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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Última Reforma:
1 de Abril 2016
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 01 DE ABRIL DE 2016.

Ley publicada en el Periódico Oficial, No. 127, del jueves 20 de septiembre de 2007.

EL C. JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER:

Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue:

D E C R E T O


Núm........  136


Artículo Único.- Se expide la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los siguientes términos:


LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre el Estado, los Municipios, y los sectores privado y social para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Nuevo León.

Artículo 2. El Estado y los Municipios que lo integran, expedirán o modificarán en su caso las normas legales y reglamentarias correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias, asimismo se tomarán las medidas presupuestales y administrativas pertinentes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales vigentes en el país en materia de derechos humanos de las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y esta Ley.
 
Artículo 3. Todas las medidas que se deriven de la presente Ley garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

Artículo 4. Tomando en cuenta los aspectos de no discriminación y libertad de las mujeres, los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas en el Estado y los Municipios, son:

I. La promoción para el desarrollo integral de las mujeres. 
II. La igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres; y
III. El respeto a la dignidad humana de las mujeres. 

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entenderá por:

I.   Ley: Se entiende Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

II. Violencia contra la mujer: cualquier acción u omisión, basada fundamentalmente en su género, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual,  patrimonial, económico o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público;

III. Programa: El Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
IV. Agresor: la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres;

V. Sistema: El Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

VI.   Perspectiva de género: es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas y promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad y bienestar de las mujeres; 

VII. Desarrollo Integral de las Mujeres: proceso mediante el cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía que les permite alcanzar el goce pleno de sus derechos y libertades; 

VIII. Refugios: Centros de alta seguridad con atención y protección multidisciplinaria para mujeres, menores e incapaces víctimas de violencia. 

IX. Derechos Humanos de las Mujeres: los derechos que son parte inalienable de la persona, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en los  instrumentos nacionales e internacionales en la materia, vigentes en el país;

X.   Víctima: la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; y

XI. Transversalidad: acción de gobierno para el ejercicio e implementación de políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal según sea el caso para la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas y en las realizadas por los sectores privado y social.


CAPÍTULO II
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DE LOS ÁMBITOS EN QUE SE PRESENTAN


Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. Psicológica: el proveniente del acto u omisión que trascienda a la integridad emocional o la estabilidad psicológica de la mujer, que causen  a la víctima depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso, el suicidio, en base al  dictamen emitido por los peritos en la materia; 

II.   Física: El acto que causa daño corporal no accidental a la mujer, usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas, en base al  dictamen emitido por los especialistas en la materia; 

III.  Sexual: El acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima; atentando  contra su libertad, dignidad e integridad física configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor sobre la mujer,  denigrándola  y considerándola como de menor valía o como objeto; en base al  dictamen emitido por los especialistas en la materia; 

(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013)
IV. Patrimonial: La acción u omisión que dañe intencionalmente el patrimonio de la mujer o afecte la supervivencia de la víctima; puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a bienes individuales y comunes; 

(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013)
V. Violencia Económica: Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima, a través de  limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, o la percepción de un salario menor por igual trabajo en un mismo centro laboral;

(ADICIONADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013)
VI. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

En los casos de feminicidio se aplicará lo previsto en el Artículo 331 Bis 2 del Código Penal para el Estado de Nuevo León; y

(ADICIONADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013)
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Artículo 7. Es motivo de la presente Ley, promover acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres que se presenta en los siguientes ámbitos:

I.    En el familiar;

II.   En el laboral y docente;

III.  En el de la comunidad; y

IV.  En el de las instituciones públicas y privadas.

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley y en correlación con las leyes aplicables, la violencia familiar, es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, sexual, patrimonial o económica a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando el individuo que la ejerce, tiene o ha tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil.

Artículo 9. La violencia laboral y docente, es la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o similar a éstos con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, y consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra su derecho a la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño; también incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

Artículo 10. Constituye violencia laboral, no respetar la permanencia o condiciones de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, la explotación y discriminación por condición de género.

Artículo 11. Constituyen violencia docente, las conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos u omisiones de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros, educadoras o educadores, durante o con motivo de la relación de enseñanza-aprendizaje, así como al personal administrativo o de intendencia.

