Grupo Legislativo
Partido Verde Ecologista de México

Autor: Grupo Legislativo PVEM

La coordinadora del Partido Verde en el Congreso del Estado, Claudia Chapa Marmolejo, destacó que las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Pesquería fueron negligentes y pudieron haber prevenido la explosión que sucedió el pasado fin de semana en el mencionado municipio, debido a que habitantes de la colonia Los Olmos habían hecho denuncias con antelación.

Ante ello, la legisladora exhortó a las autoridades municipales a que cuando tengan conocimiento de la actividad de almacenaje, venta o distribución de pirotecnia en algún espacio, accionen a la brevedad posible protocolos de seguridad y de esta manera evitar una situación de riesgo como la que aconteció el pasado viernes.

Además, subrayó que todos los municipios deben cumplir con lo establecido en el decreto publicado por el Gobierno del Estado, en el que se establecen medidas para evitar el uso de artificios pirotécnicos en la entidad y que actualmente se encuentra vigente, pero no ha sido ni difundido ni aplicado en algunos municipios.

"Lo grave es que este decreto ya no solo abarca estas fechas decembrinas, sino que desde el 2024 se extendió hasta el 30 de septiembre de 2027; sin embargo, ante esta disposición, se hizo caso omiso al documento, o lo peor, que haya un desconocimiento de la existencia del mismo.

"Creo que la sociedad requiere una explicación por parte del alcalde del municipio y también de los titulares de Protección Civil y Seguridad Pública municipales, quienes no atendieron los llamados de los vecinos quienes ya habían denunciado el caso", destacó Chapa Marmolejo.

La legisladora también mencionó que si bien es cierto que el tema de la pirotecnia es de orden federal, la autoridad municipal debe actuar como un primer respondiente y al menos dar una atención de vigilancia a las zonas de la denuncia, porque parecería que lo que hizo el alcalde fue simplemente "lavarse las manos".

Además conminó al alcalde de Pesquería y al gobierno estatal a que realicen un equipo de coordinación y se busque la manera de generar una figura jurídica que permita apoyar a las familias habitantes de las 51 casas dañadas.