en contra de su voluntad, por lo que en este orden de ideas, el Grupo Legislativo Nueva Alianza Partido Político Nacional considera necesario derogar del Código Penal del Estado el delito de rapto, y sosteniendo que de aceptarse su propuesta, la sustracción de la novia con fines matrimoniales erótico sexuales, equivaldría a una privación de la libertad con carácter de secuestro.

 

Lo anterior, por que el activo dispone de todas las agravantes para consumar su fechoría; ya sea forzar a la novia para que se case con él, o bien, para satisfacer un deseo erótico sexual.

 

Al efecto el artículo 357 del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece una sanción de treinta a sesenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas, cuando la privación de la libertad tenga carácter de secuestro, en seis diferentes modalidades, distribuidas en seis fracciones de que consta el numeral aludido.

 

Para el caso que nos ocupa, señalan que le resultaría aplicable lo dispuesto en la fracción II, cuando en la privación de la libertad con carácter de secuestro, se utilicen amenazas, maltrato, tormento o cualquier otra forma de violencia.

 

Mencionan que el delito de rapto en los términos previstos por el Código Penal para el Estado de Nuevo León, se encuentra derogado entre otros, en los Códigos Penales de Oaxaca, Tamaulipas y Jalisco.

 

Finalmente, la derogación del delito de rapto, implica reformar los artículos 51 Bis fracción II y 143 fracciones III, del Código Penal del Estado. En el primer caso, para excluir el rapto, de los delitos cuya penalidad se puede beneficiar por trabajo en beneficio de la comunidad. En el segundo caso, para eliminar la referencia a la reparación del daño por dicho delito.

 

CONSIDERACIONES

 

Corresponde a este Poder Legislativo conocer sobre el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

 

Es competente para atender la presente solicitud la Comisión de Justicia y Seguridad Pública como órgano dictaminador, de conformidad con lo preceptuado por los diversos numerales 70, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39, fracción III, inciso a), 107 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

 

Tema sin duda complejo el presentado por los Diputados promoventes pues efectivamente resulta necesario en revisar determinaciones legislativas que han permanecido inmutables durante el transcurso del tiempo y que es necesaria su revaluación tendiente a determinar su debida permanencia en nuestras leyes estaduales.

 

Es aceptado que el derecho tiene como finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible la vida gregaria; se manifiesta como un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado.

 

La anterior definición del vocablo "Derecho", hecha por Castellanos, muestra la finalidad de esta ciencia. Puede llamársele de diferente manera como "hacer posible la vida gregaria" o "buscar el bien común", pero al final se llega a la conclusión de que el derecho busca la vida pacífica dentro de la comunidad.

 

Cuando los miembros de la sociedad no siguen las normas dictadas por ella se hacen acreedores a una pena. Debido a que las personas tienden a encuadrar su conducta en las reglas preexistentes en el derecho penal, el cual, como su nombre lo índica, se dedica a tipificar las conductas haciéndolas acreedoras a un castigo.

 

El primer penalista dogmático que intento hacer una sistemática de la norma fue BINDING. Partió del señalamiento de que "el delincuente no puede actuar en contra de las distintas leyes penales particulares. Esto, actúa precisamente conforme a la primera parte de la ley penal". El delincuente cumple el tipo penal. Realiza la hipótesis. No viola para nada la ley penal.

 

El derecho penal, como instrumento de control social formalizado que incide en la sociedad en orden a obtener comportamientos determinados (de acción y omisión) compatibles con la convivencia pacífica de los ciudadanos, se vale del mensaje preventivo general de la pena para informar a la comunidad sobre el contenido obligatorio de las normas prohibitivas y de mandato.

 

En este sentido la pena actúa de manera preventiva general con sus modalidades de prevención general negativa o pena intimidación, y preventivo general positiva o pena integración, y preventivo especial, prevención especial, prevención general negativa o inocuizacion temporal, y prevención especial positiva o resocialización.

Ahora bien, después de estas consideraciones doctrinales, es de identificarse que como es sabido, en los últimos años, el secuestro se ha convertido en uno de los más grandes temores de los habitantes de nuestro país.

Al crecer la ejecución de este delito se deben analizar las causas por las cuales los delincuentes realizan esta práctica. El secuestro moderno y el más usual se presenta con el fin de pedir un rescate de las personas. Por lo regular se analiza la forma de vida de esta gente, se busca a una víctima y se le plagia. Después se hace saber a la familia del secuestro y se solicita una cantidad en dinero, por lo general para que ésta sea liberada. En el caso de que se logre juntar la cantidad y sea pagada, se procede a su liberación, aunque no es inusual que los secuestradores maten a la persona aún con la condición cumplida. Al solicitar una cantidad monetaria a cambio de la vida se amenaza uno de los bienes jurídicos más importantes, tal vez el más importante. Simplemente se utiliza el valor que tiene la persona para sus familiares y se extorsiona consiguiendo dinero rápido y sin ningún esfuerzo. Existen diversas organizaciones criminales que se dedican a monitorear y a secuestrar personas. Algunas se han logrado desmembrar, pero no todas, y lo peor es que en algunos casos ciertas autoridades se ven inmiscuidas.

 

El golpe que los secuestros ocasionan en la sociedad es simplemente muy grande, y precisamente por tal motivo, autoridades locales y federales de los tres niveles de gobierno han venido realizando en los últimos años verdaderos esfuerzos denodados a fin de combatir en la intensidad debida esta conducta y nosotros como legisladores locales no hemos estado al margen pues precisamente en esta legislatura realizamos cambios sustanciales al delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y secuestro exprés.

