Gobierno del Estado de Nuevo León

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6895/LXXII

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6895/LXXII

HONORABLE ASAMBLEA:         

 

 

A la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, le fue turnado en fecha 18 de abril de 2012, para su estudio y dictamen, el expediente número 6895/LXXII, mismo que contiene escrito signado por el C. Pedro Martínez Esquivel que contiene iniciativa que crea la Ley Sobre el Uso Legítimo de la Fuerza Pública del Estado de Nuevo León.

 

Por lo anterior y con el fin de atender el requisito de dar vista a la propuesta en estudio, y de iniciar el procedimiento referido, según lo establecido en el artículo 47 incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión de dictamen legislativo que sustenta el presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes:

 

ANTECEDENTES:

 

Expone el promovente que uno de los pilares indiscutibles del moderno Estado Constitucional lo constituye el respeto a los derechos fundamentales, principio liberal que cualquier Estado que presume ser democrático debe acatar, y que de esta forma, el ejercicio de la actividad administrativa resulta ser la primera manifestación de poder que surge del Estado ante el individuo y donde suceden la mayor parte de las actividades estatales relativas a la restricción de derechos fundamentales.

 

Afirma que es urgente tanto a nivel nacional como local, la adopción de una política criminológica integral que asuma como fin ulterior, el bienestar común de toda la sociedad en su conjunto, y no atacar la delincuencia en si misma; es decir, no aislar el grave problema de la delincuencia y neutralizarlo en discursos y doctrinas penales o de otro tipo, como si estuviera fuera de toda la lógica y estructura social, ya que esto lleva a complicaciones y contrariedades intolerables, como lo visto en nuestro país, la militarización de la policía y las políticas de seguridad pública, la criminalización de sectores de la población vulnerables, así como a abusos y corruptelas en esferas políticas con mucha concentración de poder.

 

Manifiesta en este sentido que el uso de la fuerza pública en nuestro país debe ser actualmente uno de los principales temas en la Agenda Política Nacional, pero que sin embargo, este ejercicio dista mucho de la verdadera realidad, ya que no existe una normatividad clara y precisa sobre la implementación del uso de la fuerza pública, ya sea civil o militar. De tal manera sostiene que ni en la legislación federal o local existe una noción clara de lo que es la fuerza pública, así como su funcionamiento y aplicación; y que tampoco delega claramente que órganos o poderes deben autorizarla, bajo que principios y circunstancias.

 

En este sentido refiere que en la aplicación de medidas para la restricción de los derechos fundamentales debe estar presente en todo momento, el principio pro homine o pro persona, es decir, la aplicación de los medios más benignos posibles, para la consecución de fines.

 

Refiere que una de las principales finalidades de la normatividad nacional y local en materia de seguridad pública, es la preservación del orden interno y de la seguridad pública. En este sentido apunta que la armonización de estos ordenes internos debe ser compatible no solamente con los principios constitucionales de orden interno, sino responder de igual forma, a las exigencias de orden internacional que abordan problemas similares al respecto.

 

Por lo anterior insta a establecer criterios claros para el uso de la fuerza civil y militar. Particularmente pugna por la consagración, ya sea constitucional o federal, sobre su distinción, así como el establecimiento de condiciones particulares a partir de los cuales la autoridad militar puede intervenir en el restablecimiento del orden público. En el entendido de que la actuación de la autoridad militar se encuentra legitimada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, costa debe encontrarse entonces siempre apegada al marco coordinado de seguridad publica entre la federación y los estados.

 

Explica que en la mayor parte de los Estados federales, no existen regulaciones claras que permitan la actuación ordenada de la fuerza pública ni de la policía preventiva. Además señala que de tal suerte que en aquellas entidades como el Distrito Federal en donde si cuentan con una Ley para el uso de la fuerza pública y su respectivo manual, sin embargo dicha normatividad encuentra fundamento en el derecho internacional, pero no en un marco normativo nacional adecuado y acorde a las exigencias de un consenso parlamentario y administrativo transparente, que dote de legalidad y legitimidad el uso de la fuerza pública.