Artículo 12. La violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden  los derechos humanos de las mujeres, y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público o privado. 

Artículo 13. La violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Artículo 14. El hostigamiento sexual es el ejercicio abusivo del poder en la relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral, escolar o cualquier otro; se manifiesta en conductas verbales o físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva. 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva de hecho a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.


CAPÍTULO III
DE LOS MODELOS DE  PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 15. Los modelos de prevención, atención y sanción que establezcan el Estado y los Municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia, como una obligación del Estado y de los Municipios de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos; para ello, al formularse, deberán tener como objetivo:

I.   Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y lograr que la sociedad perciba ya sea como conductas antisociales, violación a los  derechos humanos, de salud o de seguridad pública, todo tipo de violencia contra ellas por motivos de género;

II.  Proporcionar atención médica, asesoría y asistencia jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas, que favorezcan su desarrollo integral y reparen el daño causado por dicha violencia, en los términos de las leyes aplicables;

III. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor, para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine las causas que las generaron;

IV. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;

V. Evitar procedimientos de mediación o conciliación salvo que la Ley lo determine, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima;

VI. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima, en los términos de las leyes respectivas; y

VII. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y  familiares menores de edad o incapaces que habiten en el mismo domicilio; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. 

Artículo 16. Para efectos de la violencia laboral y docente, el Estado y los Municipios en función de sus atribuciones, tomarán en consideración:

I.   Establecer políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y de docencia;

II.  Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos, en las escuelas y centros laborales, para sancionar la materialización de cualquiera de los tipos de violencia e inhibir su comisión;

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar nuevas agresiones o que sea boletinada o presionada para abandonar la institución educativa o de trabajo;

V.  Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo agresor, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas; e

VI. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del agresor, cuando sean omisos en recibir o dar curso a una queja, denuncia o reporte.

Artículo 17. El Estado diseñará y establecerá un Banco Estatal de Datos e Información que permita el monitoreo tanto de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres, como de la aplicación y cumplimiento de esta Ley.

Las dependencias y entidades del Estado y los Municipios, deberán modificar sus sistemas estadísticos para incorporar los indicadores de conformidad con los lineamientos que para tales efectos establezca el propio sistema.

CAPÍTULO IV
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Artículo 18. Las órdenes de protección serán de oficio tratándose de víctimas menores de edad o incapaces y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y de naturaleza precautorias y cautelares, en los términos de la Ley de la materia. 

Artículo 19. Las órdenes de protección que consagra la presente Ley son personalísimas e intransferibles, serán emitidas por las autoridades competentes y podrán ser:

I. De emergencia;

II. Preventivas; y

III. De naturaleza civil.

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Artículo 20. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación, por el probable responsable, del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar.

Artículo 21. Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

I.   Retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor. Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y cortocontundentes que, independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima;

II.  Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

III.  Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima;

IV.  Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y familiares que vivan en el domicilio;

V.  Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y familiares que vivan en el domicilio;

VI. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio; y

VII. Brindar al agresor servicios reeducativos integrales, especializados, gratuitos y con perspectiva de género, en instituciones debidamente acreditadas.

Artículo 22. Son órdenes de protección de naturaleza civil, las siguientes: 

I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes o con quien tenga la patria potestad, la tutela o custodia de los menores; 

II.  Prohibición al agresor de enajenar,  prendar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de sociedad conyugal, bajo el esquema del aseguramiento de bienes dando vista al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en cada caso;

III.  Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, por el tiempo que la autoridad competente determine;

IV.  Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias; y

V. Orden de pago de la obligación alimenticia, en forma provisional e inmediata, a cargo del agresor.

SEGUNDO PARRAFO DEROGADO (P.O. 07 DE MAYO DE 2010)

Artículo 23. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas de emergencia, preventivas y de naturaleza civil en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal se estén ventilando en los tribunales competentes.

Artículo 24. Las personas mayores de doce años de edad, podrán solicitar,  a las autoridades competentes que los representen en sus peticiones y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de  oficio dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores de doce años sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.

