Autor: Grupo Legislativo PVEM
La coordinadora de la bancada del Partido Verde en el Congreso local, Claudia Chapa Marmolejo presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal así como la Secretaría de Medio Ambiente realicen vigilancia con drones sobre el Cerro de la Silla, luego de que vecinos del municipio de Guadalupe denunciaran la presencia de posesionarios realizando talas de árboles para construir tejabanes.
En el acuerdo, además propone a los municipios que lleven a cabo una revisión y auditoría técnica a sus padrones de licencias de construcción y desarrollo urbano, subdivisiones y registros catastrales, a fin de detectar y suspender cualquier asignación de número oficial o cobro indebido dentro del polígono del Monumento Natural Cerro de la Silla.
Chapa Marmolejo destacó que aunque es un problema complejo, la vigilancia vía drones podría ayudar a identificar zonas que algunos posesionarios o incluso posibles defraudadores que se dedican a la venta ilícita de terrenos en las faldas del cerro, provocando deforestación y alteración a la fauna de esta zona.
"Yo los invito a hacer un ejercicio simple: volteen a ver en la noche al Cerro de la Silla, y van a ver que hay casas incluso a la mitad de las faldas, cuando esto no debe ser. Entonces hay que ver en qué condiciones esos habitantes adquirieron esos terrenos o son posesionarios.
"Espero que los municipios de Juárez, Guadalupe y Monterrey puedan entrarle al tema porque es muy importante determinar las zonas donde o se venden terrenos irregulares o llegan posesionarios solamente a devastar con la flora y fauna", dijo Chapa.
La legisladora también propuso que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado se coordine con la SEMARNAT y la PROFEPA y evaluar los daños ocasionados a la flora y fauna que grupos de posesionarios han hecho en el Cerro de la Silla, deslindar responsabilidades legales y realizar la restitución de la capa vegetal afectada.
"Creo que con este caso se abre un área de oportunidad para que todas las autoridades puedan realizar un plan estratégico ante esta problemática en particular, donde supuestos dueños venden este tipo de terrenos en áreas naturales protegidas, promoviendo la tala de árboles.
"Valdría la pena que incluso haya un censo sobre qué empresas o particulares ofrecen este tipo de terrenos que incluso algunos los pueden disfrazar como "campestres" y no cuentan con los permisos adecuados para ser habitados por su condición de protección federal", finalizó.
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