 

Afirma que en este sentido, a partir de este marco regulatorio, las legislaturas locales se encontraran obligadas a adecuarse a los principios básicos que logre consagrar el legislador.

 

Reitera que, no es nuestro propósito debilitar la labor de combate y persecución del delito, ni disminuir la intensidad con la que debería actuar el Estado en determinados casos, sino tener un marco que brinde certeza a la actuación de la autoridad en el uso de la fuerza pública, y de esta manera, prevenir posibles conflictos relacionados con la violación de derechos humanos en contra de la población civil que las mismas políticas públicas protegen.

 

Por lo anterior, y una vez reproducido lo anterior y con fundamento además en el artículo 47, inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, con posterioridad al análisis de la fundamentación y motivación presentada por el promovente de este asunto, quienes integramos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo, a manera de sustento para este dictamen las siguientes:

CONSIDERACIONES:

 

Corresponde al Congreso del Estado conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

 

La competencia que le resulta a esta Comisión de Justicia y Seguridad Pública para conocer de la solicitud  que nos ocupa, se encuentra sustentada al tenor de lo establecido por los numerales 65, 66, 70 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como en lo consagrado  en los artículos 37 y 39, fracción III, inciso i) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

 

De la solicitud de mérito se desprende que el promovente manifiesta su preocupación que actualmente existe en nuestra comunidad derivado del aumento de la inseguridad, y de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del orden.

 

Tal y como el mismo promovente señala en su iniciativa de mérito, en la Ciudad de México ya existe una disposición normativa que regula el legítimo uso de la fuerza por parte de los agentes de policía. En dicha ley se establece la obligación de las fuerzas policiacas de actuar con respeto a los derechos humanos, otorgar atención médica a detenidos por la fuerza, así como asumir la debida responsabilidad cuando ésta sea ilegítima, y por lo tanto a reparar el daño, así como ofrecer un reconocimiento público del abuso y a presentar una disculpa a los familiares. También establece la responsabilidad de los jefes policiacos sobre los abusos de sus subordinados.

El documento que originó tal ley, en su exposición de motivos estipulaba que si bien la actuación de los cuerpos policiacos no es ajena al estado de derecho, cuando se despliega la fuerza pública ésta debe sujetarse a principios para evitar un uso excesivo e ilegítimo, refiriendo que durante décadas en el país, cuando los movimientos sociales se manifestaron, ocurrieron abusos de la policía, y que cuando se han iniciado investigaciones sobre esos hechos, excepcionalmente se aplicaron sanciones.

Por ello, se argumentaba en el dictamen que con ello se buscaba "mantener un equilibrio entre el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la administración de justicia, con la protección a los derechos humanos", y para que el ejercicio del poder no se ejerza sin límite.

La citada ley también define el tipo de armas que se utilizarán por las fuerzas públicas catalogándolas en armas de fuego, armas intermedias y armas letales. En el caso de las intermedias, se consideran los bastones policiales recto y corto. Las esposas de sujeción de muñecas o tobillos serán considerados equipo de apoyo.

También se define que el uso de la fuerza se permitirá por legítima defensa, cumplimiento del deber o para someter a una persona que se resista a la detención, prevenir delitos y proteger o defender bienes jurídicos tutelados.

La intervención policiaca se justificará sólo para "neutralizar la resistencia o agresión de una persona que infrinja o acabe de infringir alguna disposición jurídica y cumplir órdenes" de aprehensión. Para ello, en primera instancia, los policías "darán órdenes verbales directas, y en caso de desobediencia o resistencia, aplicarán el uso de la fuerza", a partir de tres ejes:

Sin utilizar armas, cuando para "vencer la resistencia pasiva de personas, realice acciones necesarias para tal propósito; con uso de las armas intermedias, y con el uso de armas de fuego, "cuando se presente el caso de resistencia activa agravada".