CAPÍTULO V
DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 25. El Estado y los Municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Todas las medidas que lleven a cabo las autoridades estatales y municipales deberán ser realizadas sin discriminación alguna, para que todas las personas puedan acceder a las políticas públicas en la materia.

Artículo 26. El Sistema se integrará por las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I.    Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá;

II.   Instituto Estatal de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema;

III.   Comisión Estatal de Derechos Humanos;

IV. Secretaría de Seguridad Pública;

V. Procuraduría General de Justicia;

VI. Secretaría de Educación;

VII. Secretaría de Salud; 

(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2010)
VIII.- Secretaría de Desarrollo Social;

(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2010)
IX.- Secretaría de Trabajo;

X. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XI. El Instituto Estatal de la Juventud; y

XII. La Dependencia, Organismo Descentralizado o Unidad Administrativa cuyo objetivo sea la promoción del desarrollo integral de las mujeres por cada uno de los Municipios del Estado, que cuenten con éstos.

Los integrantes del Sistema tendrán voz y voto y podrán ser representados en sus ausencias por un suplente que designen para este efecto.

Podrán participar en las sesiones del Sistema con voz, pero sin voto, a invitación expresa del Presidente del mismo, aquellas personas que en razón de su labor o profesión puedan hacer aportaciones o propuestas importantes sobre la materia.

El Sistema sesionará de manera ordinaria cada cuatro meses y de manera extraordinaria cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Para sesionar se requiere de la asistencia de la mayoría de los integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 27.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el proyecto de Reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso.



CAPÍTULO VI
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 28. El Programa contendrá acciones con perspectiva de género para:

I.    Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;

II.  Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, a través de la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración e impartición de justicia, policías y demás servidores públicos encargados de la políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

IV. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas de delitos, por medio de las autoridades y las instituciones públicas, privadas o sociales;

V. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concienciar a la sociedad sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres;

VI. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;

VII. Promover en los medios de comunicación la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer y fortalecer el respeto a los derechos humanos, su dignidad e integridad.

VIII. Propiciar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;

IX. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres, para integrar el Banco Estatal y Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres;

X. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres; 

XI. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones, para garantizar su seguridad y su integridad; y

XII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, mismo que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

Artículo 29. El Ejecutivo del Estado y los Municipios asignarán una partida presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y programas implementados por la presente Ley.

CAPÍTULO VII
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 30. El Estado y los Municipios coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con el siguiente enunciado de facultades y obligaciones, sin menoscabo de lo dispuesto en los demás instrumentos legales aplicables. 

Artículo 31. Son facultades y obligaciones del Estado:

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

II. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente Ley, y de los instrumentos internacionales aplicables;

III. Formular, instrumentar y articular la política estatal integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en concordancia con la política nacional;

IV. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
V. Participar en la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

VI. Integrar el Sistema e incorporar su contenido al Sistema Nacional;

VII. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal;

VIII. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural   del  Estado;

IX. Asegurar el respeto, la difusión y promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad;

X. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres;

XI. Impulsar la creación de refugios para las víctimas de conformidad con la presente Ley y al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional y el Sistema;

XII. Promover programas de información a la población en la materia;

XIII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

XIV. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para el agresor;

XV. Dirigir una adecuada coordinación entre el Estado y los Municipios que lo integran con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;

XVI. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XVII. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco integral y de promoción de los derechos humanos;

XVIII. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

XIX. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones y las políticas públicas del Programa, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;

XX. Rendir un informe anual a través del Titular del Poder Ejecutivo sobre los avances del Programa a la comunidad, conforme a los lineamientos del Reglamento del Sistema;

XXI. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución del Programa;

XXII. Recibir y evaluar de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;

XXIII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas; 

XXIV. Impulsar reformas, medidas legislativas y programas para el cumplimiento de la presente Ley; 

XXV. Desarrollar conforme a la disponibilidad presupuestaria los programas específicos para el cumplimiento de la presente Ley;

XXVI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y 

XXVII. Las demás aplicables a la materia, que le concedan las leyes u otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 32. Le corresponde a la Secretaría General de Gobierno, las siguientes: 

I. Presidir el Sistema;

II. Diseñar la política estatal integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres;

III. Proponer el Programa;

IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los gobiernos estatal y municipales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