 

Consideramos que la naturaleza del delito de rapto es muy diferente, pues no se trata de pedir rescate, sino satisfacer en el sujeto pasivo del delito deseos eróticos o sexuales distintos al delito de la violación, por ello el legislador determina su creación y permanencia, pues tiene características reales y para ello nos valemos de la teoría de la norma para dar luz al respecto.

 

En relación a lo anterior es oportuno citar al maestro Alemán Claux Roxin quien afirma que la tarea del estado es muy modesta: "Debe mejorar las relaciones sociales, esto es: la libertad, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y la mejor forma posible de conseguirlo es orientar la finalidad de la pena a la evitación de comportamientos delictivos mediante la incidencia en el delincuente y en la conciencia jurídica de la comunidad.

 

 "Se define la norma como el conjunto de disposiciones que se encuentran contenidas tanto en el código penal, como en otros códigos de índole extrapenal y en disposiciones (decretos y leyes) especiales, se denominan Normas Penales.

 

En este sentido citado, la norma penal es el más importante vehículo a través del cual el derecho penal cumple su función de protección de bienes jurídicos, motivando al individuo al respeto mediante el desencadenamiento de procesos psicológicos que lo inducen a ello,  por norma entendemos los preceptos que en abstracto componen el ordenamiento penal. La norma penal es naturalmente una norma jurídica. Norma, en general, es toda regla o precepto que oriente o discipline las conductas humanas. El tipo es la expresión de la norma y no impide que extraigamos el contenido de la norma a partir de la proposición típica mediante un procedimiento de abstracción. El tipo deriva de la norma y por consiguiente las normas pueden averiguarse por inducción a partir del tipo.

 

En este sentido la norma local si bien expresa el matrimonio como excusa absolutoria del delito, es interesante el transcribir la siguiente tesis la cual nos da luces para próximos trabajos legislativos al respecto:

 

Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Abril de 2000
Página: 991
Tesis: XVII.1o.4 P
Tesis Aislada
Materia(s): Penal

RAPTO. LA SOLA INTENCIÓN DE CONTRAER MATRIMONIO CON LA PASIVO, NO PERMITE LA CONFIGURACIÓN DE DICHO TIPO PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

El artículo 249 del Código Penal del Estado de Chihuahua, es del siguiente tenor: "Al que sustraiga o retenga a una mujer por medio de la violencia, de la seducción o del engaño, para satisfacer un deseo sexual, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión. Si la ofendida fuere mayor de dieciocho años, el rapto sólo se sancionará cuando se cometa mediante violencia o engaño.". De la debida exégesis del precitado numeral, se aprecia como elemento necesario para la configuración del tipo previsto por dicho precepto, el que la sustracción o retención que de la mujer se haga, sea con la finalidad de satisfacer un deseo sexual; luego, debe estimarse que el comportamiento del activo no encuadra en tal tipo penal, si tal privación lo era para contraer matrimonio de manera forzada, sin que pueda considerarse que el hecho de contraer matrimonio sea con la finalidad exclusiva de colmar dicho deseo sexual, tal y como lo exige el referido tipo penal, pues el matrimonio no persigue esos fines.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 516/99. 20 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya.

 

 

Por último, es necesario el establecer que toda norma penal se caracteriza por ser IMPERATIVA; pues dado su carácter de ley formal emanada de la autoridad del estado, como regla de conducta, es inexorablemente obligatoria. Las normas de derecho penal son un conjunto de imperativos, preceptos dirigidos a los ciudadanos, para regular la conducta de estos, mediante la sanción de determinados comportamientos. Así, la finalidad del derecho penal es la conservación y desarrollo de la comunidad social (control social estatal).

Pero esa función de la norma penal, no se agota en su carácter imperativo, pues cumple también una FUNCIÓN VALORATIVA en cuanto califica como contrarios a los fines de seguridad y bienestar del estado respecto de la comunidad, a un sin número de comportamientos y por eso los prohíbe o sanciona. Ciertas acciones u omisiones son reputadas dañosas para la comunidad social, son por ende antisociales y se les reprocha y reprime de manera proporcional a la puesta en peligro. Y en tal sentido ubicamos al delito de Rapto como todavía necesario en base a función valorativa que como representantes populares tenemos de nuestros representados, pues las diferencias entre un secuestro y un rapto son lo suficientemente notorias y evidentes para mantener dicho tipo penal, sin soslayar la necesidad de adecuar sus elementos y excusas absolutorias a fin de contar con una descripción legal más justa.

 

Es por lo anterior que esta Comisión denominada por mandato de Ley como de Justicia y de Seguridad Pública somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

 

 

 

ACUERDO

 

ÚNICO: No es de aprobarse la solicitud planteada por el promovente en relación a modificar los artículos 51 Bis fracción II y 143 fracción III; y por derogación del Capítulo II "Rapto" que contiene los artículos 359, 360, 361, 362, y 363; del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en relación precisamente a suprimir de nuestra ley positiva el tipo penal de rapto. Lo anterior por las consideraciones vertidas en el cuerpo del propio dictamen.  

 

Monterrey, Nuevo León

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

PRESIDENTE:

 

 

           Dip. César Garza Villarreal