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7284/LXXII
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HONORABLE ASAMBLEA:

 

En fecha 29 de noviembre de 2011, le fue turnado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen el Expediente Legislativo número 7284/LXXII, el cual contiene escrito signado por el C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza por la LXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León e integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual promueve Iniciativa de reforma al artículo 745 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.

 

Con el fin de ver proveído  el requisito fundamental de dar vista al contenido de la iniciativa ya citada y según los establecido en el artículo 47 inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, presentamos ante este Pleno los siguientes:

 

ANTECEDENTES

 

            El promovente destaca que el Patrimonio Familiar es una institución de interés público, que tiene por objeto el destinar bienes para su afectación a fin de brindarle a la familia seguridad económica, al garantizarle que en ningún momento podrá ser privado de tales bienes, es decir éstos no podrán ser objeto de embargo o venta.

 

            Invoca al efecto lo previsto en los numerales 723 y 724 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que establecen que el Patrimonio Familiar lo constituye la casa habitación de la familia, adquirida en propiedad por el jefe de familia o por alguno de sus miembros; una parcela cultivable; el mobiliario de uso doméstico; tratándose de familias que se dediquen al campo, a la industria, al trabajo del volante y las que dependan económicamente de servicios profesionales o intelectuales, el equipo de trabajo, que se consideran para tales funciones, además, como ya se señalo éstos serán inalienables y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.

 

            Señalan que de acuerdo a la legislación en la materia, para solicitar la constitución de bienes a Patrimonio Familiar, se deberá llevar a cabo un procedimiento civil denominado Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, el cual será presentado ante un juez competente en el Estado. Para tales efectos, el solicitante debe presentar la documentación que haga constar la personalidad con la que lo solicita, la comprobación del vinculo familiar, que el bien o bienes sean de su propiedad, que éste en su caso no presente gravamen y que el valor de ellos no exceda el previsto en la ley; es decir, debe de presentar al juez, constancias de nacimiento, matrimonio, escritura o escrituras certificadas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, a fin de acreditar la propiedad del bien o bienes afectos al Patrimonio Familiar, así como constancia de Certificado de Libertad de Gravamen expedido por la misma dependencia y avalúo, ya sea emitido por la Dirección de Catastro del Estado o por un particular con el fin de hacer constar que los bienes no excedan del monto autorizado para el efecto en el Código en la materia.

 

              Menciona el promovente que las constancias y documentos antes citados inevitablemente representan un costo para el constituyente del Patrimonio Familiar; sin embargo, el artículo 745 del Código Civil en vigor, señala que los trámites que se hagan ante el Registro Civil del Estado, con el fin de que el interesado se allegue las certificaciones necesarias para comprobar el vinculo de familia, así como las inscripciones y anotaciones que se realicen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado relativas a la constitución de un Patrimonio Familiar, serán sin gasto alguno, con lo cual, precisa el signante de la iniciativa, se advierte que en su momento, la intención del legislador fue la de beneficiar a toda costa a las familias que con interés propio constituyeran para bien de ellos un Patrimonio Familiar.

 

            El promovente expresa que el beneficio otorgado en el artículo 745, en relación con el 729 del ordenamiento sustantivo civil en cita puede ampliarse a otros documentos necesarios para el trámite, con el fin de apoyar en la economía de las familias nuevoleonesas, ya que si bien es cierto el constituir un Patrimonio Familiar garantiza una seguridad económica y jurídica, éste también representa gastos para su tramitación, los cuales para algunas familias éstos pueden ser excesivos debido a la necesidad económica que impera en su entorno.

 

            Ahora bien, una vez señalado lo anterior y con fundamento en el artículo 47, inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, y de manera posterior al análisis de la fundamentación y motivación presentada por el promovente de este asunto, quienes integramos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo, a manera de sustento para este dictamen las siguientes:

 

CONSIDERACIONES:

 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ejerciendo sus facultades de órgano dictaminador para conocer de la presente iniciativa, de acuerdo con lo previsto en los numerales 39 fracción II inciso ñ), 47, 48, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, procede a emitir su dictamen al tenor de las siguientes consideraciones.

 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el último párrafo de la fracción XVII dispone, ad literam: "Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deban constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno". Por otra parte, en el diverso 123, apartado A, fracción XXVIII del mismo ordenamiento, se establece: "Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios".

