Para cuidar y proteger los derechos patrimoniales de la comunidad, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó el dictamen para prorrogar al primero de enero de 2011 la entrada en vigor de la Ley que crea el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.

El documento será presentado a consideración del pleno con el objetivo de que a partir del próximo año esté en pleno funcionamiento el organismo para dar certeza jurídica a las operaciones inmobiliarias en el estado.

Es un dictamen bastante cuidado, se cuidan los tiempos, los derechos laborales, la atención al público, el presupuesto, los derechos de los ciudadanos que hacen uso de estos servicios, en fin creo que es un dictamen bastante completo, adelantó el diputado Héctor García García, Presidente de la Comisión.

Este asunto se derivó de las mesas de trabajo realizadas por la Comisión Especial para la Reforma del Estado, presidida por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, con el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, en las que surgió la propuesta de postergar la entrada en vigor de la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado, contemplada originalmente para el 8 de junio.

La ley en cuestión contempla la fusión de la Dirección Catastral y la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para crear un solo organismo en el que los interesados podrán recibir servicio integral y digitalizado en una sola ventanilla.

Se argumentó que, de no hacer la modificación, se podrían suscitar controversias jurídicas sobre la legalidad de las operaciones y se generarían problemas en el mercado inmobiliario.

La Comisión Especial para la Reforma del Estado, a través del diputado Héctor García García, presentó en la sesión ordinaria de este miércoles la propuesta para modificar los artículos transitorios de la citada ley y solicitó analizarla y dictaminarla con carácter de urgente, lo que fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes.

Lo correcto es prorrogar la entrada en vigor de la mencionada ley, toda vez que si solamente se amplía el término de transición habrá inconsistencias serias en su operación diaria, señala el proyecto.

Los legisladores destacaron que sería demasiado apresurado que la ley entrara en vigor en los términos en los que fue presentada desde origen, porque además sólo otorgaba 30 días para el periodo de transición, lo que hubiera representado un riesgo a la certeza jurídica de quienes pretendieran hacer trámites a partir del 8 de junio.

Adicionalmente, la propuesta de reforma salvaguarda los derechos laborales de quienes actualmente trabajan en la Dirección de Catastro y en la del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Igualmente, contempla la facultad del titular del Poder Ejecutivo para reorganizar la administración pública una vez aprobada la reforma y podrá redistribuir las partidas presupuestales para el óptimo funcionamiento del nuevo instituto.

En relación con este tema, la Comisión Especial para la Reforma del Estado también acordó, conformar una subcomisión para darle seguimiento al proceso que crea al instituto y revisar la ley para que haya concordancia entre la operación y la norma.

La subcomisión quedó integrada por los diputados Héctor Morales Rivera, José Ángel Alvarado Hernández, Juan Carlos Holguín Aguirre, Homar Almaguer Salazar y María de los Ángeles Herrera García.