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Partido Movimiento Ciudadano

Autor: Grupo Legislativo PMC

La Diputada Marisol González, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León, con el objetivo de hacer frente a la creciente violencia familiar que afecta a las mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.​​

"Hay una encuesta nacional que dice que de cada 10 mujeres, siete han sufrido algún tipo de violencia, y aún que sea impactante, hay que reconocer que la violencia familiar es en muchas ocasiones la antesala a un feminicidio. Sabemos de los diferentes casos que han pasado y como los distintos tipos de violencia, como la económica , han resultado eventualmente en feminicidios", señaló la diputada.

La propuesta busca incorporar la erradicación de la violencia familiar como un principio fundamental en la ley, ampliando su enfoque para incluir los derechos humanos, el género y la interseccionalidad, priorizando a los sectores más vulnerables. "Esta reforma pretende garantizar que las autoridades actúen de manera clara y con los mecanismos necesarios para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores, de acuerdo con los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos como la ONU y la Suprema Corte de Justicia de la Nación", declaró la legisladora.

Entre los aspectos más destacados de la iniciativa, se encuentran las reformas a los Artículos 1 y 20 Bis 2 de la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en Nuevo León. En particular, la modificación al Artículo 20 Bis 2 incorpora un enfoque económico-laboral en la atención a las víctimas de violencia, promoviendo la autonomía financiera de las mujeres como una herramienta clave para romper el ciclo de la violencia.

"Hay un caso muy sonado en el 2024, Astrid Yáñez, ella pidió una pensión alimenticia para su hijo y esto terminó en una tragedia, en un feminicidio contra ella y contra la vida de su hijo. Entonces creo que es importante también visibilizar la situación y la deuda histórica que hay con la lucha de las mujeres, por eso proponemos esa reforma al artículo también en el artículo 20 bis", explicó.

La reforma propone la creación de programas de capacitación, inserción laboral y acceso a microcréditos, con el fin de fomentar la independencia económica de las víctimas y reducir la reincidencia en situaciones de violencia. Además, se incluiría el ámbito económico-laboral dentro de los servicios interdisciplinarios, que abordan áreas jurídicas, sociales, de salud, psicológicas y educativas.

"Es importante también poner un énfasis de atención a estar dando puntual seguimiento, porque muchas de las denuncias que se hacen a través de los diferentes canales pueden ya estar dando signos de que puede llegar a haber un feminicidio, si no se atienden y si no hay un monitoreo, un seguimiento", puntualizó la diputada.

Asimismo, la reforma al Artículo 15 Bis 2 busca garantizar mayor protección a las mujeres en estado de embarazo, posparto y lactancia, quienes enfrentan un doble riesgo de violencia. La reforma establece que estas mujeres tendrán derecho prioritario a refugios, atención médica especializada, asistencia psicológica y medidas de protección reforzadas para evitar el contacto con los agresores.

"La autonomía económica es también parte de la libertad y la autonomía de una mujer para que no tenga que estar sufriendo violencia económica en un hogar, que eso también es uno de los tipos de violencia que más comúnmente se presenta como parte de la violencia familiar", dijo Marisol González.

Muchas mujeres embarazadas han sido víctimas de violencia, lo que pone en riesgo su salud física y emocional, así como la del bebé. Con esta reforma, se busca garantizar que las mujeres en estado de embarazo, posparto y lactancia reciban la atención adecuada para proteger su bienestar y el de sus hijos.

La iniciativa presentada por la Diputada Marisol González representa un avance significativo en la legislación del Estado de Nuevo León y responde a una necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y atención de la violencia familiar.