En el mismo tenor del artículo 27 de la Constitución Federal, el numeral 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, previene que el Congreso del Estado establecerá, en una Ley la extensión máxima de terreno de que pueda ser dueño un individuo o sociedad e indicará la forma y términos en que se ha de fraccionar la excedente. La misma ley determinará el modo de disolver las comunidades y organizará el patrimonio de la familia.

 

Si bien es cierto la doctrina se ha dividido en cuanto al soporte constitucional del patrimonio familiar en razón de que las disposiciones del ordenamiento fundamental están referidas a la materia agraria y laboral, podemos afirmar que al disponer que tal prevención deberá establecerse mediante un acto formal y materialmente legislativo, efectivamente se encuentra legitimado por la Carta Magna el legislador estadual para legislar al efecto, en cuya virtud, tuvo a bien determinar, al emitir la legislación civil, extender el beneficio del dispositivo constitucional a dicha materia, en atención precisamente a lo preceptuado por los ordinales 27, 123 de la Constitución federal, así como el diverso 23 de la Constitución estadual.

 

De acuerdo con lo impetrado, podemos advertir el propósito de los constituyentes, tanto federal como local, de crear una institución protectora de la familia, mediante su fortalecimiento económico, lo cual es consistente con la intención manifiesta del promovente, lo cual precisaremos más adelante.

Ahora bien, atendiendo a la imposición constitucional, el legislador ordinario estableció en el Código Civil para el Estado, la regulación relativa a la materia del patrimonio de familia, constriñéndose precisamente a la descripción que de esta institución hace la Constitución Federal, de lo cual, entre otras virtudes que el Pleno de la Legislatura correspondiente otorgó a la figura en comento, se destaca la gratuidad en la obtención de documentales necesarias para la constitución del patrimonio familiar, siendo ello consistente con el propósito fundamental de fortalecer económicamente a las familias, conculcando tal finalidad, la exigencia del pago de derechos por obtención de escrituras o constancias que el procedimiento exige; es decir, la seguridad económica y jurídica que reviste la constitución de este patrimonio se ve en cierto modo frustrada al imponerle cargos en numerario al interesado, sobre documentos, como ya mencionamos, esenciales para el trámite judicial al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 729 del Código Civil.

 

            Consideramos que la propuesta en estudio encuentra debido fundamento en las disposiciones constitucionales impetradas con antelación, y se justifica ampliamente, en la importancia social que representan los supuestos que regula, a saber la gratuidad en servicios prestados por el Estado, inherentes a la tramitación del patrimonio familiar, comulgando constatablemente el resolutivo propuesto con la naturaleza de la institución en comento.

 

     Por último con la facultad que nos otorga el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, sin comprometer la esencia de la iniciativa se hizo modificación al artículo por seguridad de terceros y precisión de la norma agregando las constancias que obren en archivos públicos de dependencias oficiales.

 

Es así, que con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los miembros de esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, nos permitimos someter a la atenta consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

 

DECRETO

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 745 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

                       

ARTÍCULO 745.- Las copias de las actas del Registro Civil, así como las constancias y documentación legal que sirvan para cumplimentar la disposición contenida en las fracciones III, IV y V del artículo 729, deberán extenderse gratuitamente, en aquellos casos que obren en archivos públicos de dependencias oficiales.

 

TRANSITORIO

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

 

Monterrey, Nuevo León

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

 

Dip. Presidente:

 

 

Héctor García García

 

Dip. Vicepresidenta:

Dip. Secretario:

 

 

Brenda Velázquez Váldez

 

Tomás Roberto Montoya Díaz

 

 

Dip. Vocal:

 

Dip. Vocal:

 

 

Mario Emilio Gutiérrez Caballero

 

César Garza Villarreal

 

 

Dip. Vocal:

 

 

Dip. Vocal:

 

 

Héctor Julián Morales Rivera

 

Hernán Salinas Wolberg

Dip. Vocal:

 

 

Dip. Vocal:

 

Jovita Morín Flores

Fernando González Viejo

 

 

Dip. Vocal:

 

 

Dip. Vocal:

 

 

Jorge Santiago Alanís Almaguer

Juan Carlos Holguín Aguirre