VI. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminadas al mejoramiento del Sistema y del Programa;

VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;

IX. Realizar un diagnóstico estatal y otros estudios complementarios, de manera periódica y con perspectiva de género, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

X. Difundir a través de los diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta Ley;  

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y 

XII. Las demás previstas para el cumplimento de la presente Ley.

Artículo 33. Corresponde al Instituto Estatal de las Mujeres:

I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema;

II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres;

III. La evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación  y de la información derivada de cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en la administración pública estatal o municipal;

IV. Dar a conocer públicamente, los resultados de dichas actividades, para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia;

V. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, programas específicos, las medidas y las acciones que considere pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;

VI. Formular, impulsar y ejecutar programas estatales para el adelanto y desarrollo integral de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

VII. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;

VIII. Promover, en coordinación con la Federación, los Municipios y los organismos de la sociedad civil y del sector social, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia;

IX. Impulsar la creación de centros o unidades de atención y protección a las víctimas de violencia;

X. Canalizar a las víctimas a tratamientos psicológicos especializados que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

XI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno estatal y municipal, así como organizaciones de la sociedad civil y del sector social, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas;

XII. Promover y vigilar que la atención ofrecida a las víctimas en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia con perspectiva de género;

XIII. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las instancias competentes protejan la integridad física de quienes denuncian;

XIV. Diseñar y distribuir instrumentos educativos que promuevan la prevención y atención  de la violencia contra las mujeres;

XV. Diseñar planes y programas de estudios para la especialización de servidoras y servidores públicos responsables de la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia de género;

XVI. Diseñar e impulsar la realización de proyectos de investigación en temas relacionados con la violencia contra las mujeres;

XVII. Diseñar los protocolos para la detección de la violencia contra las mujeres;

XVIII. Diseñar las campañas de prevención de la violencia contra las mujeres;

XIX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; 

XX. Integrar el Banco Estatal de Datos e Información de conformidad con el artículo 17 de esta Ley; y

XXI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 34. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos:

I. Promover los Derechos Humanos de la Mujeres;

II. Llevar a cabo los programas y acciones en apoyo a los Derechos Humanos de las Mujeres;

III. Atender las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres cuando éstas fueren imputadas únicamente a servidores públicos;

IV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

V. Participar en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

VI. Coadyuvar con los objetivos de esta Ley; y

VII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 35. Secretaría de Seguridad Pública:

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres;

II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente Ley;

III. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor; 

IV. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le correspondan;

V. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;

VI. Participar en el diseño, con una visión transversal, de la política estatal integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 36. Corresponde a la Procuraduría General de Justicia:

I. Fomentar la formación y capacitación del personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres;
 
II. Promover la especialización de los agentes del Ministerio Público en materia de derechos humanos de las mujeres;

III. Proporcionar a las víctimas orientación, asesoría y asistencia jurídica y psicológica para su eficaz atención y protección; 

IV. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia;

V. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas y demás datos que se requieran en virtud de lo establecido en la presente Ley;

VI. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VII. Proporcionar a las mujeres información objetiva que les permita tener plena conciencia de su situación de víctima;

VIII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

IX.  Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría de Educación:

I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos;

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad; en todo caso, estos programas estarán dirigidos a:

a) Desarrollar en niñas y niños del nivel educativo preescolar el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos;

b) Desarrollar en el alumnado de educación primaria y secundaria la capacidad de adquirir habilidades para  la resolución pacífica de conflictos, y para comprender y respetar la igualdad entre los hombres y las mujeres; y

c) Desarrollar en el alumnado del nivel medio superior y superior la capacidad de consolidar su madurez personal, social y ética, que le permita contribuir a la eliminación de la discriminación hacia  las mujeres;
 
III. Promover acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo;

IV. Promover el derecho de las niñas y mujeres a la educación, acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones;

V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las niñas y las mujeres en los centros educativos;

VI. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas;

VII. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres;

VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas, maestras o educadoras, así como al personal administrativo o de intendencia, que sufren algún tipo de violencia;

IX. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

X. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

XI. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres;

XII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

XIII. Participar en el diseño, con una visión transversal, de la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 38. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra;