La ley también define los tipos de uso de la fuerza: congruente, cuando es utilizada para lograr objetivos de la autoridad o de los policías en ejercicio de sus funciones; idónea, cuando el armamento, equipo y técnica policial son los adecuados y aptos para repeler una agresión y mantener la defensa y protección de las personas y la sociedad; y legal, para cumplir los supuestos descritos en la ley, así como las situaciones en que los policías podrán usar armas, pues éstos estarán obligados a negociar con un presunto infractor de la ley antes de someterlo, llevar a cabo su detención o incluso disparar en su contra.

No obstante lo hasta aquí expuesto y habiendo analizado detenidamente la presente iniciativa, cabe detenerse en el análisis de la figura de las facultades concurrentes que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto, por ser el objeto preciso de este dictamen, y en este sentido es a lo sumo conocido que las facultades concurrentes atribuyen competencia tanto a los órganos de autoridad federal como a la autoridad local, pero concediendo a una de ellas, en este caso a la federal, la atribución para fijar bases o un cierto criterio de división de esa facultad.

 

Nuestro lenguaje constitucional llama concurrencias legislativas las que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente a favor de los distintos órdenes de gobierno, en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece leyes del Congreso del Unión llamadas Leyes Generales.

 

Estas leyes generales también llamada leyes marco, distribuyen las competencias entre la Federación y los Estados, otorgando las bases para el desarrollo de las demás leyes locales correlativas, desconstitucionalizando la atribución de competencias entre los dos órdenes de gobierno, dejando la función de reparto en el Congreso Federal.

 

La coexistencia de un criterio constitucional de distribución de competencias cooperativo junto con el criterio federalista dual, produce una alteración en las relaciones entre las leyes, en tanto la Constitución, por regla general, no atribuye las competencias en las materias concurrentes, sino que remite a otras leyes federales para ellos. De esta forma, la constitucionalidad de una Ley Federal o local, en las materias concurrentes depende tanto de la Constitución como de la ley marco.

 

En tal orden de ideas, la Constitución Federal establece, en su primer artículo que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece. Además en su artículo 21 de la se reconoce el derecho a la seguridad pública, al establecer que ésta es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala; y en tal sentido todas la autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos en los términos que establezca la Ley;

 

De lo anterior se advierte que la materia de seguridad es de competencia concurrente entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que se hace necesaria en todo caso la creación de una Ley General de Uso Legítimo de la Fuerza, en donde esta faculte a las entidades federativas para el efecto de legislar localmente sobre la creación de mecanismos homogéneos en este tema partiendo de una ley madre. En este sentido, a nivel federal se ha ido avanzando, y prueba de lo anterior es que el pasado 23 de abril de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración que celebraron la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de la Defensa Nacional; la Secretaria de Marina; la Procuraduría General de la Republica, y la Secretaria de Seguridad Pública Federal en el marco del respeto a los derechos humanos, y en lo concerniente a las siguientes normativas:

 

a)    Cadena de Custodia;

b)    Detención y Puesta a disposición; y

c)    Uso legítimo de la Fuerza

A continuación para efectos ilustrativos, se transcribe el citado Acuerdo:

CONVENIO de Colaboración en el marco del respeto a los derechos humanos que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.

 

CONVENIO DE COLABORACION EN EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN LO SUCESIVO LA "SEGOB", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL DOCTOR ALEJANDRO ALFONSO POIRE ROMERO; LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EN LO SUCESIVO LA "SEDENA", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL GENERAL SECRETARIO GUILLERMO GALVAN GALVAN; LA SECRETARIA DE MARINA, EN LO SUCESIVO LA "SEMAR", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL ALMIRANTE MARIANO FRANCISCO SAYNEZ MENDOZA; LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LO SUCESIVO LA "PGR", REPRESENTADA POR SU TITULAR, MAESTRA MARISELA MORALES IBAÑEZ Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL, EN LO SUCESIVO LA "SSP", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL INGENIERO GENARO GARCIA LUNA, A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

 

ANTECEDENTES

 

LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE, EN SU PRIMER ARTICULO QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODAS LAS PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS GARANTIAS PARA SU PROTECCION, CUYO EJERCICIO NO PODRA RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA CONSTITUCION ESTABLECE.

