Grupo Legislativo
Partido Verde Ecologista de México

Autor: Grupo Legislativo PVEM

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE. -

La suscrita Diputada IVONNE BUSTOS PAREDES, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la Septuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 122 Bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La vida y la libertad son los dos bienes más importantes con los que cuenta un ser humano, dos elementos que además están plasmados en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Es por ello que la existencia de crímenes que atenten al mismo tiempo contra estas dos garantías individuales debe ser combatida de la manera más enérgica y eficiente por parte de la autoridad.

La trata de mujeres es precisamente uno de los delitos en los que no solo se destruye la libertad de una persona, sino que además se somete al individuo a condiciones y situaciones, que tienden a poner en riesgo de manera permanente la vida de todas las víctimas.

En ese sentido y de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México junto con Tailandia son el principal proveedor de personas a las redes de trata en los Estados Unidos; en lo que refiere a la rentabilidad de dicho crimen, de acuerdo a lo establecido por la CNDH en el "Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México", la trata se ubica en segundo lugar de generación de ingresos ilícitos, ubicándose solo por debajo del tráfico de drogas y por encima del tráfico de armas. Estas cifras desnudan y ponen de cuerpo entero la magnitud del problema.

La trata de personas, en las que el 85% de las víctimas son niñas y mujeres, es un delito en el que en un periodo de 5 años se registraron 5 mil 245 casos, sin embargo las cifras de personas que nunca son contabilizadas por el Estado, pueden ascender a decenas de miles cada año.

En este sentido, el destino de las víctimas es en el 79% de los casos, el de la explotación sexual, 18% pertenece a la explotación laboral y el 3% restante al tráfico de órganos.

Lo que sucede en nuestro país compañeros y compañeras es una tragedia de magnitudes mayúsculas, desde todos los Estados de la Republica, pero principalmente de los del sur, decenas de miles de personas, principalmente mujeres, son arrancadas de sus vidas y sus seres queridos; son humilladas, golpeadas, abusadas, maltratadas psicológicamente, y obligadas a vivir en condiciones completamente infrahumanas.

Nuevo León ocupa actualmente el cuarto lugar en trata de personas, situación que nos lleva a revisar que esfuerzos se realizan sobre la materia en la entidad.

De entre algunas recomendaciones que se emiten por organismos internacionales, y las cuales debemos impulsar que se lleven a cabo destacan:

• Aumentar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata de personas tanto a nivel federal como estatal y sentenciar a los tratantes condenados a penas de prisión significativas.

• Fortalecer la capacidad y la integridad del sistema de justicia penal para procesar de manera efectiva los casos de trata y proporcionar salvaguardas para asegurar que las víctimas participen.

• Aumentar los esfuerzos para proteger a las víctimas y los testigos que testifican contra los tratantes, al tiempo que se garantiza que no se los obligue a declarar o que sean identificados incorrectamente como tratantes.

• Aumentar los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios públicos corruptos o cómplices mediante juicios efectivos y sentenciar a los funcionarios condenándolos a penas de prisión significativas.

• Aumentar la identificación y referencia de víctimas, especialmente entre las poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes y las personas que ejercen la prostitución utilizando los protocolos existentes.

Por otra parte de acuerdo al estudio "Análisis de la Implementación de la Política Pública Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Nuevo León", elaborado por el Colegio de la Frontera Norte A.C. y la Universidad de Monterrey, los factores que condicionan el combate a la trata de personas en Nuevo León radican en la falta de armonización con la Ley Federal y que esta no ha sido actualizada desde el 2010, además de que el presupuesto para el rubro es prácticamente nulo, adicionalmente se menciona una falta de coordinación entre autoridades y un combate inexistente a la trata generada por grupos de la delincuencia organizada.

Debemos recordar que sobre la trata, de acuerdo al artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo el Congreso de la Unión tiene facultad de expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en dicha materia.

En este sentido la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Las Víctimas de Estos Delitos, indica a las entidades federativas las facultades que pueden llevar a cabo sobre el tema, entre las que destacan: formar políticas y programas anti trata, brindar atención ciudadana, combatir los factores de riesgo, y la creación de albergues y refugios para las víctimas.

Con base en ello nuestro Estado cuenta con la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, con la cual se busca hacer frente a esta difícil problemática.

En este ordenamiento jurídico se estableció la creación de un Programa Estatal en materia de trata, e incluso la conformación de un Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León, el cual estará conformado por los titulares de distintas Secretarías de Estado, y será presidido por el Secretario General de Gobierno.

Dicho Consejo tendrá el objetivo de establecer las políticas públicas de protección, asistencia y atención a víctimas, la trata de personas, así como aquellas tendientes a la prevención, atención, combate y erradicación de la trata de personas en el Estado. Además, coordinará y vinculará las acciones de sus miembros al poner en práctica el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en Nuevo León.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley Local antes citada, establece que sesionará ordinariamente cada tres meses y de manera extraordinaria cada vez que lo solicite su Presidente o a petición de las dos terceras partes de los Consejeros.

Incluso menciona que el Programa Estatal, el cual será un instrumento rector en materia de prevención del delito, así como de atención, protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, será revisado anualmente.

Sin embargo, de acuerdo con investigaciones realizadas, se tiene conocimiento que dicho Consejo no ha sesionado en más de cinco años, que el Programa Estatal carece de la transparencia adecuada, y que no se encuentran evidencias de su actualización anual.

Lo anterior es un claro foco de alerta, pues el Consejo debe velar por la pertinencia y eficiencia del Programa antitrata, no ha sesionado para cumplir este Consejo con sus labores en mucho tiempo.

Con ello se generan serias dudas de que a nivel estatal se estén llevando a cabo de manera eficiente y enérgica, los esfuerzos para combatir el tráfico de personas.

Es por ello que es fundamental que este Congreso se pronuncie al respecto, que incremente su labor de vigilancia y representación para garantizar que todas las autoridades estatales y municipales cumplan con su parte en el combate a la trata de personas.

La realización de estos esfuerzos, en conjunto con la urgente necesidad de garantizar que nuestras autoridades se interesan y se ocupan por el tema, ayudaría a mitigar un delito que destruye la vida y la mente de las víctimas, un delito que aunque puede parecer silencioso, no deja de ser inmensamente terrible y lamentable.

Es por lo anteriormente expuesto que el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista en el Congreso de Nuevo León, propone el siguiente punto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Se emite un atento y respetuoso exhorto, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, para que en atención al artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, informe a esta Soberanía el nivel de cumplimiento de las atribuciones que los artículos 114 y 116 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Las Víctimas de Estos Delitos, le otorga al Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Se emite un atento y respetuoso exhorto, al Titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Lic. Manuel Florentino González Flores, para que en su calidad de Presidente del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León, de acuerdo al artículo 9 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León y en atención al artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, comparta lo siguiente:

1. Un informe sobre la agenda de sesiones del Consejo Interinstitucional, los acuerdos tomados y en su caso, la razón por la cual no ha cumplido con lo establecido en el artículo 14 de la Ley antes citada, de llevar a cabo sesiones cada tres meses.

2. Comparta a esta Soberanía el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado y los resultados que han tenido en la materia, con motivo de la aplicación del mismo.

Monterrey, Nuevo León, a lunes 21 de septiembre del 2020

Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Ivonne Bustos Paredes

Coordinadora