II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas;

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas aplicables;
IV. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro horas, en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres;

V. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

VI. Canalizar a las víctimas  y a los agresor a las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres;

VII. Mejorar la calidad de la atención, que se preste a las víctimas;

VIII. Participar activamente, en la ejecución del Programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;

IX. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres;

X. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres;

XI. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información:

a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios;

b) La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres;

c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;

d) Los efectos causados por la violencia en las mujeres, y

e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas; 

XII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y 

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2010)
Artículo 39.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia;

II. Coadyuvar en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres;

III. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;

IV. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza;

V. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres para su desarrollo integral y la eliminación de las desventajas de género;

VI. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2010)
Artículo 40.- Corresponde a la Secretaría de Trabajo:

I. Implementar los programas necesarios para promover el empleo de mujeres víctimas de violencia para favorecer la construcción de un nuevo proyecto para sus vidas;

(ADICIONADA, [REFORMADA] P.O. 01 DE ABRIL DE 2016)
II. Implementar acciones de difusión y capacitación permanentes con el personal de los centros laborales, privilegiando una formación integral de desarrollo laboral y productivo, que elimine toda práctica de acoso laboral, con mecanismos de denuncia que incluyan asesoría legal y psicológica, así como también mecanismos para la investigación y sanción del acoso laboral, que permita el respeto a los derechos humanos y  la privacidad;

(REFORMADA, P.O. 01 DE ABRIL DE 2016)
III. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

(RECORRIDA [ADICIONADA] P.O. 01 DE ABRIL DE 2016)
IV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

II. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

III. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 41. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado:

I. Participar en la elaboración y ejecución del Programa;

II.   Fomentar la participación de los sectores privado, social y académico en las acciones de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, de sus hijas e hijos, auxiliándose de los patronatos, asociaciones o fundaciones y de los particulares;

III. Brindar asistencia social a las víctimas de violencia, en todas sus unidades de atención;

IV. Ejecutar campañas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres;

V. Impulsar la formación de promotoras y promotores comunitarios para la ejecución de programas preventivos de la violencia contra las mujeres;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 

VII. Impulsar procesos de capacitación sobre la violencia contra las mujeres para sus servidoras y servidores públicos; y

VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 42. Corresponde al Instituto Estatal de la Juventud;

I. Ejecutar las acciones necesarias para la prevención, atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres;

II. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

III. Participar en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

IV. Coadyuvar con los objetivos de esta Ley; y

V. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 43. Corresponde a los Municipios, de conformidad con esta Ley y acorde con la perspectiva de género y al principio de transversalidad, las siguientes atribuciones:

I. Implementar organismos públicos descentralizados o unidades administrativas especializadas dedicadas a la promoción del desarrollo integral de las mujeres y la atención de su problemática; 

II. Expedir Reglamentos Municipales encaminados a lograr la participación conjunta y coordinada de la Administración Pública Municipal para garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su ámbito territorial;

III. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

IV. Coadyuvar con la Federación y el Estado, en la adopción y consolidación del Sistema Nacional y el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

V. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Estatal, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

VI. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Integral  y el Programa  dentro su municipio;

VII. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;

VIII. Promover programas educativos para eliminar la violencia contra las mujeres;

IX. Fortalecer los refugios existentes y apoyar la creación de refugios que se consideren necesarios para víctimas;

X. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

XI. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema Nacional y el Sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;

XII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

XIII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les conceda esta Ley u otros ordenamientos jurídicos.

CAPÍTULO VIII
DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 44. Las autoridades Estatales y Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar servicios de atención a las víctimas, consistentes en:

I. Aplicar la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de  Delitos en el Estado de Nuevo León en lo conducente;

II.  Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por medio de los cuales se les brinde protección; 

III. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del sector salud, así como de atención y de servicio, tanto públicas como privadas o sociales;

IV. Proporcionar a las víctimas la atención médica, psicológica y jurídica que requieran, de manera integral, gratuita y expedita;

V. Proporcionar un refugio a las víctimas, y

VI. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros educativos.  