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACION DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY.

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 (PND) ESTABLECE UNA ESTRATEGIA CLARA Y VIABLE PARA AVANZAR EN LA TRANSFORMACION DE MEXICO SOBRE BASES SOLIDAS, REALISTAS Y, SOBRE TODO, RESPONSABLES.

EN EL EJE 1 DEL PND SE "ESTABLECEN OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO, LO QUE ES NECESARIO PARA PROTEGER CABALMENTE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, ASI COMO PARA PROPICIAR UN CLIMA DE ORDEN Y PAZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO"; DE IGUAL FORMA, EN EL EJE 1.7. RELATIVO A LOS DERECHOS HUMANOS, SE ESTABLECE QUE MEXICO PARTICIPA EN EL OBJETIVO UNIVERSAL DE DIFUNDIR Y PROTEGER EL PLENO GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS. POR ESO HA PROMOVIDO LA CREACION DE ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE VELAR POR ELLOS.

DE IGUAL FORMA, EN EL EJE 1.7 DEL PND SE ESTABLECE QUE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONSTITUYE UNA TAREA QUE NO SOLAMENTE IMPLICA LA RESTITUCION EN EL GOCE DE TALES DERECHOS, SINO DESARROLLAR ESQUEMAS MEDIANTE LOS CUALES SEA POSIBLE PREVENIR SU VIOLACION.

DENTRO DEL OBJETIVO 12 DEL PND, SE SEÑALA QUE SE DEBE ASEGURAR EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y PUGNAR POR SU PROMOCION Y DEFENSA, Y EN LA ESTRATEGIA 12.1 REFIERE QUE SE TENDRA QUE ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE UNA SOCIEDAD CADA VEZ MAS PREOCUPADA POR EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INDIVIDUOS.

POR OTRA PARTE, LA ESTRATEGIA 12.3 SEÑALA QUE SE DEBE MODIFICAR LA ORIENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, SUPERANDO LA VISION QUE PRETENDE UNICAMENTE RESTITUIR EL GOCE DE LOS MISMOS, PARA PRIVILEGIAR UN ENFOQUE PREVENTIVO DE LA VIOLACION DE ESTOS DERECHOS. ESTA NUEVA ORIENTACION RESULTA PARTICULARMENTE IMPORTANTE EN EL CASO DE MIEMBROS DE GRUPOS VULNERABLES COMO SON LOS NIÑOS, LOS ADULTOS MAYORES, LOS DISCAPACITADOS, LOS ENFERMOS Y CUALQUIER OTRO GRUPO SOCIAL QUE, POR SUS CARACTERISTICAS, SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA VIOLACION DE SUS DERECHOS HUMANOS.

EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2011, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y, EN PARTICULAR, AL ENTREGAR EL PREMIO NACIONAL 2011, INSTRUYO A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PARA QUE HAGAN PUBLICAS Y, DE SER NECESARIO, ACTUALICEN SUS DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS APLICABLES EN EL USO LEGITIMO DE LA

FUERZA, EN LA OBSERVACION DE LA CADENA DE CUSTODIA, EN LA PRESERVACION DE LAS EVIDENCIAS DEL DELITO, TODAS ELLAS INDISPENSABLES PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y EFICACIA DE LAS INVESTIGACIONES MINISTERIALES, TAL COMO ESTABLECE EL MARCO LEGAL APLICABLE EN MEXICO.

RESULTA NECESARIO QUE LAS "PARTES", EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ELABOREN LOS INSTRUMENTOS GENERALES SOBRE LOS SIGUIENTES TRES PUNTOS ESPECIFICOS:

 

· CADENA DE CUSTODIA;

· DETENCION Y PUESTA A DISPOSICION; Y

· USO LEGITIMO DE LA FUERZA.

