Grupo Legislativo
Partido Movimiento Regeneración Nacional

Autor: Grupo Legislativo MORENA

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una de las problemáticas más persistentes y dolorosas que enfrentan miles de familias en Nuevo León. De acuerdo con el INEGI (2023), en México más del 67% de las madres con la custodia de sus hijas e hijos no reciben de manera constante la pensión alimenticia que legalmente les corresponde. Esta omisión se traduce en carencias para la alimentación, la educación, la salud y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

En nuestro Estado, diversas organizaciones civiles y colectivos de madres buscadoras de justicia han documentado cómo las personas deudoras alimentarios eluden sus obligaciones mediante estrategias como el cambio de domicilio, la omisión en la declaración de ingresos o el aprovechamiento de vacíos legales que dificultan el embargo y la ejecución de sentencias.

En abril de 2025, esta Legislatura aprobó en primera vuelta la Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide a deudores alimentarios, agresores sexuales y responsables de violencia familiar acceder a cargos públicos. Sin embargo, aún no se ha concretado la segunda vuelta, lo que impide que la reforma entre en vigor a nivel estatal. Recordemos que la última reforma constitucional en Nuevo León fue en 2023, lo que evidencia un rezago normativo en la homologación de este marco legal. Esta falta de actualización abre un vacío que puede ser aprovechado por deudores alimentarios para evadir sus responsabilidades y, al mismo tiempo, ocupar cargos de representación o de toma de decisiones.

Por ello, no basta con aprobar la reforma: es indispensable garantizar que los registros estatales de deudores alimentarios estén actualizados, interconectados y respaldados con medidas efectivas de sanción. Solo así la legislación cumplirá su verdadero propósito: proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y garantizar la integridad de la función pública.

La problemática es compleja y requiere un enfoque integral que convoque al Poder Judicial, a la Secretaría de las Mujeres, al DIF estatal y municipal, así como a esta soberanía. Solo a través de un diálogo multisectorial podremos identificar las barreras reales, proponer soluciones normativas y operativas, y dar seguimiento a los compromisos asumidos.

El día de hoy, compañeras y compañeros, les solicito establecer una ruta de acción concreta que incluya: revisar el funcionamiento del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, evaluar las reformas necesarias para fortalecer nuestro marco jurídico estatal, escuchar los testimonios de las víctimas y las propuestas de las organizaciones civiles, y asegurar la coordinación entre instancias para impedir la evasión de responsabilidades. Pero sobre todo, dar continuidad a los trabajos que esta Soberanía inició en marzo de 2025 respecto a los expedientes legislativos que buscan regular, en Nuevo León, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y, en su caso, la creación de un Registro Estatal.

Propongo, además, abrir un canal digital por correo de comunicación directa con madres autónomas y colectivos, para escuchar de primera mano sus experiencias y vivencias. Porque estas familias han tenido que enfrentar no solo la ausencia y el incumplimiento de una figura paterna que debía protegerles, sino también la indiferencia de un Estado que les ha negado el derecho a una infancia plena y feliz, condenando a madres a la revictimización y a hijas e hijos a crecer con carencias que no deberían padecer.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, INEGI, 2022), el 70% de los hogares monoparentales en México son encabezados por mujeres, frente a un 20% encabezados por hombres. Esto demuestra que, en la gran mayoría de los casos, son las madres quienes asumen solas la crianza y manutención. Asimismo, datos de la ENDIREH (INEGI, 2021) revelan que una gran proporción de mujeres separadas o divorciadas no recibe de manera regular la pensión alimenticia, lo que profundiza su vulnerabilidad económica y la de sus hijas e hijos.

La deuda alimentaria no es solo un tema económico: es un asunto de justicia social, de derechos humanos y de protección a la infancia. Por ello, hago un llamado a esta Soberanía para actuar con urgencia y responsabilidad, garantizando que ningún niño o niña de Nuevo León vuelva a ser ignorado por el Estado y que ninguna madre sea dejada sola en su lucha por la justicia.