Artículo 45. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir atención médica y psicológica;

VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite;

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o discriminación;

VIII. En los casos de violencia familiar, acudir a los refugios con sus familiares menores de edad o incapaces que habiten en el mismo domicilio; y

IX. Los demás señalados en esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 46. El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad competente.

CAPÍTULO IX
DE LOS REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Artículo 47. En los casos en que persista algún riesgo para la integridad física de las víctimas y ofendidos de violencia, la autoridad u organismo competente deberá canalizar a las víctimas y ofendidos de violencia, a los refugios en los términos de esta Ley.

Artículo 48. El Estado y los Municipios se coordinarán con los sectores social y privado para impulsar la creación de refugios para la atención a las víctimas de violencia. 

Artículo 49. Las personas que laboren en los refugios deberán contar en su caso, con cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo y en ningún caso podrán haber sido sancionados por ejercer algún tipo de violencia.

Estos refugios deberán ser registrados y supervisados por la Secretaría de Salud. El Sistema deberá emitir el Reglamento para el funcionamiento de los refugios.

Artículo 50. Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género:

I. Aplicar el Programa;

II. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos;

III. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada;

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría  y asistencia jurídica gratuita;

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención;

VI. Permitir la permanencia de las víctimas con sus familiares menores de edad o incapaces que habiten en el mismo domicilio. 

VII. Contar preferentemente con personal debidamente capacitado y especializado en la materia; y

VIII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos.

Artículo 51. Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

Artículo 52. Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus familiares menores de edad o incapaces que habiten en el mismo domicilio, los siguientes servicios especializados y gratuitos:

I. Hospedaje;

II. Alimentación;

III. Vestido y calzado;

IV. Servicio médico;

V. Asesoría y asistencia jurídica;

VI. Apoyo psicológico especializado;

VII. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;

VIII. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral; y

IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten.

Artículo 53. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física o psicológica o su situación de riesgo.

Artículo 54. Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas.

Artículo 55. En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.

Artículo 56. En los casos previstos en esta Ley, serán aplicables supletoriamente a esta Ley el Código Civil para el Estado de Nuevo León, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, el Código Penal para el Estado de Nuevo León, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León, la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres y la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las demás leyes relativas a la materia.


T R A N S I T O R I O S


Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- El Ejecutivo Estatal emitirá el Reglamento de la presente Ley dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Tercero.- El Sistema Estatal a que se refiere esta Ley, se integrará dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- El Reglamento del Sistema deberá expedirse dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la instalación del Sistema.

Artículo Quinto.- El diagnóstico estatal a que se refiere la fracción IX del artículo 32 de la presente Ley, deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema.

Artículo Sexto.- El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a que se refiere la fracción XX del artículo 33 de esta Ley, deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la instalación del Sistema.

Artículo Séptimo.- Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, Poderes Legislativo y Judicial del Estado y Municipios, para el actual  ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Para el presente ejercicio fiscal las funciones que para su desempeño requieran necesariamente de recursos económicos, dependerán para su inicio de la suficiencia presupuestal de los tres Poderes del Estado de Nuevo León y de sus Municipios.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y  publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los veintiún días del mes de agosto de 2007.  PRESIDENTE: DIP.  FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN; DIP. SECRETARIA: JUANA AURORA CAVAZOS CAVAZOS; DIP. SECRETARIO: JAVIER PONCE FLORES.- Rúbricas.-

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su Capital, a los 23 días del mes de agosto del año 2007.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.

EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANTONIO GARZA GARCÍA.

EL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN

EL C. SECRETARIO DE EDUCACION

REYES S. TAMEZ GUERRA

EL C. SECRETARIO DE SALUD

GILBERTO MONTIEL AMOROSO


N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS QUE REFORMAN EL PRESENTE ORDENAMIENTO LEGAL.

P.O. 07 DE MAYO DE 2010 DEC. 57

Único. - El presente decreto entrará em vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2010. DEC. 135

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


P.O. 26 DE JUNIO DE 2013. DEC. 72

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Segundo.- La Procuraduría General de Justicia deberá emitir el protocolo de actuación para la investigación del delito de feminicidio, atendiendo a lo señalado en el presente Decreto.


P.O. 01 DE ABRIL DE 2016. DEC. 083

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.