 

DECLARACIONES

 

1. LA "SEGOB" DECLARA QUE:

1.1. ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 90 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1o., 2o., FRACCION I, 26 Y 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA CUAL DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES TIENE LA DE CONDUCIR LA POLITICA INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO CUANDO NO SE ATRIBUYA EXPRESAMENTE A OTRA DEPENDENCIA; ASIMISMO, ES COMPETENTE PARA CONDUCIR RELACIONES DEL PODER EJECUTIVO CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS, ASI COMO CON LAS DEMAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES.

1.2. EL SECRETARIO DE GOBERNACION FORMA PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 12 FRACCION II DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

1.3. EL C. DR. ALEJANDRO ALFONSO POIRE ROMERO, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA Y TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 4 Y 5 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.

1.4. SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN ABRAHAM GONZALEZ NUMERO 48, COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06600, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

2. LA "SEDENA" DECLARA QUE:

2.1. ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 90 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1o., 2o., FRACCION I, 26 Y 29 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

2.2. EL GENERAL SECRETARIO, FORMA PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 12 FRACCION III DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

2.3. EL GENERAL SECRETARIO GUILLERMO GALVAN GALVAN, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 FRACCION XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.

2.4. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES, CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.5. SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, ESQUINA AVENIDA INDUSTRIA MILITAR, COLONIA LOMAS DE SOTELO, CODIGO POSTAL 11640, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

3. LA "SEMAR" DECLARA QUE:

3.1. ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 90 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1o., 2o., FRACCION I, 26 Y 30 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

3.2. EL ALMIRANTE SECRETARIO FORMA PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 12 FRACCION IV DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

3.3. EL ALMIRANTE MARIANO FRANCISCO SAYNEZ MENDOZA, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 4o. Y 5o. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE MARINA.

3.4. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION, CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CONVENIO.

3.5. SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN EJE 2 ORIENTE, TRAMO HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR NUMERO 861, COLONIA LOS CIPRESES, DELEGACION COYOACAN, CODIGO POSTAL 04830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

4. LA "PGR" DECLARA QUE:

4.1. SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AMBITO DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 21 Y 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 1o., 2o., 3o. Y 4, FRACCIONES I, Y V DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

4.2. LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA FORMA PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 12 FRACCION VI DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

4.3. SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR LA C. MTRA. MARISELA MORALES IBAÑEZ, NOMBRADA POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 89 FRACCION IX DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y RATIFICADO POR EL SENADO, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 3, 6 FRACCION X DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO.

4.4. QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 211-213, COLONIA CUAUHTEMOC, DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06500, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

5. LA "SSP" DECLARA QUE:

5.1. ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 90 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1o., 2o., FRACCION I, 26 Y 30 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

5.2. EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA FORMA PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 12 FRACCION V DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

5.3. EL ING. GENARO GARCIA LUNA, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 30 BIS, FRACCION XX Y 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

5.4. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE CONVENIO.

SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA CONSTITUYENTES NUMERO 947, COLONIA BELEN DE LAS FLORES, DELEGACION ALVARO OBREGON, CODIGO POSTAL 01110, MEXICO, D.F.

6. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

6.1 EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1 Y 2 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTA TIENE POR OBJETO REGULAR LA INTEGRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO ESTABLECER LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y LAS BASES DE COORDINACION ENTRE LA FEDERACION, LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS EN ESTA MATERIA; LA SEGURIDAD PUBLICA ES UNA FUNCION A CARGO DE LA FEDERACION, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, QUE TIENE COMO FINES SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS.

6.2 UNA DE LAS RESPONSABILIDADES PRIMORDIALES ES SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PARA LO CUAL SE DEBE CONTAR CON ADECUADAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS PROFESIONALIZADOS.

6.3 CON EL PROPOSITO DE MANTENER E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD, LA COOPERACION Y LA COORDINACION EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES ENCOMIENDA, "LAS PARTES" SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO, SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

 

CLAUSULAS

 

PRIMERA.- EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO TIENE POR OBJETO QUE "LAS PARTES" RECONOZCAN Y ACEPTEN, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, LOS INSTRUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO SOBRE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

A. CADENA DE CUSTODIA;

B. DETENCION Y PUESTA A DISPOSICION; Y

C. USO LEGITIMO DE LA FUERZA.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "LAS PARTES", A TRAVES DE UN ANEXO AL PRESENTE INSTRUMENTO, DECIDAN INCLUIR OTROS INSTRUMENTOS.

SEGUNDA.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, "LAS PARTES", EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE COMPROMETEN A REALIZAR, A LA BREVEDAD POSIBLE, LAS SIGUIENTES ACCIONES CON RELACION A LOS INSTRUMENTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR:

A. ACTUALIZARLOS O EXPEDIRLOS;

B. DIVULGAR SU CONTENIDO ENTRE LA POBLACION;

C. PUBLICARLOS; Y

D. CUMPLIRLOS.

TERCERA.- LA "SEGOB" COADYUVARA EN LA COORDINACION ENTRE "LAS PARTES", PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO.

CUARTA.- EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, "LAS PARTES" SE REGIRAN POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, HONRADEZ, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y, CUANDO ASI PROCEDA, A LOS DE CONFIDENCIALIDAD, LEALTAD, TRANSPARENCIA, PROPORCIONALIDAD, COORDINACION Y COOPERACION, EN TERMINOS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

QUINTA.- "LAS PARTES" SE OBLIGAN A ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS PROTOCOLOS QUE SE MENCIONAN EN ESTE INSTRUMENTO.

SEXTA.- PARA EFECTOS DE COLABORACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION, ASI COMO PARA EL ADECUADO DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, "LAS PARTES" DESIGNARAN A LOS ENLACES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO.

SEPTIMA.- "LAS PARTES", CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL PRESENTE CONVENIO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

OCTAVA.- "LAS PARTES", ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONVENIO, TENDRA UNA VIGENCIA INDEFINIDA, A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

NOVENA.- "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL PRESENTE CONVENIO ESTA BASADO EN LA BUENA FE, POR LO QUE CONVIENEN EN QUE CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACION DEL MISMO, SE RESOLVERA DE COMUN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES".

 

Leído que fue el presente convenio, las partes manifiestan su conformidad con los términos del mismo, firmándolo en cinco tantos en México, Distrito Federal, el día 28 de febrero de 2012.- Por la Secretaría de Gobernación: el Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.- Por la Secretaría de la Defensa Nacional: el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.- Rúbrica.- Por la Secretaría de Marina: el Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza.- Rúbrica.- Por la Procuraduría General de la República: la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- Por la Secretaría de Seguridad Pública: el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.- Rúbrica

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto en el artículo 47, inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública emite el siguiente proyecto de:

 

ACUERDO

 

PRIMERO.-  No ha lugar con la iniciativa promovida por el C. Pedro Martínez Esquivel que contiene iniciativa que crea la Ley Sobre el Uso Legítimo de la Fuerza Pública del Estado de Nuevo León.

 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al interesado, en cumplimiento y con la forma establecida por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

 

TERCERO.- Archívese el presente asunto, y en su momento téngase como totalmente concluido.

Monterrey, Nuevo León

 

COMISION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Presidente:

 

 

DIP. HERIBERTO CANO MARCHAN

 

VICEPRESIDENTE:

 

 

DIP. OMAR ORLANDO PÉREZ ORTEGA.

 

SECRETARIO:

 

 

DIP. OSCAR ALBERTO CANTÚ GARCÍA.

 

VOCAL:

 

 

DIP. ARMANDO GERARDO MARTÍNEZ TIJERINA.

 

VOCAL:

 

 

DIP. YOANA ELENA MARTÍNEZ GARZA

 

 

 

 

 

 

VOCAL:

 

 

 

DIP. LEONEL CHÁVEZ RANGEL

 

 

 

VOCAL:

 

 

 

DIP. MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO

 

VOCAL:

 

 

DIP. FERNANDO GONZÁLEZ VIEJO

 

VOCAL:

 

 

DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ

 

 

VOCAL:

 

 

DIP. JOVITA MORÍN FLORES

 

 

VOCAL:

 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL ALVARADO HERNÁNDEZ

 

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